Se trata, ha dicho, de un asunto al que «el Gobierno viene dándole vueltas desde hace días» y sobre el que «ha concluido que no puede ahora mismo» resolverlo por decreto ya que afecta a una ley, la de incompatibilidades, que es de mayoría absoluta y «las Cortes están disueltas».

Por eso, «salvo que el Parlamento habilite otra fórmula», ha precisado que la vía para zanjar la polémica que ha surgido en torno a este tema deberá ser «en sede parlamentaria» en «la próxima legislatura», ya que ahora solo funciona la Comisión Permanente de la Cámara.

Al respecto ha comentado en conferencia de prensa que «vistas las reacciones políticas y la reacción social, compartida desde el Gobierno», el gabinete de Uxue Barkos entiende que merece la pena «estudiar la vía para revertir esta situación».

Según Solana, el incremento del complemento del 10 al 25 por ciento del suelo de los exaltos cargos es una cuestión «sobrevenida» ya que debía «revertirse con urgencia» la prórroga de la jubilación forzosa hasta los 70 años acordada en 2012 por la crisis, y en ese mismo marco entró la reversión del recorte de este complemento.

Ahora, ha dicho, «parece que hay una mayoría clara de acuerdo para eliminar estos complementos» y el «Gobierno no tendría problema en que desaparezca», por lo que ha añadido que el Ejecutivo estará «expectante para ver cuáles son las propuestas que consiguen acordar las fuerzas políticas presentes en el Parlamento, que entendemos que harán lo que esté en su mano».

En este sentido ha subrayado que si llega el momento de tener que votar una modificación de la ley para «erradicar» este complemento es de esperar que haya «unanimidad oídas y vistas las posiciones» de los distintos partidos.

En todo caso, la portavoz ha querido subrayar que en 2018 hubo una modificación de la ley de incompatibilidades «y ninguna de las formaciones que hoy muestran preocupación por esta cuestión advirtió que este complemento estaba presente en la ley» y «ninguna decidió ni propuso eliminarlo».

«Parece que nadie ha analizado con la debida atención el contenido exhaustivo, concreto y detallado del paquete (de medidas) que se estaba revirtiendo», ha señalado Solana, y añadido que dado que nadie dijo nada el año pasado sobre este completo tampoco queda claro »si todos están de acuerdo en eliminarlo o si creen que hay que reducirlo o acotarlo y que solo merecen cobrarlo unas personas y otras no».

Y ha aseverado que «lo claro y lo óptimo es que el complemento desaparezca, si todo el mundo está de acuerdo como dice estar», ya que renunciar a él tendría la consideración fiscal de «donación» y por lo tanto «habría que tributar», y así podría «costar dinero haber sido un alto cargo», por lo que también por esta circunstancia «es mucho más limpio eliminarlo de la ley».

María Solana ha considerado por último que «llama la atención» que se hable de personas que pasarían a cobrar este complemento próximamente «cuando puede que no lo tengan que cobrar porque sigan ejerciendo sus funciones en el Gobierno».