Dos investigadoras, Anice Nikolli, geógrafa adscrita a la Universidad de Pau y autora entre otros trabajos de “La privatización y el acceso de la naturaleza” (2020), y Camille Girault, geógrafa, maestra de conferencias en la Universidad de Saboya y autora de una tesis titulada “Construir la naturaleza nórdica a la luz de la ciudad” han analizado el «auténtico frenesí regulador» que se vivió durante la primera ola de la pandemia cara a proscribir el acceso de la ciudadanía a los espacios naturales. Ese estudio, que abarca el periodo que va del primer confinamiento (17 de marzo de 2020) a la primera fase de desconfinamiento (2 de junio de 2020), ha dado lugar a un artículo cuya versión íntegra está disponible en la red. En el mismo, las autoras se basan en la recopilación de una amplia gama de documentación oficial y, muy en particular, en esa montaña de decretos emitidos por las 96 prefecturas de la llamada Francia metropolitana.

«Las ordenanzas que hemos estudiado revelan que hubo un reforzamiento a escala local de las condiciones del confinamiento estatal que, de por sí, constituyó una restricción inédita y masiva de las libertades individuales», explican las dos investigadoras.

Su primera constatación es que no todos los estados actuaron del mismo modo a la hora de regular el acceso a los espacios naturales. Así, los estados francés y español fueron, junto a Italia, los únicos estados europeos cuyos gobernantes prohibieron, sin ir más lejos, caminar por el monte. Alemania, Gran Bretaña, Noruega, Eslovenia y Suiza exhibieron una actitud más tolerante, limitándose a desaconsejar esos desplazamientos, mientras que Austria, Polonia o Suecia se inclinaron por mantener el libre acceso a las cumbres. Los estados español y francés, además de Portugal, se inclinaron por la prohibición de acceso a la playa y al mar.

«La comparación con otros países hace ver que el confinamiento implementado en Francia se apoyó en una concepción particularmente restrictiva del acceso a la naturaleza», escriben Girault y Nikolli, lo que les lleva a proponer una reflexión sobre lo que representan esos espacios naturales para la sociedad y sobre la forma en que son percibidos por las autoridades.

Segundas residencias en Iparralde

Hasta 1.600 órdenes emitieron las prefecturas metropolitanas en un periodo excepcional en el que el 80% de los departamentos regularon los accesos no ya a playas, ríos o lagos sino también a cualquier paraje local, incluso aunque fuera poco frecuentado. Esa hiperactividad normativa se liga en el estudio no tanto a criterios epidemiológicos como a lo que las autoras llaman «presión recreativa», que no es sino una galería de argumentos empleados por las autoridades para asentar la idea de que «es imperativo limitar la frecuencia de personas siempre que se estime que su presencia es difícil de gestionar para los poderes públicos».

La interpretación de la «presión recreativa» figuró en el 46% de las órdenes prefectorales. Con todo, en la «fachada atlántica», en la que se sitúa el departamento en que se integra Ipar Euskal Herria, los prefectos también apuntaron a factores como la atractividad del territorio y al alto porcentaje de residencias secundarias para explicar esas restricciones al espacio natural.

Las dos geógrafas constatan que el denominador común de esas normas fue «la consideración del conjunto de los espacios verdes y naturales como un factor de riesgo sanitario», y aluden a la alta dosis de heterogeneidad y de incoherencia de las decisiones en función de los territorios, y a la desigualdad generada en razón del lugar de vida.

El estudio hace hincapie en una visión dominante en el poder político, en el sentido de considerar secundarias e incluso estigmatizar las actividades de esparcimiento, en un contexto marcado por las «lógicas de control y de restricción social». Y resume su actitud en un sofisma: «La gestión de la crisis sanitaria implica restringir, luego está justificado el control estricto de unos espacios naturales que simbolizan la libertad».