Muertos por negligencia médica y política

Una media de 100 a 150 presos mueren al año en las cárceles del Estado español. Es una cifra aterradora. Las autoridades suelen despachar esas defunciones con el apelativo de «muerte natural», cuando no hay nada más antinatural que fallecer en prisión. Morir privado de libertad y alejado de tu entorno familiar no puede ser considerado algo normal en un Estado de derecho. En todo el mundo la vida y la muerte en las cárceles son indicadores de primer orden de la cultura democrática de un Estado, de la relación entre una sociedad y los derechos humanos.

El año pasado, la muerte del preso político vasco Kepa del Hoyo por «rotura de corazón» fue catalogada por el Gobierno del PP como una más de estas muertes fortuitas. Según ellos, estas muertes no guardan relación alguna con el régimen penitenciario español ni con las condiciones de vida a las que castiga a los presos vascos. Sin embargo, según recoge el informe elevado a la ONU por la asociación médica Osabideak, el preso de Galdakao sufrió un infarto cinco días antes de fallecer. Los servicios médicos de la cárcel de Badajoz lo diagnosticaron como un ataque de ansiedad, pese a que los síntomas indicaban claramente que se trataba de un infarto. Una dolencia que, si es bien diagnosticada y tratada, tiene una tasa de supervivencia del 97%. Los informes anatomopatológicos posteriores confirmaron ese infarto previo, pero estos tampoco fueron tenidos en cuenta por el Juzgado que archivó la investigación; ni siquiera esperó a ellos. Por todo ello, la compañera y el hijo del preso vasco han presentado una reclamación a Instituciones Penitenciarias por «negligencia médica».

Desasistencia, negligencia, desidia y negacionismo se suceden en la muerte de Kepa del Hoyo. Frente a esa visión vengativa de las autoridades españolas, la sociedad vasca volverá a defender hoy en Donostia que la excepcionalidad con los presos y presas vascas debe terminar, empezando por la liberación urgente de los enfermos.

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