La cárcel, fábrica de trastornos mentales

En las cárceles del Estado español hay 1.874 personas con un trastorno mental grave; es un 4,2% de las personas privadas de libertad. 77 de ellas están en cárceles vascas, según los últimos datos del Gobierno español, que se refieren solo a los casos de mayor gravedad; el porcentaje total de presos con enfermedades mentales oscila entre el 25% y el 49%, en función de las patologías que contemplen. La mayor prevalencia de trastornos entre la población reclusa es un hecho indiscutible desde hace tiempo, pero sigue sin constar en la agenda política. Valga señalar a modo de simple ejemplo que un médico penitenciario cobra un 25% menos que uno que ejerce en el sistema de salud ordinario.

La cárcel sigue siendo un vertedero en el que un determinado sistema trata de esconder y aleccionar a todos aquellos grupos que clasifica como amenaza y preferiría evitar; se trata de un mecanismo de ida y vuelta que no hace sino apuntalar la estigmatización que sufren esos grupos desfavorecidos, como explica, entre otras, Angela Davis, firme defensora de la abolición de las cárceles. Es un círculo vicioso al que son condenados pobres, migrantes, personas racializadas y disidentes de todo tipo. Las personas con trastornos mentales graves están dentro de la misma rueda; la cárcel no hace sino incrementar un estigma social que viene siendo denunciado desde hace años por pacientes, familiares y profesionales del ramo.

A este argumento se une uno, si quieren, más utilitarista: la cárcel no cumple con ninguna de las misiones que, en teoría, tiene asignadas. Ni corrige, ni rehabilita, ni mucho menos reinserta. Solo castiga. Resulta francamente difícil creer que una persona encarcelada pese a sufrir un trastorno mental pueda recuperar su libertad en condiciones mejores; por contra, una persona a la que se priva de libertad sin problema mental de ningún tipo tiene mayor probabilidad de sufrir algún trastorno dentro de la cárcel, un espacio mentalmente insalubre por definición.

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