No figura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos pero bien podría condensar la suma de todos ellos: el derecho al futuro. El derecho a poder resolver los conflictos y sus traumas de manera civilizada y ordenada para que nadie quede atrás.

El domingo caminaron por Bilbo más de millar y medio de antiguos presos y exiliados políticos. Y siendo solo una muestra de lo que ha vivido este pueblo, se estima que se acumulaban allí cerca de 20.000 años de prisión y destierro. Doscientos siglos de condena cumplida año a año. Equivalente a viajar más allá de la historia, más allá incluso del neolítico. Marcharon arropados por otros miles de compatriotas para decir a los presos actuales que no transitan solos en los nuevos caminos de la resolución. Que tienen derecho al futuro.

A muchos de ellos y ellas los recordábamos por las imágenes de su persecución o de su cautiverio en las épocas más trágicas. «Estamos dispuestos a impulsar la reconciliación en un marco adecuado en el que los presos y refugiados tienen que volver a casa», resumió un portavoz. Una demostración de energía proactiva, esa que decide facilitar los acontecimientos, que no debería pasar desapercibida a la ciudadanía vasca y, aún menos, ser despreciada por sus instituciones. Unos días antes, los colectivos de presos y exiliados transmitieron la misma disposición política a ser agentes activos de la solución y emplazaron a los dos lehendakaris vascos, en cuyas manos también está la complicidad para desactivar las leyes de excepción y liberar este bagaje que va más allá de la historia. Porque la sociedad vasca tiene derecho al futuro.