La causa contra Laura Borràs pone en riesgo la legislatura en Catalunya

La apertura de juicio oral a la presidenta del Parlament y dirigente de Junts, Laura Borràs, para quien la Fiscalía pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación, ha generado una tormenta que podría conllevar el fin de su carrera política y la ruptura del actual Gobierno soberanista.

El Ejecutivo de coalición entre ERC y JxCAT hace tiempo que sobrevive en la cuerda floja. Las discrepancias entre ambas formaciones son bien conocidas. Tanto respecto a la mesa de diálogo con el Gobierno español como a la estrategia a seguir en el Congreso de los Diputados, el papel que desarrolla el Consell per la República o las medidas en materia de infraestructuras, orden público y, esta última semana, en lo que se refiere a los impuestos de patrimonio y sucesiones.

Pero si algún aspecto puede romper la baraja y, por tanto, obligar a adelantar los comicios previstos para 2025, es la causa que afecta a la líder de JxCat y presidenta del Parlament, Laura Borràs, para quien la Fiscalía solicita 6 años de prisión y 21 de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y de prevaricación cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 y 2017.

La sombra de la corrupción

El «caso Borràs» pone en entredicho a una dirigente que hasta ahora atesoraba una imagen impoluta. Su paso al frente del ente cultural era todo un ejemplo de buena gestión y compromiso con el país.

Pero ya en julio de 2018, cuando se había estrenado como diputada en el Parlament, los Mossos d'Esquadra habían abierto unas primeras indagaciones sobre Isaías Herrero, un informático que facturaba para la entidad que Borràs había dirigido. A Herrero, la Policía le interceptó billetes falsificados que endosaba a pequeños comercios y grandes cantidades de pastillas de diseño, por lo cual fue condenado a 5 años de prisión por tráfico de drogas.

La sorpresa saltó en el momento que, revisando los correos del empresario, los Mossos encontraron varios mensajes en los que Herrero hablaba de sus «trapicheos» con Laura Borràs (concretamente afirmaba «tengo marrones. Un montón de marrones»).

Fue entonces cuando la juez Silvia López Mejía, titular del Juzgado número 9 de Barcelona, decidió abrir una carpeta –la causa 547/2018– con el fin de investigar qué había detrás de esos comentarios. Para ello, decidió mandar el caso al Supremo, que rápidamente ordenó a la Guardia Civil que indagase el alcance de los «trapicheos» a los que aludía Herrero.

Al cabo de unos meses, y en un volcado de los discos duros encontrados en la vivienda del empresario, los agentes obtuvieron decenas de correos en los que, efectivamente, Borràs quedaba al descubierto: explicaba a su cliente de forma detallada el sistema para presentar y obtener las ofertas sin que saltaran las alarmas dentro de la Administración.

«Los presupuestos han de quedar como si fueseis profesionales independientes y los totales no pueden superar los 18.000 euros», comentaba Borràs, consciente que la Ley 9/2017 faculta a las instituciones adjudicar servicios sin necesidad de abrir una licitación pública si no superan dicha cantidad.

Pues bien: con este método, durante los cuatro años que estuvo dirigiendo la entidad, Borràs adjudicó a Herrero dieciocho contratos para la programación, el mantenimiento y la creación de portales web, lo que proporcionó al empresario un total de 309.000 euros. Esta es la base de la acusación que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, al que el Supremo remitió la causa en abril de 2021, ha mantenido para encausar a la presidenta del Parlament.

Concretamente, en su escrito, el magistrado instructor, Carlos Ramos, afirma que «los hechos expuestos evidencian que Laura Borràs abusó de las funciones que tenía reconocidas en calidad de directora de la ILC, omitiendo una concurrencia para favorecer los intereses de Isaías Herrero en detrimento de los intereses generales que tenía que defender».

A partir de estas consideraciones, Ramos concluye asegurando que la presidenta del Parlament ha incurrido en cuatro delitos, entre los cuales figuran la malversación de fondos y el fraude administrativo.

Dos tipos penales que, a última hora, la Fiscalía ha decidido desechar, si bien ha mantenido los de falsedad documental y prevaricación, lo que le ha llevado a solicitar para Borràs una abultada pena: 6 años de prisión y 21 de inhabilitación.

