«Hay que fortalecer la base en defensa de los DDHH, este es el objetivo clave»

Joseba Azkarraga (Agurain, 1950) es el portavoz de Sare, red que desde hace cinco años trabaja por los derechos humanos de los represaliados vascos. De cara al futuro ha marcado dos ejes de actuación: trabajar para acabar con las medidas de excepción e impulsar la convivencia con el apoyo de la sociedad civil.

Sare ha cumplido cinco años, ¿qué balance realiza?

Es un balance de claroscuros. Por un lado creo que en estos cinco años hemos conseguido ampliar la base social de Sare, hoy somos muchos y muchas más que las que iniciamos este recorrido hace cinco años, y somos también más plurales. Hay diferentes posiciones ideológicas que apoyan nuestra estrategia y nuestros planteamientos. Pero es cierto que, en lo que se refiere a la consecución de los objetivos que nos marcamos, no estamos donde nos hubiera gustado. Son menos de los que hubiéramos deseado y de lo que esperábamos hace cinco años, porque es difícil entender a estas alturas, ocho años después de la decisión de ETA de abandonar la violencia, que todavía la política penitenciaria sea muy similar a la que se aplicaba con ETA en activo. Por eso digo que es una balance de claroscuros. No obstante, considero que tenemos que seguir trabajando hasta conseguir los objetivos que nos hemos marcado.

¿Cuáles son los ejes que van a guiar el trabajo de Sare en el próximo curso?

Estamos ante un nuevo tiempo que debemos de aprovechar. Es un tiempo de esperanza porque ETA ha dado los pasos que ha venido dando los últimos ocho años, su decisión de abandonar la violencia, de entregar las armas y también de disolverse, y creemos que tenemos que aprovechar este nuevo escenario entre todos y todas, al margen de cuál sea nuestra posición política. Y en función de ese análisis hay dos cuestiones que nos parecen claras: plantear cómo afrontamos las reivindicaciones que hemos venido haciendo hasta el momento, cómo seguimos defendiendo estas reivindicaciones tratando que haya más gente detrás de las mismas, ampliando la base social; y trabajar en la convivencia en este país, lo que implica hablar mucho más con quienes opinan diferente, acordar más con ellos y tratar de avanzar de manera conjunta. Estos son los dos pilares que nos hemos trazado, porque difícilmente podemos hablar de un país en paz y en convivencia si se mantiene la misma situación de vulneración de derechos que se ha mantenido hasta ahora. Y junto a ellos diría que hay un elemento que durante el último año hemos trabajado de manera más activa, que es el ámbito institucional.

Hace unas semanas presentaron en el Parlamento de Gasteiz un balance de las mociones aprobadas en las juntas generales y en ayuntamientos, donde se han logrado acuerdos entre diferentes partidos.

Sare, junto con otros movimientos sociales, ha trabajado para coser una convivencia entre diferentes, y el esfuerzo general se ha hecho en el ámbito político, donde se ha conseguido avanzar porque los partidos han conseguido ponerse de acuerdo, dejando a un lado posicionamientos partidistas. Entendemos que esas mayorías que se han conseguido en los parlamentos de Gasteiz y de Iruñea, en las juntas generales de los tres territorios y en el ámbito municipal, cierran el círculo institucional vasco de apoyo a las iniciativas que forman la base sobre la que trabaja Sare. Y no quiero olvidarme de la unidad sindical, que ha sido clave, porque todos los sindicatos se han mantenido unidos en la reivindicación del fin del alejamiento, la libertad de los presos enfermos, etc.

Ahora nos falta un paso importante. Una vez cerrado el círculo institucional vasco de apoyo a este tipo de iniciativas, hay que trasladar este tipo de reivindicación a aquellas instancias donde hay capacidad legislativa para solucionar esta vulneración de derechos, me refiero al Congreso español y ámbito europeo; y ese es otro de los retos que tenemos para los próximos años, ya que durante el último año hemos conseguido abrir un ámbito de relación con diferentes instancias del Estado, lo que nos ha permitido avanzar en alguna situación puntual. Pero lo que no hemos conseguido es terminar con la política de alejamiento de manera global.

Se han dado pasos, y seguro que para cualquier familiar que el preso o la presa esté en Zuera o en Villabona en Asturias es mejor a que esté en Puerto de Santa María. Pero eso no es terminar con la política de alejamiento, porque seguimos hablando de viajes de 500 o 700 kilómetros para 40 minutos de visita. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir profundizando la relación con diferentes instancias del Estado, intentando hacer valer lo dispuesto por la mayoría política y sindical vasca, que es un buen respaldo para seguir avanzando.

En el Estado francés se han dado pasos en el acercamiento de presos a Lannemezan y Mont- de-Marsan, y se ha establecido un diálogo entre agentes sociales y el Gobierno de París. ¿Por qué no se da la misma situación en Hego Euskal Herria?

Creo que es de alabar lo que ha pasado en Iparralde, donde han pasado en dos años, desde que se inició el proceso en Luhuso, de ser imputados y detenidos por intentar avanzar en el camino del desarme a sentarse a los pocos meses con las autoridades judiciales y políticas francesas y, además, han conseguido avanzar en la práctica, porque han conseguido acercar a muchos de los presos a prisiones más cercanas a su lugar de residencia. Creo que ese es el camino que hay que seguir, el de la interacción. Interactuar entre diferentes. En Iparralde han conseguido que todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente Nacional de Le Pen, estén detrás de una reivindicación. Hoy todavía es difícil que se dé una situación así aquí, porque hay una actitud por parte de la derecha que hace muy difícil avanzar en esa relación para conseguir resultados tangibles, porque siguen hablando de ETA como si ETA estuviera todavía en activo. Da la impresión de que a algunos todavía la propia existencia, o incluso la no existencia de ETA, les produce ciertos réditos políticos. Eso es muy negativo para avanzar en la convivencia.

