El Gobierno de Urkullu ha decidido pactar con el PP «el conjunto integrado de decisiones que constituyen el programa directivo del Ejecutivo vasco en materia económica». Se trata de un documento de «bases comunes» para «afrontar en lo económico el ejercicio 2014». El consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, y el responsable en materia económica del PP, Antón Damborenea, suscribieron a primera hora de la mañana de ayer un texto cuya redacción da muestras de cierto apresuramiento.

La negociación se prolongó durante la tarde-noche del lunes, y las prisas para la firma, que se produjo a las 9.30 sin casi tiempo para hacer una convocatoria previa, se debieron a que Gatzagaetxebarria debía participar en la reunión semanal del Consejo de Gobierno y a que a las doce del mediodía expiraba el plazo para la presentación de enmiendas.

Tanto el Gobierno como el PP desligaron el pacto suscrito de un posible acuerdo presupuestario en Araba, lo que hace aún más innecesario para el PNV el haber dado este paso.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu tenía asegurado el apoyo del PSE a sus cuentas, más aún después de haber registrado conjuntamente «84 aportaciones a los presupuestos» en forma de enmiendas parciales. Por lo tanto, este pacto con el PP es fruto de la voluntad política del PNV y no de la necesidad aritmética de apoyos.

Tras este pacto, se consolida el eje PNV-PSE-PP que ya se dibujó en el pacto fiscal. De la lectura de los textos firmados da la impresión de que los jeltzales acuerdan con el PSE cuestiones más de gestión diaria, como obras en los municipios que estos gobiernan, mientras que con el PP firman líneas o tendencias de actuación.

La senda de Madrid y Merkel

El acuerdo suscrito ayer, además de recoger algunas reivindicaciones sectoriales del PP como el apoyo a emprendedores y empresas, tiene su punto estratégico en el compromiso sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El PNV entra por la senda que Madrid y Ángela Merkel marcaron con la reforma constitucional de 2011, y por la posterior Ley Orgánica Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 2012, que los jeltzales formalmente no aprobaron, refugiándose en la abstención, pero que de hecho aparecen dispuestos a aplicar.

De la mano de este acuerdo con el PP, el Ejecutivo de Urkullu explicita una propuesta que incluyó en el Calendario Legislativo, pero que no aparece de forma tan nítida ni en el programa electoral del PNV ni en su programa de gobierno.

Nueva ley presupuestaria

Así, se lee en el texto que «el Gobierno Vasco, en el marco del desarrollo de su calendario legislativo, procederá a elaborar una nueva ley de régimen presupuestario con el fin de introducir en la normativa presupuestaria los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y plurianualidad, así como a adecuar y acomodar el procedimiento presupuestario a la regulación reglamentaria de la UE».

El calendario legislativo de Lakua preveía tener preparado este proyecto de ley en el primer semestre de 2015. Sin embargo, el acuerdo suscrito con el PP se ciñe, de momento, a 2014.

Además, en el pacto firmado ayer con el PP se ponen plazos a la estrategia para el adelgazamiento del sector público que tiene en marcha en Ejecutivo autonómico. Se establece que «el Gobierno Vasco evaluará cada seis meses el desarrollo de su cumplimiento y la eficacia de la misma».

Conflictividad y productividad

El acuerdo incluye un apartado en el que, en sintonía con el discurso que últimamente vienen manteniendo las patronales, fija una relación entre la productividad y una conflictividad laboral mayor en la CAV que en otras comunidades.

En el texto puede leerse que «la conflictividad laboral existente en nuestra Comunidad Autónoma» «no es ajena a la competitividad del tejido empresarial vasco». Y, «por ello», el acuerdo incluye que «el Gobierno Vasco se compromete a implicarse en su disminución, favoreciendo el acuerdo entre los agentes sociales, empresarios y sindicalistas, y desarrollando políticas que favorezcan dichos acuerdos».

Se trata de un punto incluso sorprendente, cuando el Ejecutivo de Urkullu ha sido incapaz de alcanzar ningún acuerdo con sus propios trabajadores, sustituyendo el diálogo por los decretos que imponen las condiciones laborales a los empleados públicos.

Valoraciones y Araba

El consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, se congratuló por al acuerdo alcanzado con el PP y señaló que no hay colisión con el pacto presupuestario alcanzado con el PSE. Según señaló, este paso, que facilita la aprobación tranquila de los presupuestos, proyecta «una estabilidad económica e institucional que se percibe positivamente por agentes políticos, económicos y sociales».

Por su parte, el responsable económico del PP, Antón Damborenea, destacó del acuerdo el «compromiso de estabilidad». Reseñó que el pacto suscrito ayer no contiene una cuantificación económica porque, según afirmó, no es un «acuerdo al uso», sino que busca «fijar unas políticas a medio plazo que permitan al Gobierno Vasco tener disponibilidad de fondos», a través de la reducción de la deuda y del gasto corriente, en una cuantía sin concretar.

Ambas partes insistieron en que lo firmado ayer no compromete nada en relación al apoyo del PNV a los presupuestos de la Diputación de Araba, gobernada por el PP.

El propio diputado general, Javier de Andrés, negó la existencia de un acuerdo global en este territorio con el PNV. Aseguró «no entender» la estrategia negociadora de los jeltzales, puesto que tras más de un mes de contactos todavía no se ha alcanzado un pacto.

De Andrés se refirió a las premuras de tiempo existentes, puesto que el plazo para la presentación de enmiendas finaliza el próximo lunes, 9 de diciembre, y el diputado general recuerda que «hay un puente de por medio».