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Piden que los 215 millones de la actualización del Convenio se destinen a inversión social

La Asamblea por una Nueva Constitución, compuesta por activistas de diferentes ámbitos, ha instado a las fuerzas sindicales, políticas, sociales y al conjunto de la sociedad a que presionen el Gobierno de Nafarroa para que el dinero obtenido con la actualización del Convenio Económico se destine a inversión social.

Nafarroa prevé recibir un ingreso extra de unos 215 millones de euros tras la actualización de su aportación al Estado a través del Convenio Económico. En ese contexto, el objetivo de la citada asamblea es que «no se pierda esta ocasión para hacer justicia social», según recogen en un manifiesto en el que sostienen que esa es una decisión política porque «por encima de los límites impuestos por la política insolidaria del PP, los gobiernos del cambio deben enfrentarse a esa situación».

«No avanzaremos si la obsesión de los gobiernos progresistas es la de minorar la deuda, porque la principal deuda no la tenemos con los acreedores, la principal deuda es con la gente; con las personas que han sufrido los recortes», aseveran.

Al respecto insisten en que no se trata de un debate administrativo o legalista, «porque lo que está en juego es la calidad de vida de la ciudadanía navarra, no el cumplimiento de una norma que además es injusta» y remarcan que «hay mecanismos para dedicar ese dinero a políticas sociales, sólo hace falta valentía y convicción».

En esa línea indican que mientras existan necesidades sociales, su prioridad será siempre  corregirlas, una «hoja de ruta» que esperan que los gobiernos del cambio tengan «clara».

Y es que, en su opinión, supone «una ofensa que mientras que existen personas desahuciadas, gente bajo el umbral de la pobreza o personas mayores que no llegan a fin de mes, la prioridad de algunos gobiernos sea el de pagar una deuda ilegitima e injusta, causado además por aquellos que no les importó arruinar las esperanzas y las vidas de miles de personas».

La Asamblea, contraria al articulo 135 y a la ley de Estabilidad Presupuestaria, aboga por una nueva Constitución, que permita «garantizar los derechos sociales como son un salario justo, trabajo fijo y vivienda digna».

Asimismo quieren que implante unas relaciones que acaben con la sociedad heteropatriarcal y que erradique la violencia machista, que garantice la justicia, que luche contra la corrupción, que se replantee el modelo económico, que sea participativa y democrática y que en un Estado plurinacional reconozca el derecho de autodeterminación de los pueblos.