En marzo de 2015 entró en vigor una ley en todo el Estado por la que los cursos de formación a trabajadores ya no podrían volver a adjudicarse a dedo a los sindicatos y patronal, sino que deben de sacarse siempre a concurrencia pública. No obstante, el Gobierno navarro desoyó esta ley creando una serie de «convenios bilaterales» con CCOO, UGT y la patronal navarra (CEN) a través de los cuales los cursos se han continuado realizando por parte de estas entidades y sin que nadie más pueda optar a ellos. Esta misma mañana, el sindicato ELA ha anunciado que el caso ya está en los tribunales y que el viernes pasado registró un recurso en el que denuncia uno de estos convenios bilaterales, en concreto el de Itinerarios para la Empleabilidad de UGT, por considerar que se firmó en fraude de ley.

La pretensión de ELA es que todos los convenios caigan como una torre de naipes, aunque se ha centrado en el convenio de UGT por ser uno de los más evidentes y de mayor cuantía (1.642.033 euros). La idea es que se pruebe dicho fraude de ley y se tumbe la norma navarra de la que depende este acuerdo. De conseguirlo, el convenio sería declarado nulo y UGT debería devolver el dinero.

Mitxel Lakuntza, responsable de ELA en Nafarroa, ha sostenido que a través de estos cursos de formación «se financia ilegalmente a estas organizaciones» y recuerda que Comptos también ha investigado estas operaciones. «Estamos ante una ilegalidad y lo vamos a demostrar», ha asegurado Lakuntza, que también ha cargado contra el actual Gobierno. «Nos parece incomprensible que se dé continuidad a políticas de UPN», ha manifestado. A este respecto ha detallado cómo, antes de acudir a la vía judicial, ELA presentó un recurso ante la propia consejería que dirige Miguel Laparra, y el consejero se alineó con las tesis que defendía UPN, dando cobertura a estos convenios. «Con solo leerse el recurso que hemos presentado y las pruebas, el Gobierno debería tomar nota y suspender los convenios para 2016», ha asegurado Lakuntza.

Por su parte, Mikel Zabaleta del Gabinete de estudios de ELA, ha asegurado que la adjudicación a dedo de cursos de formación hasta 2014 fue «ilegítima, antidemocrátcuca y opaca, pero legal». No obstante, tras el cambio normativo de marzo de 2015, la situación legal cambió y por ello en el articulado de los convenios bilaterales se ha forzado la terminología para ocultar que se trata de los mismos cursos que hasta entonces.