Perú, un conflicto sin resolver

La cita es en el Parque de la Exposición, situado en el centro de Lima, un pequeño oasis de tranquilidad en medio del alboroto incesante de esta metrópoli latinoamericana. «La otra compañera ya nos está esperando dentro», informa Lina a la entrada del recinto. Maestra de apenas 20 años, la joven vive en Callao, un barrio popular que bordea el océano Pacífico, al oeste de la capital. Es la encargada de organizar la entrevista con una responsable de la organización a la que también pertenece, el Movadef (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales). No ha sido fácil contactar con ellos, sus miembros son prudentes. «Soy Estela Flor Guillermo Álvarez y soy la subsecretaria nacional de la organización», anuncia la segunda persona al reunirse con nosotros. Una vez acomodadas en el césped, las dos mujeres inician la ronda de preguntas: «¿Usted de dónde viene?», «¿para qué medios trabaja?», «¿cómo nos contactó?».

Su cautela no es de extrañar. Fundado en 2009, el Movadef es un movimiento político vector de numerosas polémicas en Perú y vigilado por las autoridades. «Seguramente hay alguien observándonos aquí en el parque», comenta riéndose Estela. Semejante atención por parte del aparato policial se explica por la presencia, en la organización, de exprisioneros del grupo armado Sendero Luminoso, de sus familiares y abogados. «El Movadef surge de esa necesidad de resolver el problema de la reinserción de los presos –explica Estela–. Si para el pueblo los derechos eran ya constreñidos, para los que salían de prisión y querían reincorporarse los derechos eran doblemente constreñidos». Organización maoísta resultante de numerosas fracciones dentro del movimiento comunista peruano, el Partido Comunista de Perú-Sendero Luminoso (muchas veces simplemente denominado «Sendero») fue el principal actor insurgente durante la guerra interna que sufrió el país entre 1980 y finales de los 90. Creado por un grupo de universitarios, entre ellos el profesor de filosofía de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (ciudad de Ayacucho) Abimael Guzmán Reynoso, el grupo clandestino llevó a cabo una poderosa guerra de guerrilla durante más de una década a través de todo el territorio. La situación de pobreza y desigualdad que asolaba el país facilitó su expansión hasta incluso otorgarle la posibilidad de cercar la capital mediante su implantación en las barriadas populares de la periferia. A los atentados de los guerrilleros, le respondió una brutal y ciega represión de las fuerzas militares, incapaces de detener a un enemigo invisible. Torturas, masacres y desapariciones forzadas llenaron las cárceles y fosas comunes del país.

«El Movadef no es Sendero Luminoso», afirma con contundencia Estela. «Sin embargo, nos criminalizan por nuestra voluntad de hacer política. En 2010 decidimos inscribirnos como partido, pues cumplíamos con todos los requisitos del Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a número de firmas presentadas, incluso con excedentes». No obstante, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó la inscripción del Movadef argumentando que el movimiento «adopta un principio –marxismo-leninismo-maoísmo-“pensamiento Gonzalo”– cuyo seguimiento implica actos violentos contrarios a la Constitución Política del Estado». El “pensamiento Gonzalo” hace aquí referencia al apodo que tenía el dirigente Abimael Guzmán dentro de la organización: “Presidente Gonzalo”. «Hasta maoísmo no hay problema», ironiza Estela, reconociendo dicha guía ideológica como la base del Movadef. «La propia Constitución otorga la libertad de pensamiento y aquí todos se dicen demócratas, que nos dejen entonces presentarnos y en todo caso que nos castigue el pueblo, que no saquemos ni un solo voto», añade.

La detención de Abimael Guzmán y gran parte de la cúpula dirigente en septiembre de 1992, suele ser vista como el golpe final dado a la organización. Esta quedaba decapitada y dejaba detrás de sí a miles de detenidos en las cárceles peruanas, entre los cuales se encontraba la propia Estela. «A mí me detienen siendo dirigente estudiantil en la Universidad. Salgo de la cárcel en el año 2000 y pienso: ¿qué hago con mi vida? De allí regresé a estudiar para acabar mi carrera y después de un concurso público obtuve el título de maestra». Profesión que ejerció durante doce años hasta que, en 2017, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski aplicó la Ley 29988 que dejaba «inhabilitado de manera definitiva» a los docentes implicados en «delito de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas». «Me expulsaron del trabajo por ser una antigua presa, a mí y a otros», comenta indignada la dirigente. Hoy, Estela trabaja como vendedora ambulante en las calles de la capital para poder sobrevivir.

