El Parlamento de Gasteiz aprobó en 2016 la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la CAV entre 1978 y 1999, conocida con la Ley de abusos policiales, pero varios de sus artículos fueron recurridos por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional.

Con la ley paralizada, el Gobierno de Pedro Sánchez acordó con el Ejecutivo de Urkullu la retirada del recurso de inconstitucionalidad a cambio de que se introdujeran en un nuevo texto normativo varias modificaciones que dejaran claro, entre otras cuestiones, que su objetivo «no es buscar responsabilidades de esos abusos, sino resarcir asistencialmente a los afectados».

PNV y PSE, socios en el Gobierno de Lakua, han llevado al pleno del Parlamento de Gasteiz una modificación de la ley con los cambios requeridos por el Ejecutivo de Sánchez y la Cámara ha autorizado su tramitación gracias al apoyo de ambos partidos y de Elkarrekin Podemos.

EH Bildu se ha abstenido en esa sesión plenaria porque considera que la modificada ley ha sufrido un «cepillado» respecto a la norma original para «aplacar» a las FSE mientras que el PP fue el único grupo que ha votado en contra de su tramitación porque opina que su contenido «carece de acomodo constitucional».

Los grupos de la oposición han presentado 28 enmiendas al proyecto de ley, 17 de ellas de EH Bildu, 6 de Elkarrekin Podemos y 5 del PP que se han votado en la ponencia constituida para este debate en la Cámara y que han sido rechazadas principalmente por los votos en contra del PNV y PSE.

Ninguno de los representantes de los grupos que han participado en la ponencia ha querido hacer declaraciones al término de la reunión.

A partir de ahora se elaborará el dictamen de la ley que será aprobado el 15 de marzo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y posteriormente el texto se llevará al pleno del Parlamento para su aprobación.