El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que Gorka Lupiañez fue torturado por la Guardia Civil durante su detención en régimen de incomunicación en 2007. Tras un largo periplo, el duro testimonio de los tormentos sufridos por Lupiañez ha sido reconocido como verídico por un organismo internacional que, además, señala que la incomunicación crea el contexto propicio para la utilización  de la tortura. Asimismo, el Comité de la ONU ha instado al Estado español a que tome medidas para que se garantice justicia y reparación para el demandante.

De nuevo, desde el ámbito internacional llega otro dictamen que viene a corroborar que el Estado español ha usado la tortura. El Comité de la ONU señala asimismo en su escrito que la tortura no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, «ni siquiera por motivos de seguridad nacional», reconociendo de modo implícito que su uso en el Estado ha sido sistemático. Un reconocimiento que sí hizo hace unos meses el presidente francés, Emmanuel Macron, en relación con la guerra de Argelia. Sus palabras entonces apuntaban a que el empleo de la tortura estaba institucionalizado, esto es, reconocía que había sido una política de Estado. No ocurre lo mismo en el Estado español, donde no solo se sigue negando la práctica de la tortura, sino que además se mantienen las medallas a los torturadores, se menosprecian los trabajos para avanzar en la verdad –como el encargado por Lakua al equipo del forense de Paco Etxeberria que documentó 4.113 casos– y se cercenan leyes como la del Parlamento de Gasteiz para que no se avance ni en la verdad, ni en la justicia; muy lejos, por tanto, la reparación que exige la ONU al Estado español para Gorka Lupiañez.

A pesar de la resistencia numantina del Estado a reconocer la existencia de tortura, la evidencia se va abriendo camino. Es necesario seguir perseverando hasta que las víctimas de la tortura logren verdad, justicia y reparación.