Ministerio de Consumo

En el ámbito de la defensa y protección de la persona consumidora la noticia ha sido celebrada. Y es que, tras más de 30 años huérfanos, el nuevo Gobierno del Estado español cuenta con una cartera enterita para hacer y deshacer medidas y mecanismos ya pasados o futuros que frenen, sancionen y controlen el pan nuestro de cada día. A priori es todo un logro. Le damos cien días de crédito para ver con qué tipo de mimbres contará, porque la tarea es muy difícil.

Hasta ahora, como personas consumidoras, lo hemos pasado francamente mal ante el poderío de la Banca, la telefonía, las eléctricas, las aerolíneas o la obsolescencia programada, entre otro montón de cosas, de las grandes empresas cada vez más “multinacionales”. Ante el sentimiento de desamparo sufrido por las miles de víctimas de fraudes, abusos y defectos de fabricación (unos intencionados y otros mal controlados) ha habido que recurrir a instancias judiciales y, para mayor inri, a las instituciones europeas. Todo un despropósito mayúsculo a nivel estatal y de las llamadas autonomías, que eliminaron sus departamentos de Consumo por aquello de que el mundo se globalizaba y las empresas también.

Equilibrio y control. Toca a las administraciones públicas un verdadero control de mercado para poner freno a la venta de productos inseguros, de claúsulas ilegales en los contratos, abusos bancarios o descontrol en los precios de suministros de primera necesidad, como la electricidad y el gas. Equilibrio entre las partes, diríamos, para evitar el gran número de reclamaciones, y sobre todo la tendencia a judicializar los casos de uno en uno por poner las cosas complicadas al colectivo afectado con la misma epidemia.

Ciertamente está difícil, porque a las políticas sociales les pasa como a los gatos que nadie se atreve a ponerles cascabel, pero no imposible. Es cuestión de gestionar bien los recursos quitando de aquí e invirtiendo allí, porque de poco sirve la formación en consumo si nos llueven los problemas o la abundancia de leyes sin hacerlas cumplir. Con un Estado democrático no basta con parecer, también hay que ser.