Un informe de Amnistía Internacional (AI) junto al Centre Delàs y el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) denuncia la comisión de crímenes de guerra en Yemen por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y alerta de que el Gobierno de Madrid y la compañía española Airbus pueden haber contribuido o ser cómplices de los mismos.

El informe se centra en las licencias concedidas por el Gobierno español para exportar armamento a los países de la coalición en los últimos años, y en el avión de combate Eurofighter Typhoon y la aeronave de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT, proyectos en los que participan las plantas que Airbus tiene en Illescas (Toledo) y Getafe (Madrid).

AI, que ya en diciembre de 2019 pidió a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que abriera una investigación a los cargos gubernamentales y a los directivos de empresas europeas de armamento relacionado con denuncias sobre crímenes de guerra en Yemen, aporta ahora este nuevo análisis para reforzar esa solicitud.

En el informe se incluye la respuesta de Airbus Defence and Space a su denuncia, una misiva en la que la empresa asegura que respeta los derechos humanos y las normativas nacionales e internacionales sobre armamento y rechaza que se pueda acusar a sus directivos de haber contribuido a la comisión de crímenes de guerra.

Más de 1.600 millones

En su estudio, AI, el Centre Delàs y el ECCHR recogen denuncias de crímenes de guerra sobre la población civil yemení y destacan que las exportaciones españolas de armas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos entre 2015 y el primer semestre de 2021 sumaron 1.306,9 millones y 311,2 millones, respectivamente.

«Los materiales militares españoles constituyen una parte importante de algunos de los elementos que usa la coalición en Yemen. Como se desprende de la estructura de las flotas aéreas de Arabia Saudí y de los EAU respectivamente, las aeronaves Eurofighter y el A330 MRTT de reabastecimiento son muy importantes para sus flotas. Las piezas de repuesto y los componentes españoles son esenciales para ambos tipos de aeronaves», se destaca en el informe.

Los autores de la investigación reconocen los avances en la legislación española para el control de las exportaciones de armamento y subrayan que son varios los países europeos que participan en el consorcio Airbus y que podrían también estar contribuyendo a la comisión de presuntos crímenes de guerra, como Gran Bretaña, Estado francés, Italia o Alemania.

«Oscuridad»

Si se ha hecho un informe específico sobre el Estado español, ha explicado a Efe el codirector del programa de Empresas y Derechos Humanos de ECCHR, Christian Schliemann-Radbruch, es por la «oscuridad» que sigue rodeando esta cuestión, que en otros países ha sido objeto de informes parlamentarios e investigaciones judiciales, o ha derivado en reformas legales.

Las tres ONG piden al Gobierno de Madrid una investigación independiente sobre el uso en los aviones en los bombardeos sobre Yemen y suspender las licencias para exportar sus piezas. Según apuntan, se calcula que casi 20.000 personas han muerto o resultado heridas en esos ataques aéreos desde 2015 y que hay 2,5 millones de desplazados internos en el país.