Las propias urgencias del Gobierno español a la hora de convocar la reunión de ayer de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte se convirtieron en una trampa que después impidió mostrar la contundencia en castigos y sanciones que los promotores de la iniciativa parecían adelantar. Al final, de momento, todo queda en pedir más información a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a la Real Federación Española de Fútbol, al Athletic Club y a la FC Barcelona.

Sin embargo, ya se atisba por dónde van los deseos punitivos de la Comisión. Por un lado, perseguirá a las asociaciones que hayan fomentado la pitada, mientras que a los clubes y a la federación les abrirán expedientes por supuestos fallos de seguridad en el control de accesos y por la mezcla de aficiones.

Además, toda la información que se acumule se remitirá también a la Fiscalía General del Estado, por si hubiera algún delito. Ya existen precedentes en 2009 y 2012 de que jueces de la Audiencia Nacional y los propios fiscales no han admitido este tipo de denuncias.

Caber recordar además que tras las finales en Valencia de 2009 y en Madrid de 2012, donde también se produjeron enormes pitadas, no hubo ningún tipo de sanción a ningún club ni organizador de los partidos.

Ningún incidente

La Comisión se reunió a las 13.00 y el secretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, comparecieron pasadas las 19.30 para decir que dado el carácter «extraordinario y urgente» de la cita, todavía no habían tenido tiempo de recavar toda la información necesaria para tomar decisiones.

En primer lugar, la Comisión condena rotundamente «todos los incidentes acaecidos de diversa gravedad» y, sobre todo, los pitidos y la «utilización de un espectáculo deportivo de forma organizada para una ofensa intolerable a millones de españoles» y también a otros espectadores de ambos equipos que había en el campo.

El punto de mira de la Comisión, como dejó claro el número dos del Ministerio de Interior, Francisco Martínez, está puesto en las doce organizaciones firmantes del manifiesto “Per la xiulada a l'himne espanyol i a Felipe de Borbón”, sobre cuya actuación se pide un informe policial que además será remitido a la Fiscalía.

Por lo que respeta a los clubes y a la Federación, se les investigará por «posible incumplimiento del deber de asegurar la normal celebración de un espectáculo deportivo». En este sentido, Miguel Cardenal recordó que para imponer sanciones se debe demostrar que actuaron con «negligencia».

También puede haber sanciones por haber permitido la mezcla de aficiones, cuando es notorio que ello no produjo ningún tipo de incidente ni dentro y fuera del campo.

El PP anuncia un cambio legal

Mientras que en la última semana dentro del PP han detenido al delegado del Gobierno en Valencia por corrupción y condenado con inhabilitación el todavía alcalde de Valladolid, han anunciado su dimisión varios barones y otros han propuesto que ministros sean cesado y hasta el presidente del Ejecutivo y el partido, Mariano Rajoy, ha tenido que improvisar un cambio táctico tras el desastre electoral, el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, dedicó parte de su rueda de prensa a afirmar que hechos como la pitada al himno español y al rey «no deben repetirse y vamos a sugerir cambios legales a estos efectos, después de un estudio de la normativa comparada. No podemos quedarnos solo en la condena sino que es el momento de afrontar cambios legales para que se impidan manifestaciones así».

Dado que son varios los jueces que han sentenciado ya que este tipo de actuaciones no pueden catalogarse como delictivas, sino que están amparadas por la libertad de expresión, el PP en lugar de aceptarlo optará por intentar cambiar las leyes. A su entender no basta con los comunicados de condena, «hay que dar un paso más, porque la defensa de la libertad de expresión no puede amparar los ataques a los símbolos nacionales que nos representan a todos».

En todo caso, visto que habrá elecciones a Cortes Generales en otoño, no parece factible, y así lo reconoce el propio Gobierno, que este cambio legal pueda realizarse en esta legislatura de mayoría absoluta del PP.

 

Amaiur invita a preguntarse por qué cien mil personas pitan al himno

El parlamentario de Amaiur Sabino Cuadra manifestó ayer que «algunos solo miran al dedo y no a dónde apunta». «Si 100.000 personas silban al Rey y al himno, lo que hay que preguntarse es por qué lo hacen» escribió en twitter. Entre tanto, su compañero de grupo, Rafa Larreina, también criticó a través del mismo medio la reunión de la Comisión Antiviolencia. «Gobierno súper ocupado en reunión urgente para responder a la pitada de la Final de Copa y tan inactivo ante el récord de paro y pobreza; mejor que dimita», señaló Larreina.

Los movimientos gubernamentales también están teniendo una reacción institucional en Euskal Herria. EH Bildu anunció ayer la presentación por vía de urgencia de una proposición no de ley en el Parlamento de Gasteiz en defensa de la libertad de expresión, como base de la democracia y derecho fundamental de la ciudadanía.

Desde Catalunya, el diputado del CUP en el Parlament David Fernández afirmó que le importa «bien poco» lo que decida la Comisión Antiviolencia porque no le reconoce su autoridad. A su entender, la pitada refleja la poca legitimidad que los símbolos del «régimen del 78» tienen en Catalunya y Euskal Herria, y cree que son el reflejo de una profunda crisis política.GARA

 

Urkullu cree «fuera de lugar» convocar la Comisión Antiviolencia

El lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó ayer con respecto a la pitada del Nou Camp que «yo habría preferido que hubiera un respeto institucional, porque lo que no quiero para mí no lo quiero para los demás», pero aseguró que convocar por ello a la Comisión Antiviolencia «está fuera de lugar» porque se trata de una cuestión de «reflexión sociopolítica».

En declaraciones realizadas desde Bruselas, criticó la reunión que podría «sancionar a los clubes de fútbol en algo en lo que no tienen ninguna responsabilidad», pues este episodio forma parte de la «cultura social». «Es una cuestión de reflexión sociopolítica y pedagogía social», matizó tras subrayar la necesidad de «reflexionar sobre el respeto a las instituciones» en el conjunto del Estado. Urkullu lamentó que en la CAV también se escuchen pitadas al Gobierno autonómico, en los partidos de la sección vasca. «No sólo es al himno español», explicó.

Por su parte, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, afirmó que las prohibiciones y las sanciones «no solucionan» el problema de la falta de respeto a las instituciones. Aseguró que en la zona del campo donde ella estaba no se pitó al himno español y manifestó que no se debe sancionar a personas «que no han tenido responsabilidad de lo hecho por los ciudadanos».GARA