Hace un par de semanas entrevisté a Cándido Ibar, el padre de Pablo Ibar. Recuerdo su sonrisa al hablar de la decisión del Tribunal Supremo de Florida, que el pasado 4 de febrero anuló la condena a muerte de su hijo. Vi como se le iluminaba la mirada cuando le pregunté por el futuro, por sus esperanzas, por la posibilidad de ver a Pablo en libertad, sin el mono naranja.

Ayer volví a ver, esta vez por televisión, a Cándido Ibar. Celebraba que el alto tribunal haya rechazado el recurso interpuesto por la Fiscalía. Se mostraba satisfecho por haber cosechado una victoria fundamental para poder demostrar la inocencia de Pablo. Un objetivo que todavía se presenta lejano, ya que ahora tendrá que afrontar un nuevo juicio, un costoso proceso que pagarán gracias a la solidaridad de la ciudadanía y de las instituciones vascas, contrarias a la pena de muerte.

Y es que, tal como me explicó Cándido, en Estados Unidos necesitas mucho dinero para poder recurrir, más si el castigo es la pena capital. La familia de Ibar necesita 1,3 millones de dólares para pagar abogados y costear los informes que demuestran que el ADN de Pablo no coincide con el hallado en la escena del crimen. ¿Quién puede pagar eso?, ¿quién dispone de un millón de dólares para pagar unos buenos abogados, capaces de convencer a un jurado que defiende a ultranza la pena de muerte?

Imagino que muchos inocentes habrán perecido en la silla eléctrica o en la cámara de gas por carecer de recursos. Por no tener dinero para pleitear contra un sistema judicial basado en el ojo por ojo.