El Ararteko ha publicado un estudio sobre «Administración digital y relaciones con la ciudadanía...», y en su conclusión 8 dice, «Aunque buena parte de la ciudadanía no tenga una obligación legal de relacionarse con la Administración por medios telemáticos, en algunos procedimientos administrativos y en ciertas administraciones se ha ido imponiendo ‘de facto’ ese uso». El Ararteko cita algunos ejemplos, pero se olvida, entre otras, de la obligación de presentar las declaraciones de IRPF 2020 por medios electrónicos, establecida por la Diputación Foral de Bizkaia, mediante una Orden Foral, que vulnera el Articulo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, dado que la gran mayoría de los 636.264 contribuyentes vizcainos (IRPF 2020), ni están obligados a relacionarse electrónicamente según el Articulo 14.2 de la Ley, ni el Departamento de Hacienda y Finanzas de la DFB ha justificado ni acreditado de ninguna forma legal que el colectivo personas físicas contribuyentes del Territorio Histórico de Bizkaia, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, según el Artículo 14.3. de la Ley.

Imponer la relación telemática a una gran parte de la ciudadanía que no lo desea y que no está obligada a ello, no es innovar, es prevaricar.

Sigo preguntando: ¿dónde están los organismos de control?