En abril, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Iruñea consideró que había indicios para procesar a 21 encausados por un supuesto delito de «integración en grupo criminal» ya que, afirma que «se desplazaban por diferentes ciudades con la finalidad de cometer delitos de lesiones, sin importarles su gravedad, o participar en riñas tumultuarias buscando el enfrentamiento físico y violento con los grupos extremistas contrarios».

Posteriormente, en junio, el Ministerio Fiscal presentó escrito de acusación contra 11 de los 21 miembros de Indar Gorri (que acaba de cumplir tres décadas) encausados, de forma que el procedimiento se archivó respecto de los otros 10 al no pesar sobre estos imputación alguna. Entre otros supuestos delitos, en sus conclusiones provisionales, la fiscal encargada el caso solicitó dos años de prisión para cada inculpado por «pertenencia a grupo criminal».

Para la Audiencia, «existe base razonable suficiente para el enjuiciamiento ante los indicios de comisión de un delito imputable a unas personas determinadas, sin que se aprecie indefensión alguna».

Según argumentan los magistrados, «con todas las prevenciones asociadas a un pronunciamiento necesariamente provisional, en cuanto emitido desde un conocimiento fragmentado e incompleto, susceptible por tanto de ser rebatido en una valoración más general que pueda resultar de un juicio público y contradictorio, no podemos considerar injustificada la propuesta efectuada por el juez instructor de que existen indicios de la posible participación delictiva de los imputados recurrentes en los hechos investigados, atendiendo a las pruebas practicadas».