Son días intensos, de nervios e incertidumbre para las familias y amistades de los 56 presos vascos a los que les afecta la decisión que el Tribunal Supremo español puede tomar el próximo martes, 13 de enero, respecto al cómputo de penas. Aunque la sienten «a ratos«, también son jornadas de esperanza.

La deliberación llegará después de que dos secciones de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptaran decisiones contrarias respecto a los casos de cinco presos políticos. Será la segunda vez que se reúnan en torno a una mesa para abordar este asunto, ya que, a mediados del pasado diciembre lo intentaron en un Pleno de carácter jurisdiccional. No obstante, no fueron capaces de unificar criterios.

El tiempo y los días se eternizan, la demora en la decisión que debería haber llegado en principio hace semanas ha pesado de forma especial en estas fechas. Según contaron a GARA amigos íntimos del preso Iosu Guinea, en la actualidad encarcelado en Almería, los últimos quince días se le han hecho muy largos respecto a este asunto.

Natural de Larrabetzu, fue condenado en el Estado francés a nueve años de cárcel, y fue extraditado al español tras cumplir 7 años y 4 meses, al descontarle las redenciones. Tras pasar por Soto del Real y Estremera, cumple una condena de doce años en Almería. En caso de que el TS aprobara sumar las penas, le restarían un año de cárcel.

Sus allegados cuentan que las posiciones contradictorias de la AN, así como la incapacidad del TS para adoptar una única postura fue duro.

De la crudeza de la situación también hablaba con este diario Belén Silbeti. Y lo hacía con conocimiento de causa. Ella es esposa de Iñaki Bilbao Beaskoetxea, al que la Sección Segunda de la Audiencia Nacional española rechazaba a primeros de diciembre computar las penas. Ella destacaba lo «retorcido» de la arbitrariedad, y no olvida el momento en que escuchó por la radio la negativa de libertad. «Citaron los nombres de los cuatro presos a los que sí les habían admitido la suma, y yo seguía esperando escuchar su nombre... aquel `sin embargo' que la locutora pronunció después no se me va a olvidar en la vida. Hablaba de Iñaki, y las ilusiones que nos habíamos hecho volvieron a hundirse», relataba.

Con el cómputo de penas, Bilbao Beaskoetxea debería haber recobrado la libertad el 4 de junio de 2014. Su compañera denuncia que «lleva siete meses en la cárcel de forma ilegal». En caso de que el TS siga la vía de la Sección Segunda, saldría de prisión en mayo de 2016, según las estimaciones que han hecho. Este 2015 cumplirá 23 años preso.

Al igual que Silbeti, otros familiares sienten impotencia porque consideran que tienen las manos atadas. «Solo nos queda esperar. Y esperar sabiendo que España no quiere dejarlos libre, aunque así debiera ser. Ya se ocuparán de hacer ingeniería jurídica», lamentaba.

Sobre el estado anímico de su compañero, admitía que recibir la negativa fue muy duro porque esperaba otra respuesta, sobre todo porque su situación y la del preso Pakito Mujika son idénticas. Él quedó libre junto con Santiago Arrozpide, Rafael Caride y Alberto Plazaola después de que la Sección Primera de la Audiencia Nacional ordenara descontar a sus condenas el periodo que cumplieron en cárceles del Estado francés.

Mientras llega el próximo martes, los nervios aumentan y la esperanza asoma, aunque de forma comedida. «La arbitrariedad que han mantenido hasta ahora no nos permite pensar con claridad, ni intuir nada. Solo nos queda esperar», comentan.

Los rostros de 56 familias

Minutos antes de ofrecer a este diario sus testimonios, Etxerat reunió en Donostia a familiares y amigos de los presos afectados por la próxima decisión. En la comparecencia admitieron sentir con esta nueva situación una especie de «dèjá vu» porque conocen de primera mano las sensaciones que se producen cuando el Estado español «pretende saltarse su propia ley y vulnerar los derechos humanos». El colmo, según expusieron, es que en esta ocasión Madrid intenta también pasar por alto una normativa europea.

«La trayectoria del caso nos despierta muchas dudas y desconfianza -dijeron-. Sabemos que han reformado la ley con el único objetivo de impedir los efectos de una Decisión Marco Europea, vinculante para todos los estados de la UE. Han burlado la ley para conseguir sus espurios intereses políticos». ¿Por qué España actuó con tanta lentitud en la obligatoria incorporación a su ordenamiento normativo interno de una legislación europea que debía haber incorporado antes de agosto de 2010? ¿Puede el legislador español desobedecer el mandado contenido en una Decisión Marco Europea?», preguntaron.

Ante todo, quisieron expresar que ellas y ellos representan a 56 familias, «56 vidas que el Estado quiere encerrar como sea. Como familiares o como amigos, a nivel personal nos destroza saber que les quieren mantener en la cárcel a pesar de que ya han cumplido su condena».