La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, y la secretaria de Acción Social, Bea Martxueta, han expuesto en una rueda de prensa la opinión del sindicato abertzale sobre el proyecto de presupuestos del Gobierno autonómico para el próximo año y han dado a conocer un informe sobre estas cuentas públicas.

LAB indica en su estudio que, de cumplirse las previsiones presupuestarias, el peso del sector público de la CAV supondrá en 2019 alrededor del 14,8% del PIB, «el mismo» que alcanzó el gasto ejecutado en 2013, el año de «los primeros presupuestos de Urkullu» y que «también fueron vendidos como ‘los más sociales de la historia’», según ha subrayado el sindicato.

«El esfuerzo económico del Gobierno, medido como porcentaje de riqueza generada que se dedica a financiar las políticas de gasto, permanece invariable desde entonces, pero marca una evidente tendencia descendente si retrocedemos hasta 2009», critica LAB en su informe.

Aranburu ha considerado que los presupuestos de Lakua para el próximo año «no son sociales» ni tampoco «soberanos» dado que suponen «cumplir con el techo de gasto y dar prioridad al pago de la deuda por encima de la prioridad social».

La secretaria general de LAB ha reclamado medidas paras «dignificar el empleo», como un «mayor compromiso» para «atajar la brecha salarial» y el establecimiento de un salario mínimo de 1.200 euros.

Ha considerado «totalmente insuficiente» la subida salarial del 2,25% prevista en los presupuestos para los empleados públicos, dado que, según los datos de LAB, la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años supera el 13 por ciento.

Aranburu ha señalado que es necesaria una nueva política fiscal, que no se aplica porque, a su juicio, Lakua «no quiere enfrentarse con la patronal y la élite económica», y ha reclamado también «otra política industrial que evite el goteo de cierre de empresas, como el de La Naval».

LAB ha pedido también más inversión en sanidad y educación, dado que el proyecto presupuestario del Ejecutivo estipula gastos, respectivamente, del 4,8 y del 3,5  en estas materias en relación con el PIB, porcentajes «por debajo de los parámetros europeos y muy por detrás de los países más avanzados en política social».