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Con los votos en contra de PNV y PSE, el Pleno del Ayuntamiento de Getxo ha rechazado este juevesla propuesta presentada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos para personarse como acusación popular en las diligencias previas que instruye un juzgado de la localidad en relación al derribo del palacete Irurak Bat. A las descalificaciones de los grupos que sustentan el Gobierno municipal a la iniciativa se ha sumado el PP, que se ha abstenido.
La gestión en torno al singular edificio del número 11 de la calle San Nicolás, en Algorta, ha vuelto a provocar palabras gruesas entre los distintos portavoces municipales, en una sesión extraordinaria en la que Inaxio Uriarte Gorostiaga e Irantzu Uriarte Gómez, socios de la cooperativa implicada no han participado.
Mikel Bildosola, de EH Bildu, ha acusado a PNV, PP y PSE de poner obstáculos en vez de promover la transparencia y ofrecer explicaciones. Ha negado «improvisación», recordando que desde marzo llevaban analizando el expediente, vigilancia que extremaron al ver que en agosto se derribaba lo que quedaba de la estructura del edificio de 1845 sin que los responsables de Urbanismo lo impidiesen.
Los soberanistas de izquierda han incidido en las «maniobras dilatorias» que se han sucedido para no abordar una profunda investigación y cómo los responsables municipales del PNV siguen sin dar explicaciones a muchas preguntas planteadas por la oposición.
En esa valoración también ha coincidido Elkarrekin Podemos, que ha dicho que «una vez más vemos que entre las prioridades» de los grupos que han rechazado su propuesta «no está velar por el interés del patrimonio material de Getxo».
Defensa del patrimonio
Ante los intentos por parte de la jeltzale Keltse Eiguren de acusar a los proponentes de llevar a cabo una «maniobra demagógica» para desgastar el Gobierno municipal, el soberanista Ibon Rodríguez ha llegado a desvelar que, en una conversación privada con Inaxio Uriarte Gorostiaga, portavoz del PNV, le confesó que tenía la convicción de que tanto a él como a su compañera «les ha pillado en toro» en este asunto, por lo que EH Bildu evita incidir en el papel que han podido jugar ambos ediles en las irregularidades que se investigan y centrarse en la defensa del patrimonio arquitectónico y cultural que representaba el inmueble demolido.
En el arranque del pleno, los propios grupos proponentes se han autoenmendado en su afán por atraer al PP, al modificar aspectos relativos a la contratación de letrado y procuradora que defendería los intereses municipales.
De nada ha servido, ya que a las críticas de PNV y PSE se ha sumado el portavoz del PP, Eduardo Andrade, que ha tratado de desacreditar la iniciativa, acusando a EH Bildu de actuar con «improvisación».
«Aunque la actuación del Gobierno ha sido nefasta, no estamos de acuerdo con designar abogado y procurador, cuando hay un servicio jurídico en el Ayuntamiento que puede encargarse. EH Bildu y Podemos incurren en la improvisación y falta de planificación. Fue un error ir a la Fiscalía con datos incompletos», ha asegurado.
Andrade ha añadido que siguen investigando y estudiando el caso, «y si hay indicio de delito nos presentaremos como acusación particular».
El edil de Elkarrekin Podemos, Xabier Benito, ha pedido al PP que «deje de buscar excusas» para no sumarse al resto de la oposición en la defensa de un asunto de interés general. Más tarde, ha replicado que muchas de las iniciativas de los representantes de la derecha española se han movido por la «improvisación» y que se han limitado a impulsar o apoyar mociones, que no propuestas de acuerdo como la que se debatía, que penden de la voluntad política del Gobierno municipal. Esa actitud, en opinión de Benito, permite al PNV «salirse con la suya».
Carmen Díaz, del PSE, ha sostenido que no es necesario que el Consistorio se persone como acusación popular, al ejercer la defensa de los intereses públicos el Ministerio Fiscal. Además, ha apuntado al cambio legislativo que promueve su partido en el Congreso de los Diputados para que las administraciones no puedan acogerse a esa figura.
«A tenor de lo argüido por los juzgados y tribunales, la acusación popular por parte de las administraciones públicas no es procedente para defender el interés general, porque el Ministerio Fiscal es el órgano competente para hacerlo. Además, no garantiza los intereses generales de Getxo», han remarcado desde el Gobierno municipal.
La portavoz del PSE, al igual que sus socios, ha defendido la gestión que se está realizando del asunto a través de los dos expedientes sancionadores abiertos en el Ayuntamiento y otro que impulsa el reestablecimiento de la legalidad urbanística en ese solar de Algorta donde se pretende edificar viviendas de lujo.
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