Frente a la petición de algunos líders autonómicos –entre ellos el lehendakari Urkullu– de prolongar el estado de alarma, Sánchez ha insistido en que no cree que vaya a ser necesario y que las decisiones que pueda acordar el Consejo Interterritorial, que reúne al Ministerio de Sanidad y a las autonomías, son de «obligado cumplimiento».

«El Gobierno tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención. El Gobierno quiere que no haya más prórrogas. Con esa intención trabajamos», ha asegurado en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa al término del Consejo de Ministros.

Según Sánchez, la aceleración del proceso de vacunación ha generado «un escenario completamente distinto» respecto a hace unos meses que permite suavizar las medidas ligadas al estado de alarma.

«Tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia, que hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar en las próximas semanas», ha argumentado.

Al ser el Consejo Interterritorial el «espacio» donde consensuar las medidas con «el filtro y el control» de los tribunales de cada territorio, ha descartado por ahora la celebración de la conferencia de presidentes autonómicos.

Mendia esquiva la cuestión

Preguntada al respecto, la vicelehendakari Idoia Mendia, secretaria general del PSE, ha esquivado responder expresamente a si comparte o no la postura de Urkullu y ha recordado que Sánchez «dejó claro» que si se cumplían los objetivos previstos concluiría el estado de alarma. «Veremos si los objetivos finalizan», ha señalado.

Ha explicado que el «conjunto« del Gobierno de Lakua comparte la necesidad de afrontar la pandemia con las mayores certezas posibles y para ello PNV y PSE han impulsado una proposición de ley con el objeto de dotar de mayor seguridad jurídica a las medidas que se adopten y evitar los «embates» judiciales que han tenido algunas de las medidas puestas en marcha.

Interrogada acerca de si cree que el Ejecutivo del que forma parte tendrá herramientas suficientes para poner restricciones a partir del 10 de mayo y hasta que entre en vigor esa futura ley, que no se prevé que sea aprobada al menos hasta finales de junio, ha manifestado que no iba a entrar «en profundidades jurídicas ni en debates jurídicos de expertos. No me corresponde».