En el acto celebrado con motivo del quinto aniversario de Sare se puso en valor la posibilidad de que una mayoría progresista en Madrid podría servir para poner fin a las medidas de excepción. El propio Pedro Sánchez anunció cambios. Pero el alejamiento sigue vigente y los presos gravemente enfermos continúan en prisión.

Tenemos que reconocer que hace un año, por estas fechas, las declaraciones del entonces recién nombrado presidente del Gobierno fueron muy esperanzadoras para Sare y para una parte muy importante de la sociedad vasca, ya no digamos para los familiares de los presos. Aquellas declaraciones abrieron una puerta a la esperanza, y desgraciadamente los pasos que se han dado son muy tímidos. Da la impresión de que no tienen la audacia suficiente como para cumplir su propia legislación, porque aquí no estamos pidiendo nada que no esté recogido en la ley. Estamos diciendo que hay que terminar con una medida política, como fue la política de alejamiento. No estamos pidiendo nada que no diga el Reglamento Penitenciario cuando se refiere a que todo preso o presa debe cumplir su condena cerca de su lugar de residencia. Pedimos que cumplan la ley. Pero están sujetos a una presión constante de la derecha y de algunas asociaciones de víctimas y, desde el respeto absoluto a las asociaciones de víctimas, tenemos que decir que una cosa es lo que algunas asociaciones de víctimas piensan y dicen y otra es la posición de las víctimas de manera individual. En mi caso particular, y creo que en el de muchas otras personas, nunca hemos oído a una víctima de la violencia de ETA exigir revancha o exigir que se siga manteniendo la política de alejamiento. Más bien al contrario, lo que hemos escuchado son muchas declaraciones de víctimas de la violencia diciendo que la política penitenciaria se tiene que humanizar, que la política de alejamiento se tiene que terminar. Creo que al Gobierno español le sigue faltando audacia para terminar con lo que se inició hace 30 años y que ha creado tanto sufrimiento.

¿Considera que los poderes ejecutivo y judicial se pasan la pelota, por ejemplo en el caso de la progresión de grados?

Hay una crítica que nosotros no hemos hecho hasta el momento, pero la tenemos que hacer. Y es que no es defendible que la progresión de grado sea el requisito para terminar con la política de alejamiento. Lo que está haciendo el Gobierno español es progresar poco a poco algunos presos y presas de grado para a continuación iniciar un proceso de acercamiento a Zuera, por ejemplo. La progresión de grado es una medida estrictamente penitenciaria y el cambio a segundo grado se tiene que dar automáticamente cuando un preso entra en prisión, y en el caso de los presos vascos el 85% se mantiene en primer grado. Eso nada tiene que ver con terminar con el alejamiento, que es una decisión política.

Y luego está el tema de los presos enfermos. Desde Sare en los últimos meses hemos tenido la oportunidad de visitar a algunos presos enfermos en Zuera, en El Dueso, en Nanclares y en Logroño, y tenemos que decir que algunos de estos presos están en una situación límite. El Gobierno no puede seguir retrasando la aplicación del artículo 104.4 para permitir que estas personas sean tratadas de sus enfermedades fuera de los muros de la prisión. Tiene la legislación en su mano para cumplirla y para evitar más sufrimiento.

Antes ha citado la necesidad de que haya más gente tras las reivindicaciones de Sare, que son compartidas por miles de personas, como evidencian las manifestaciones que se celebran todos los años en enero. ¿Qué se puede hacer para ampliar la base social?

No podemos quedarnos una vez al año en una manifestación de 100.000 personas. Tenemos que trabajar en el día a día y pueblo a pueblo, para extender la red y abrirla a sectores que han estado al margen de este tipo de reivindicaciones, y la base en la que nos tenemos que fortalecer es en la defensa de los Derechos Humanos, este es el objetivo clave. Defender a los más de cien menores que semanalmente recorren cerca de 2.000 kilómetros para visitar durante 40 minutos a su padre o a su madre no es hacer política partidista, es hablar de Derechos Humanos. ¿Qué culpa tienen estos niños para tener que montarse en el autobús todos los viernes, recorrer 2.000 kilómetros de ida y vuelta, visitar durante 40 minutos a sus padres con un cristal de por medio? ¿Qué delito han cometido estos niños para seguir manteniendo ese tipo de situaciones cuando la cárcel de Zaballa, por ejemplo, está a la mitad de su capacidad? Insisto, tenemos que trasladar a sectores que desconocen lo que hacemos desde Sare que estamos hablando fundamentalmente de este tipo de cosas, que no estamos hablando de política. Y ese es un trabajo complicado y difícil que tenemos que hacer en cada pueblo para extender la red ciudadana.

El Estado debería entender que, cuando el 85% de los ciudadanos vascos representados en sus ayuntamientos han aprobado una moción en la que se habla del fin de la política de alejamiento, de la libertad de los presos enfermos y de una política penitenciaria basada en los Derechos Humanos, estamos hablando de que casi la práctica totalidad del pueblo vasco está en estas reivindicaciones.