Los criadores de renos de Laponia, en alerta contra los parques eólicos

Son criadores de renos asentados a ambos lados del círculo polar ártico que ven amenazados sus tradicionales medios de vida y su singular cultura y tradiciones. Son samis que pelean judicialmente contra uno de sus mayores enemigos actuales: los parques eólicos a gran escala.

En la cima de una montaña, los hermanos Jama se mueven entre turbinas eólicas que se extienden hasta donde llega la vista, en un terreno que habitualmente utilizaban para que sus animales pasten en invierno. Con cambio climático o sin él, para estos criadores de renos las turbinas tienen que desaparecer. «Antes, el área era perfecta para nuestros renos. El lugar era inmaculado, no había sufrido la actividad humana. Ahora, todo ha quedado arruinado para muchos años», se lamenta Leif Arne, el más joven de los hermanos, junto a su vehículo todoterreno.

A ambos lados del círculo polar ártico, miembros de la minoría sami del norte de Europa se oponen con vehemencia a los parques eólicos a gran escala y otros proyectos de infraestructura «ecológica», que amenazan sus medios de vida e invaden sus tradiciones ancestrales. Consideran qu se trata de la clásica historia de David y Goliat. Y la minoría sami tal vez puede ganar al final.

En un veredicto revolucionario dado a conocer en octubre, la Corte Suprema noruega decidió que dos parques construidos en la península de Fosen (este de Noruega) violaban los derechos de seis familias sami, entre ellas la de los hermanos Jama, y les impedían practicar su cultura, contraviniendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.


Con otras cuatro instalaciones vecinas más pequeñas, Storheia y Roan constituyen el mayor parque eólico terrestre de Europa, con una capacidad total de 1.057 MW, suficiente para suministrar energía a más de 170.000 hogares.

Los 11 jueces de la Corte Suprema declararon inválidos los permisos operacionales y las autorizaciones de expropiación para la construcción de 151 turbinas eólicas. Pero no hicieron ninguna referencia a lo que pasará ahora con la infraestructura. Para los hermanos Jama, cuya familia se ha dedicado a la cría de renos durante generaciones, no hay duda alguna: «Esas turbinas eólicas deben ser desmanteladas».

Los Jama dicen que el parque eólico Storheia, terminado en 2020, los priva de los tres terrenos de pastoreo de invierno que usan de manera alternativa. Los renos son nómadas que se mueven según la estación del año en busca de líquenes, su principal fuente de nutrición, especialmente en invierno. Si son perturbados por las turbinas, van a buscar a otra parte.

Ni un reno a la vista

Con su lazo atado al hombro, el mayor de los hermanos, John Kristian, observa con sus binoculares el vasto horizonte cubierto de nieve. Ni un reno a la vista. «Es imposible para el reno venir aquí ahora, con todas las perturbaciones provocadas por el giro permanente de las turbinas, que los asustan. Y, además, hacen mucho ruido», comenta. «También hay estacionamientos, carreteras, cruces de caminos... La naturaleza ha quedado aquí destruida completamente. Ya no quedan más que rocas y guijarros», añade.

Antes de la decisión de la Corte Suprema, un tribunal inferior había recomendado que la pérdida de terreno podía ser compensada financieramente para que los criadores pudiesen comprar forraje para sus animales. Ellos rechazaron esa opción. «Los renos deben encontrar ellos mismos su alimento. Si se les suministra, ya no será un pastoreo tradicional», argumenta Leif Arne.

Si no se hace nada, la falta de tierras de pastoreo significa que la familia Jama tendrá que reducir el tamaño de su rebaño, cuya exacta magnitud no revelan públicamente porque «sería como difundir en la radio cuánto dinero tiene uno en el banco». A los 55 años, Leif Arne lucha ahora para llegar a fin de mes con sus ingresos. Dijo al tribunal que su negocio dio un beneficio de unas 300.000 coronas (30.000 euros) en 2018. Reducir el rebaño amenaza la viabilidad de su trabajo.


Mientras tanto, las turbinas eólicas siguen girando a pesar de la decisión judicial. «Tomamos la decisión de la Corte Suprema muy en serio (...) Nosotros, por supuesto, queremos rectificar la situación», afirma Torbjorn Steen, portavoz de Fosen Vind, el consorcio que opera la mayor parte de los parques eólicos. «El siguiente paso es definir las condiciones de operación que garanticen que podemos hacer funcionar las turbinas sin perjudicar los derechos de los criadores o amenazar su rebaño. La prioridad para nosotros es dialogar con los criadores», agrega.

Dilema dantesco

El Estado noruego, principal accionista del criticado proyecto a través del grupo energético estatal Statkraft, se encuentra en aprietos. ¿Cómo hace para respetar la decisión legal y proteger los derechos de los sami sin comprometer sus enormes intereses económicos ni atrasar aún más su transición verde?  Las seis plantas eólicas tienen un valor de más de 1.000 millones de euros).
 Storheia y Roan produjeron más de 20% de la energía eólica producida en Noruega en 2020, según Fosen Vind.

De momento, el ministerio de Petróleo y Energía, que otorgó las concesiones, ha dicho que se necesita más información. «No hemos decidido si las instalaciones pueden permanecer parcial o totalmente», afirma la ministra Marte Mjos Persen. Esto ha provocado frustración en la comunidad sami, que ve el retraso como una maniobra dilatoria que permite seguir operando las turbinas, o incluso como una forma de evadir el veredicto.

