«El delito que se reprocha a François Fillon es totalmente inaplicable», puesto que era un diputado en ese momento y por ello «la investigación de la Fiscalía se convierte en ilegal», declaró ayer Antonin Lévy, uno de los letrados del candidato de la derecha francesa a la Presidencia. Los abogados de Fillon anunciaron la interposición de una demanda ante la Justicia para que la Fiscalía Financiera abandone la investigación sobre posibles empleos ficticios que afecta al político, un escándalo que ha llevado a ex primer ministro ha perder en las últimas dos semanas su condición de favorito en la carrera presidencial y que, considera, «viola sus derechos fundamentales».

El letrado señaló que esa instancia, creada a instancias del presidente francés, François Hollande, tras la aparición del primer caso de corrupción en su Gobierno para dedicarse de forma específica a esos delitos, no es competente para investigar las labores de un parlamentario en el ejercicio de sus funciones.

La Fiscalía Financiera investiga las posibles irregularidades en el supuesto trabajo que durante años ejercieron la esposa y dos de los hijos de Fillon como asistentes parlamentarios suyos, reveladas por los medios.

Pero los abogados de Fillon señalaron que el delito de desvío de fondos «no puede ser reprochado a un parlamentario por el ejercicio de sus funciones» y que tendría que ser investigado por la mesa de la Asamblea Nacional.

Además, indicaron que la investigación interfiere en las elecciones presidenciales francesas, cuya primera vuelta se celebrará en abril próximo, lo que, a su juicio, rompe el principio de la separación de poderes. «Este proceso está desnaturalizando una cita esencial para los franceses, clave en nuestras instituciones», dijo Lévy.

«La investigación es actualmente casi más mediática que judicial (...). Los electores no deben dejarse robar su opción [Fillon] en abril», destacó.

Fillon reconoció el lunes que cometió un «error» al contratar a su esposa y a sus hijos a cuenta del erario público y pidió disculpas, aunque insistió en que todo fue legal. «Hay prácticas antiguas en la vida política que ya no son aceptables», admitió.