Por Izadi, por su padre y por la pura decencia

En un momento y un país en que víctimas de una violencia impune remarcan que solo buscan verdad, otras víctimas de otra violencia que sí han visto perseguidos y castigados a sus victimarios exigen perdones y delaciones más allá de lo legal. La brecha entre la posición de las personas torturadas comparecientes el sábado en Iruñea y la de ciertas víctimas de ETA que reclaman castigos extras como la supresión del tercer grado no puede ser más abismal. A los poderes públicos les correspondería tapar esa grieta, comenzando por dar a todas las víctimas el mismo trato. Lejos de ello, hoy es el día en que entes como la Fiscalía, el llamado Ministerio Público, hacen oídos sordos a las llamadas de los primeros mientras se prestan a hacer de ariete ejecutor de las pretensiones de venganza de las segundas. La retorcida novedad de exigir peticiones de perdón para acceder al tercer grado solo puede leerse como tal, porque, yendo al fondo del asunto, ¿a quién satisface o repara un perdón impuesto bajo amenaza?

Otras instituciones que se sienten garantes de los derechos humanos no deberían colaborar, ni permitir, ni callar ante algo tan incalificable. Y menos aún si, como en el caso de Iñigo Gutiérrez, se toma como rehén a una niña de tres años. Si los protagonistas del chantaje no se llamaran Covite o Fiscalía o Audiencia Nacional, no cabe duda de que las entidades en defensa del menor intervendrían. Igual que instituciones contra la violencia machista hubieran actuado hace ocho días, al escuchar el testimonio de una agresión sexual detallada en público; si no movieron un dedo fue solo porque el relato se oyó en la AN y la agresión se perpetró en un calabozo. Resulta terrible constatarlo.

Sería erróneo pensar que con la reversión de segundos grados se está librando un pulso entre el Estado y EPPK en torno a los límites de la vía legal. Esa embestida ya tiene hoy como víctima a Izadi, pero también a su aita Iñigo, pero también a la legalidad, y también a los derechos humanos... Afrontarla no puede ser labor de un preso, sino que es misión de una sociedad y sus instituciones.

Bilatu