«El Estado debe reconocer que se han cometido errores graves los últimos 20 años, y lo puede hacer pidiendo disculpas», comenta Silje Karine Muotka, presidenta del Sameting, el parlamento de los sami noruegos. «Y tiene que seguir con acciones concretas: el permiso de operación debe ser cancelado, las turbinas deben ser desmanteladas y la zona tiene que ser restaurada, replantada y devuelta a los criadores», declara.

Cada día que pasa, Sissel Stormo Holtan, una criadora de 40 años, pierde un poco más de fe en el sistema legal. Esta mujer se enfrentó al parque eólico Roan y ganó, o al menos eso creyó. «Nada ha cambiado pese a que ganamos. Es extraño, como comenzar una nueva pelea otra vez, y es injusto», lamenta, mientras lanza puñados de liquen a un joven reno huérfano que ha domesticado.


Sissel confiesa estar cansada de escuchar a las autoridades hablar de un «proceso» largo.
 «Cuanto antes las quiten, antes podremos volver a usar la zona», indica, aunque admite que no se ve a sí misma usando el área. «Tal vez, mi hija o mis nietos la puedan usar».

Derecho de veto

Los sami –antes conocidos como los lapones, un término ahora considerado peyorativo– son una minoría indígena de unas 100.000 personas que tradicionalmente han vivido de la ganadería con los renos y de la pesca. Establecidos en áreas del norte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, la comunidad tiene un pasado doloroso.

Fueron sometidos a brutales esfuerzos de asimilación en el siglo XX, y la tierra que han trabajado durante generaciones tiene actualmente proyectos de energía, minería y turismo. Antes de Storheia y Roan, otros parques eólicos fueron construidos en sus tierras, y otros están en construcción o planeados.

Como Quijotes modernos, los sami se enfrentan a los molinos de viento. El Consejo Parlamentario Sami, que agrupa a sus parlamentos comunitarios de Noruega, Suecia y Finlandia, exige alguna forma de derecho de veto para proyectos futuros. Cualquier planta eólica deberá ser aprobada por los pobladores locales sami y sus autoridades electas o será suspendida, manifiesta una declaración adoptada en enero de 2021.

Tras reconocer que «el cambio climático es un tema serio que impacta a la sociedad sami», el consejo sostuvo que «las medidas adoptadas para limitar el cambio climático no deben tener un impacto negativo sobre la cultura y condiciones de vida de los pueblos indígenas». Según muchos observadores, la decisión de la Corte Suprema de Noruega podría marcar un precedente legal que afectará a otros proyectos de infraestructura en territorios sami de ese país y sus vecinos.
 «Otras empresas deberán pensarlo dos veces antes de iniciar un proyecto sin verificar primero su legalidad en los tribunales», anticipa Susanne Normann, investigadora del Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente de la Universidad de Oslo.

El tema repercute en toda la región nórdica. En Finlandia, que aspira a convertirse en líder mundial en la producción de baterías eléctricas, los proyectos mineros preocupan a los sami. Actualmente, tienen en la mira dos permisos de prospección otorgados en la tundra cerca de la aldea noroccidental de Enontekio, una región conocida por sus impresionantes parajes y que se considera rica en depósitos minerales.

Alarmados por el daño ambiental que la minería ha causado en otras partes de Finlandia, los sami recogieron más de 37.000 firmas en 2020 para apoyar una petición de protesta contra las autoridades por no haber consultado a los pobladores locales ni haber realizado estudios de impacto sobre el pastoreo de renos.


«Doble castigo»

Instalados principalmente en el Ártico, una región que se calienta tres veces más rápido que el resto del planeta, los sami son testigos de primera mano del cambio climático. «Quienes hemos vivido y trabajado aquí toda nuestra vida vemos cómo la vegetación cambia, la línea de árboles se mueve, el permafrost se derrite. Vemos nuevas especies de insectos y plantas», afirma Matti BlindBerg, un criador de renos cerca de Kiruna, en el norte de Suecia.

Las temperaturas suben y bajan de manera brusca ahora, alternando períodos de frío y deshielo que forman capas gruesas de hielo en el suelo, lo que impide a los renos alcanzar el liquen que suelen excavar bajo la nieve con sus patas.


Esto también ha desatado la rivalidad entre los criadores por los terrenos para pastar. En ese contexto, a veces explosivo, el uso de la tierra enfrenta una enorme presión de los parques eólicos, los depósitos de cobre y minerales de tierra rara –todos muy cotizados ahora que el mundo se vuelca a la energía eléctrica– y los bosques plantados para obtener biocombustibles. «Entiendo perfectamente que necesitamos una transición verde, soy el primero en apoyarlo» –insiste Blind Berg–, pero me parece extraño que una transición verde deba hacerse a expensas de la naturaleza».


En opinión de Susanne Normann, el cambio climático es un «doble castigo para los pueblos indígenas». «No solo están entre los pueblos más expuestos al cambio climático, sino que, además, deben pagar el precio en forma de parques eólicos y represas hidroeléctricas en sus territorios en nombre de la lucha contra el calentamiento global», afirma. Y termina con una pregunta: «¿Dónde está la justicia, cuando sabemos que ellos son muy poco responsables del problema?».