La muerte de una presa en Iruñea pone el foco en las deficiencias sanitarias

Una presa falleció el pasado lunes en la cárcel de Iruñea, según informó ayer Salhaketa Nafarroa, que advirtió de que esta muerte se ha producido dos meses después de que el Gobierno navarro asumiera la competencia de sanidad penitenciaria. Pese a ello, aseveró que, a día de hoy, no hay médico de guardia a ciertas horas en la prisión.

Salhaketa Nafarroa denunció ayer que la madrugada del pasado lunes falleció una persona en el módulo de mujeres de la cárcel de Iruñea. «Al parecer, fue la compañera de celda de la fallecida quien tuvo que avisar, a través del interfono de la celda, de lo que estaba sucediendo, y la intervención tanto del centro penitenciario, como de los profesionales médicos, no fue todo lo ágil que cabría esperar en una situación así», manifestó la asociación de apoyo a personas presas. Salhaketa advirtió de que «este fallecimiento se produce apenas dos meses después de que el Gobierno de Navarra haya asumido la competencia sanitaria de la cárcel de Pamplona. A pesar de ello, la cárcel de Pamplona sigue sin contar con un médico/a de guardia de manera presencial las 24 horas del día, medida absolutamente necesaria si se tienen en cuenta las circunstancias sanitarias específicas de las personas presas».

Por ello, ante esta nueva muerte en prisión y teniendo en cuenta la asunción de la competencia de Sanidad Penitenciaria, Salhaketa Nafarroa solicitó al Gobierno navarro que de forma urgente implemente en la cárcel de Iruñea un médico de guardia de manera presencial las 24 horas del día. También pidió la revisión de los protocolos de funcionamiento y actuación de los servicios médicos así como los protocolos de aviso y derivación a los servicios médicos por parte del centro penitenciario; y exigió que se ofrezca atención sicológica urgente a todas las mujeres presas que así lo deseen para poder hacer frente a este suceso.

«Este fallecimiento se suma a la larga lista de personas que mueren en prisión. Así, según datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, entre enero de 2015 y diciembre de 2019 habrían fallecido en las cárceles dependientes de ella 862 personas presas. En el año 2020, el número de fallecimientos fueron 204. En lo que va de 2021, asociaciones en defensa de derechos humanos afirman tener conocimiento de al menos 67 fallecimientos, sin embargo, afirman que, con toda seguridad, la cifra oficial será superior», aseveró Salhaketa.

A la espera de explicaciones

El consejero navarro de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, pidió prudencia a la espera de las conclusiones de la investigación judicial. Cabe señalar que, pese a que reconoció que esta cuestión afecta al Ejecutivo de María Chivite directamente, puesto que tiene asumida la competencia de Sanidad Penitenciaria, precisó que «la competencia es compartida y la obligación de custodia es sobre todo de la administración penitenciaria». En este sentido, avanzó que convocarán próximamente la comisión mixta de Sanidad Penitenciaria para ver qué medidas pueden arbitrar, más allá de este caso, para mejorar la atención y poder prevenir situaciones como la que se ha registrado.

EH Bildu, por su parte, incidió en que la muerte de una persona en prisión es «inaceptable en una sociedad democrática»; y anunció el registro de una petición de comparecencia conjunta de Eduardo Santos y de la consejera de Salud, Santos Indurain en el Parlamento. Además, solicitará una copia del convenio suscrito entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Nafarroa para «potenciar» los programas de salud mental e igualdad en la prisión de Iruñea.

El CPT alerta de la «escasez de médicos» en las prisiones

Etxerat denunció ayer que la mujer fallecida el lunes en la cárcel de Iruñea forma parte de una «una larga lista» de personas muertas bajo custodia. Basta con recordar que en Zaballa el año pasado perdieron la vida seis presos, y otros cinco en 2019.  

Estas muertes ponen el foco en la asistencia sanitaria que se presta en las prisiones vascas, que está en manos de las autoridades de Gasteiz e Iruñea.

No obstante, ayer, Eduardo Santos reconoció que «la competencia es compartida». Y, en este sentido, conviene recordar algunas de las cuestiones recogidas en el último informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que recomienda que «las autoridades españolas tomen medidas para solucionar la actual escasez de médicos» en las cárceles. E insta a las autoridades españolas a «aumentar significativamente  la  dotación siquiátrica».

El CPT emplaza al Gobierno español a que tome medidas para garantizar que, «como mínimo, cada prisión estándar con una población de reclusos de alrededor de 1.000 personas cuente con al menos 20 enfermeras, incluyendo enfermeras con cualificación en salud mental. También deberían cubrirse las vacantes de médicos de cabecera». «Los niveles de dotación de personal deberían ajustarse si el número de reclusos en un establecimiento aumenta significativamente», apunta el CPT en su extenso informe.GARA