EH Bildu estima que «el presuntamente excelente modelo de gestión» del equipo de gobierno de Iñaki Azkuna «se agrieta», a la vista de los datos que han logrado descubrir y que les lleva a cifrar en «al menos» 79 millones de euros la deuda municipal. «Se ha roto el mito en relación a la buena gestión del PNV y la deuda cero», subrayó la concejal Aitziber Ibaibarriaga.

La edil soberanista explicó que 30 millones corresponden a la inversión en la apertura del Canal de Deustua, otros 29 a los que tendría que asumir el Ayuntamiento de la deuda de Bilbao Ría 2000 y otros 20 a raíz de la recalificación de la sede de Iberdrola en el solar de Gardoki. En declaraciones a GARA, acusó a los jeltzales de no ser «transparentes» en su gestión, al apuntar a que Urbanismo está «dilatando» la entrega a Bildu de la información que le solicitó hace una semana acerca del convenio marco rubricado entre el Consistorio y la eléctrica por esa operación inmobiliaria.

El único dato que ha transcendido, han sido unas declaraciones a un rotativo del delegado de Urbanismo, Ibon Areso, en las que avanzó que cinco millones se pagarán con el dinero que se obtenga por las licencias de construcción de viviendas de lujo en el solar que ocupó la gasolinera del RAG y el resto se abonará hasta 2015. Queda por determinar si a esa cantidad -20 millones de euros- habrá que sumar la actualización del IPC desde 2005, con lo que la factura se elevaría. Ahí puede estar la razón del «retraso» en la entrega de la documentación y de la convocatoria de una comisión.

Otro ejemplo de las trabas a la fiscalización de la oposición, son los obstáculos que se están poniendo a la hora de estudiar los expedientes que se elevan al dictamen del Consejo Asesor de Planeamiento. El PNV pretende que se acceda a la información técnica una vez que ellos lo hayan presentado «oficialmente», -«con su autorización expresa», reza en una comunicación-, olvidándose de que son habituales las filtraciones a medios afines de proyectos en campañas de puro marketing político.

En medio de la polémica por las consecuencias de la recalificación de la antigua sede de Iberdrola en la calle Gardoki, el Consejo Asesor conocerá hoy nuevas recalificaciones que quiere impulsar el PNV, en las que dice que se negocia con los actores implicados que renuncien a los derechos de aprovechamiento urbanístico. Bildu se pregunta por qué no se siguió ese patrón con Iberdrola y la respuesta la dan a continuación: «porque se quiso beneficiar a la multinacional».

«El equipo de gobierno municipal fomenta una ciudad pensada para las grandes empresas, mientras que quedan fuera de su agenda el impulso de políticas sociales que aseguren el bienestar de las personas», manifestó Ibaibarriaga. Acusó a los jeltzales de «considerar más importante ser un ayuntamiento con déficit cero que ser una ciudad en la que los derechos básicos del conjunto de la ciudadanía estén garantizados, para ello -denunció la edil soberanista- no duda en rebajar la calidad de los servicios sociales y condenar a una gran parte de la población a la exclusión social».

Nuevas recalificaciones

El Consejo Asesor de Planeamiento estudiará hoy una recalificación que afecta a los portales 2, 4, 6 y 8 de la calle Pablo Alzola, para permitir un equipamiento sanitario de una altura en un patio de manzana. Otro de los puntos en el orden del día es la propuesta de la Compañía de Jesús para derribar y reconstruir su residencia en la céntrica calle Canciller Ayala, creando locales y oficinas con cuyo alquiler pretende abonar también las obras de rehabilitación del templo anexo.

La ikastola Urretxindorra plantea que se le permita construir un parking y con la plusvalía obtenida, acometer la reforma y ampliación del centro. Por su parte, el Gobierno español quiere que el Ayuntamiento recalifique el uso del complejo del Parque Ministerial en Txurdinaga a vivienda de protección.