Madrid señala a los Mossos por Puigdemont y dice que ellos solo controlaron mugas menores

El informe entregado por el Ministerio de Interior español al juez Llarena sobre la fuga de Puigdemont sitúa toda la culpa en los Mossos, destacando que no reclamaron «apoyo operativo» a Policía española y Guardia Civil. Y en paralelo intenta eludir su responsabilidad en control de fronteras.

El Ministerio del Interior español ha remitido un informe al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que explica que ofreció a los Mossos d'Esquadra «cualquier apoyo operativo» para detener a Carles Puigdemont tras su aparición en Barcelona y posterior marcha de nuevo a Waterloo, si bien la policía catalana no requirió «tales apoyos más allá de los habituales».

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska responde así al requerimiento del magistrado, que también ha pedido explicaciones a los Mossos, cuyo informe espera.

Según el Ministerio del Interior, «dada la competencia y capacidades operativas» de los Mossos «como policía integral en Cataluña en materia de seguridad ciudadana, policía judicial y de investigación criminal y policía administrativa», la Policía española y la Guardia Civil no realizaron «operativos paralelos específicos para garantizar la seguridad del acto de investidura» y el arresto de Puigdemont en los alrededores, a la entrada o dentro del Parlament.

No lo vieron entrar, ¿el martes?

En cualquier caso, indica, desde los días previos al jueves y ese mismo día, se mantuvieron activados los controles en fronteras, puertos y aeropuertos y en el conjunto de Catalunya, sobre todo en Barcelona. Según reveló el dirigente de Junts Jordi Turull, en realidad Puigdemont estaba en la capital catalana ya desde el martes, por lo que con su entrada habría eludido los controles de los cuerpos españoles.

Llegado el jueves y el momento de la desaparición de Puigdemont tras la alocución en el Arc de Triomf, según informa el Ministerio en un comunicado, Interior ofreció a la policía catalana apoyo operativo, «sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio e información e inteligencia».

¿Y la salida?

Continúa diciendo que cuando supo que Puigdemont había vuelto a huir, Interior dio instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, a través del delegado del Gobierno de Catalunya, para activar «los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos» para localizarle y detenerle, explica.

Se reforzó la vigilancia de puertos y aeropuertos en Catalunya y hasta las 24 horas del pasado sábado se establecieron dispositivos operativos en algunas vías, sobre todo las próximas a la frontera con el Estado francés.

Es aquí donde medios catalanes sitúan la responsabilidad en la pelota estatal, puesto que la competencia de control de fronteras es suya y testigos aseguran que no se vieron controles. El Ministerio asegura al respecto que las vías de alta capacidad quedaron bajo responsabilidad de los Mossos y que los cuerpos dependientes de Madrid solo controlaros otros pasos de muga menores.

Según el informe, en los dispositivos de control y vigilancia establecidos por la Policía y la Guardia Civil en la frontera en los puertos y en los aeropuertos «no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont».

No había circunstancia excepcional

Recuerda que el Tratado de la Unión Europea garantiza la ausencia de controles de personas en las fronteras interiores, lo que dificulta «que cualquier dispositivo de control policial pueda garantizar una impermeabilidad absoluta, incluso disponiendo de información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento».

El código de fronteras Schengen abre la posibilidad de restablecer temporalmente los controles en fronteras interiores, pero debe justificarse por la existencia de una amenaza grave.

Esto, explica Interior, ha ocurrido varias veces «de forma excepcional», como durante la cumbre de la OTAN en Madrid, en junio de 2022, o en 2020, con la crisis sanitaria del covid-19.

Pero es una medida «de último recurso» que no está prevista para supuestos como el objeto de este informe, zanja.