Naiz

Declarado nulo el contrato de recogida de residuos de Iruñerria

El Tribunal Administrativo de Contratos de Nafarroa ha resuelto la nulidad del pliego y del procedimiento sobre el contrato de recogida de residuos para Iruñerria de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (SCPSA) adjudicado en 2014.

Un tribunal ha declarado nulo el contrato de recogida de residuos de Iruñerria. (Jagoba MANTEROLA/FOKU)
Un tribunal ha declarado nulo el contrato de recogida de residuos de Iruñerria. (Jagoba MANTEROLA/FOKU)

Según informa la Mancomunidad de Iruñerria, dicho contrato, planteado para cuatro años y hasta seis más prorrogables año a año, fue adjudicado en 2014 a FCC y dicha adjudicación fue recurrida por la empresa Urbaser ante el Tribunal de Contratos. Este tribunal emitió el 18 de febrero de 2015 una resolución que declaraba nula la adjudicación.

La resolución del Tribunal de Contratos fue recurrida por Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (SCPSA) ante la Sala de lo Contencioso– Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa.

En septiembre de 2018, el Tribunal de Justicia de Nafarroa estimó parcialmente dicho recurso y estableció que el Tribunal de Contratos incumplió la ley al omitir la fase de alegaciones a las partes.

Con esa sentencia, el Tribunal de Contratos debía retrotraerse a aquel momento y facilitar que SCPSA pudiera ejercitar su defensa, para lo que emitió las alegaciones correspondientes, según la citada fuente.

En el acuerdo, el Tribunal de Contratos reitera la «nulidad del procedimiento por indefinición de las mejoras y por la arbitrariedad en la valoración de las ofertas en materia de innovación energética».

Aunque en el resto de cuestiones el acuerdo da la razón a SCPSA, el acuerdo del tribunal vuelve a resolver la nulidad del pliego y del procedimiento, lo que implica el reinicio del proceso.

El acuerdo es firme en la vía administrativa, pero puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa en el plazo de dos meses.

Según avanzan, los servicios jurídicos de MCP/SCPSA analizarán todos los extremos de este acuerdo para determinar las acciones que, en su caso, se pudieran emprender.