Tras la polémica desatada por el desalojo por parte de la Policía Municipal de Iruñea de un edificio ocupado, EH Bildu ha dejado clara su voluntad de seguir adelante con el nuevo modelo policial para la capital navarra.

Aritz Romeo, edil responsable de Seguridad Ciudadana y Convivencia, compareció ayer por la tarde ante la base social de EH Bildu para exponer las líneas maestras de este nuevo modelo policial. Era una convocatoria que se había realizado hace tiempo, pero que cobraba una especial relevancia tras lo ocurrido el sábado.

Romeo explicó a GARA antes de la asamblea los objetivos del nuevo modelo policial. «Se basa en un estudio que se ha hecho con la ciudadanía, se han analizado barrio a barrio las necesidades que la ciudadanía percibe. También hemos trabajado en grupos internos con la plantilla y ahora estamos trabajando con los grupos municipales. La primera característica es el consenso», señaló.

El modelo se califica como «de proximidad estratégica, ya que queremos una policía que sea cercana a la ciudadanía, que esté en interacción y colaboración continua con los movimientos vecinales, con el movimiento asociativo, que conozca qué pasa en los barrios y que en base a ello pueda actuar, pero desde una perspectiva siempre de prevención y no de respuesta», añadió Romeo, que destacó que el planteamiento de Iruñea es similar al de otras ciudades del cambio como Barcelona, Badalona, Madrid o Zaragoza.

Por la mañana, Romeo compareció, a petición propia, en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento, en la que mostró su preocupación por lo sucedido el sábado y avanzó que se analizará pormenorizadamente cómo fue la intervención policial para corregir errores.

En este sentido, explicó que ha ordenado que se estudie la utilización por parte de los agentes de porras extensibles y la elaboración de un protocolo para prohibir su uso.

Enrique Maya (UPN) dijo que EH Bildu no está legitimada para dirigir la Policía Municipal y Maite Esporrín (PSN) pidió la dimisión de Romeo. Geroa Bai, Aranzadi e I-E mostraron su apoyo a los heridos y a la Policía Municipal y apoyaron que se investigue lo sucedido.

Por otra parte, el TSJN hizo pública una grabación de la conversación del juez que estaba de guardia el sábado, Fermín Otamendi, con el jefe de sala de la Policía Municipal, en la que manda que se identifique a los ocupantes y que se les notifique que estaban cometiendo un delito, pero no ordena expresamente el desalojo.

Hirekin, por la «expropiación y colectivización» de vivienda

El colectivo Hirekin, que llevó a cabo la ocupación del edificio desalojado por la Policía Municipal de Iruñea, ha convocado una manifestación que partirá el próximo sábado desde la plaza de Nabarreria a las 12.00 para denunciar la actuación policial que sufrieron el pasado sábado, «pero manteniendo claro cuál es nuestro objetivo: sacar a la calle la problemática de la vivienda y defender la legitimidad de la ocupación».

La movilización cuenta con el apoyo de Alde Zaharreko Gazte Asanblada, Antsoaingo Gazte Asanblada, Mendillorriko Gazte Mugimendua, Iturramako Gazte Mugimendua, Burlatako Gazte Mugimendua, Berriozarreko Gazte Mugimendua, NUPeko Ikasle Abertzaleak, Zikutak, Lugatibe, Arrakalak, Ernai Iruñerria, Urniza, Iruñeko Autonomia Komunala, Alde Zaharreko Gaztetxea, Alde Zaharreko Talde Feminista, Mugitu y Ekinklik.

Este colectivo mostró su rechazo a la actitud mantenida por la Policía Municipal y «a la propia Policía Municipal». «Exigimos firmemente responsabilidades políticas. Por otra parte, consideramos imprescindible que tanto los partidos políticos como el alcalde y los grupos municipales tomen una posición clara ante los hechos que se registraron el fin de semana, así como que aclaren los hechos», dijeron.

Junto a ello, destacaron que su objetivo es actuar contra el modelo de vivienda-mercancía, «entendiendo la vivienda como un bien esencial y no un derecho».

«Hoy en día, pensar en vivienda no nos trae más que problemas. El sistema se sirve sus redes y estrategias para seguir funcionando. Es decir, si necesitas una casa, necesitas un sueldo, y la comida, bebida, luz y agua necesarias para vivir. Estas necesidades ligadas a la vivienda también son mercancía y esto mantiene el desequilibrio entre las personas que son de clase alta y quienes no lo son», señalaron.

Asimismo, rechazaron las políticas sociales de los gobiernos «porque alimentan el sistema», por lo que abogaron por «una ocupación entendida como expropiación y posterior colectivización». GARA