Del «Lawfare» al «No surrender»

El «caso Borràs» ha sacudido la política catalana y, muy en particular, ha agravado las malas relaciones que mantienen los socios del Gabinete presidido por Pere Aragonès.

Tanto es así que, si, por un lado, ERC y la CUP han exigido a la presidenta del Parlament que se aparte de su responsabilidad para no «desprestigiar» la institución, ella misma y su partido han respondido que, justamente para preservar la dignidad del Parlament, no puede sucumbir a la enésima maniobra con la cual, según dicen, el Estado pretende debilitar el independentismo.

De esta forma, mientras los socios de coalición y los anticapitalistas insisten en que las irregularidades atribuidas a Borrás no pueden asociarse al ámbito del procés, ella ha optado por atrincherarse en el hecho que es víctima de una clara persecución política. Y, para reafirmarse en ello, alude a la circunstancia de que la magistrada López Mejía no podía iniciar las diligencias previas, pues al ser aforada como diputada del Parlament, el único organismo competente para llevar la causa era el Tribunal Supremo.

Así lo recuerda Gonzalo Boye, abogado de Borràs, el cual añade que antes de emprender la investigación prospectiva sobre Borràs, la juez ya había mostrado su animadversión contra el independentismo: primero, en un incidente que tuvo lugar en octubre de 2008 con los Mossos d'Esquadra, a quienes recriminó que se le dirigiesen en castellano, y después cuando, en calidad de titular del Juzgado número 9 de Barcelona, consideró «legítimo» el asalto realizado la Policía española a la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017, pese a que no disponía de orden judicial.

Es por ello que JxCat atribuye la causa a Laura Borràs al lawfare (guerra judicial) que los aparatos del Estado acometen contra el independentismo a raíz del 1 de octubre, razón por la cual reclama que se respete su presunción de inocencia.

En cambio, tanto ERC y la CUP como el resto de formaciones consideran que la situación de Borràs no obedece a ninguna motivación política y, encima, colisiona con el artículo 25.4 del Reglamento del Parlament, que prevé la suspensión de un diputado que tenga abierto un juicio oral por delitos relacionados con la corrupción.

También respecto a esta última cuestión, Borràs ha salido al paso para insistir que, tras haberse retirado la malversación y el fraude documental de la causa, los tipos penales que se mantienen en pie no pueden tipificarse como corrupción. Según ella, así lo estableció un informe elaborado por la Comisión Europea en el año 2014, donde excluye como corrupción los actos que no han supuesto un «abuso de poder para obtener réditos privados».

Un concepto que, a tenor de varios juristas, admite numerosas interpretaciones y no marca claramente qué es corrupción política y qué no. Por el momento, por lo tanto, y a la espera de que el magistrado Carlos Ramos abra el juicio oral contra Borràs, la presidenta del Parlament continúa firme en el cargo enarbolando la máxima del No surrender, al tiempo que ERC, la CUP y la oposición le instan a que actúe con responsabilidad y, en vistas a no dañar a la institución, se retire a tiempo. Con este ambiente de crisis, todo indica que el «caso Borràs» podría dinamitar el Gobierno de coalición y llevar a Catalunya a un final anticipado de la legislatura.

Dalmases, otra piedra en el camino

Si la causa contra Laura Borràs ha perjudicado el liderazgo que ejercía entre las bases herederas del 1 de octubre –como se define ella misma–, un hecho insperado ha enturbiado aún más su imagen. Es la denuncia que se ha vertido sobre Francesc de Dalmases, su mano derecha y, desde junio pasado, flamente vicepresidente de JxCat, a quien varios periodistas recriminan la actitud amenazadora que, según afirman, mantiene contra los profesionales que acostumbran a tratar las polémicas que envuelven al partido de Borràs.

El último incidente se produjo hace dos semanas en TV3, a raíz de la entrevista que la presidenta del Parlament concedió para el ‘FAQS’, tras la cual Dalmases recriminó a la subdirectora de este programa haber sometido a la dirigente de JxCat a un juicio paralelo. Las malas formas de Francesc de Dalmases, que ha tensado hasta el límite las relaciones entre ERC y JxCat, no ha hecho más que dilapidar el prestigio de Borràs, que, para no cuestionar a su persona de confianza, ha preferido guardar silencio.