En los últimos diez años, una serie de leyes han venido recortando los derechos de los exprisioneros acusados de «terrorismo». A la prohibición de ocupar cualquier oficio en el sector público, se le suma la imposibilidad de estudiar en las universidades estatales y de presentarse a elecciones populares. Más aún, se otorga la posibilidad al Estado, desde 2018, de suspender la «Patria Potestad» a quienes han sido vinculados con el delito de «terrorismo». «Es decir, que si tengo un hijo o una hija, me la quitan», explica Estela con seriedad. Estas medidas de exclusión de los antiguos prisioneros del grupo armado son el resultado de una particularidad del conflicto peruano. En este, a diferencia de muchos otros en América Latina, no hubo negociación entre las dos partes beligerantes para poner fin a la guerra. No se hizo ningún desarme ni hubo un proceso de paz. En Perú, los insurgentes fueron totalmente derrotados. No solamente en el plano militar, sino también en el plano ideológico. Símbolo de ello, el mismo término de «conflicto interno» no es reconocido por muchos sectores mediáticos y políticos, sino que hablan de la «época del terrorismo». Elemento de lenguaje que denuncia el Movadef: «Desde el punto de vista de los que se atrevieron a levantarse, obviamente, no se consideran terroristas», comenta Estela.

Cerrar las heridas. La creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación en 2001, cuyo informe fue presentado en 2003, no satisface a la militante. Conformada por trece miembros designados por el Consejo de Ministros, dicha comisión evaluó el número total de muertos y desaparecidos durante el conflicto a 69.280 personas. De estas víctimas, el 46% habrían sido provocadas por Sendero Luminoso, según el informe. «El Estado nombró quién iba a conformar la Comisión de la Verdad», critica Estela.«¡Pero si los que se alzaron en armas lo hicieron contra el Estado! Esto ha sido una Comisión de la Verdad de parte». Usado como espantapájaros en los medios, el fantasma de Sendero Luminoso es constantemente vinculado a la organización, cuya bandera principal es la amnistía general para el antiguo líder guerrillero y los demás presos. «No solamente los subversivos, sino también para los militares y policías», añade Estela. «Como toda guerra civil, el conflicto peruano ha conllevado una serie de heridas abiertas y nosotros pensamos que con una amnistía general se podrá dar por cerrado este capítulo».

Hacen falta nueve horas de viaje por carretera para alcanzar la ciudad de Ayacucho desde Lima. Ubicada a poco más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, la localidad atrae numerosos turistas debido a sus festividades y carnavales tradicionales. En su Plaza Mayor, bañada por el sol ardiente de las alturas, luce la estatua del Mariscal Sucre, héroe de la Batalla de la Ayacucho donde las tropas independentistas derrotaban por última vez a las tropas españolas en 1824. En homenaje, la ciudad tomaba ese nombre al año siguiente. Sin embargo, muchos de sus habitantes siguen usando la antigua apelación para referirse a ella: Huamanga. En las calles alejadas del centro, junto a un antiguo edificio religioso, se distinguen letras pintadas en rojo en la pared. Aunque desgastados por el tiempo y el sol, los mensajes se leen sin mayor dificultad. «Viva pensamiento Mao Tse Tung». En otro, la hoz y el martillo acompañan las siglas «PCP» (Partido Comunista de Perú). Vestigios que recuerdan al visitante que aquí empezó todo.

«En 1965, el Gobierno de Belaúnde recorta el presupuesto de la Universidad de Ayacucho, eso fue el punto de partida», cuenta Magno Ortega Quispe, líder político de izquierdas e histórico militante de la ciudad. En consecuencia, en 1966 se crea el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho –«el primero en todo el país», afirma Magno– para organizar la lucha en torno a la Universidad. En 1969, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado (en el poder desde 1968) elimina completamente la gratuidad de la enseñanza a nivel nacional. «El Frente de Defensa agarra entonces esa bandera pero frente a la ausencia de diálogo por parte del Gobierno se inician mítines y huelgas en Ayacucho y Huanta (ciudad vecina)». En respuesta, una gran redada es organizada en la madrugada del 21 de junio de 1969, donde «casi el 99% de los dirigentes del Frente son apresados». Entre ellos, el profesor de universidad Abimael Guzmán. «Clandestinamente planificamos un paro regional para intentar impedir el traslado de los presos a Lima. Hay enfrentamiento con la Policía, que pierde el control, la lucha se generaliza y se producen muertos», recuerda Magno. No se supo cuántas personas fallecieron aquel día. Una década más tarde, Sendero Luminoso iniciaba su «guerra popular» contra el Estado peruano. Paralelamente, la izquierda institucional obtenía unos resultados históricos, en torno a la formación Izquierda Unida. Dicha agrupación llegó incluso a colocar un candidato, Alfonso Barrantes, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1985, frente a Alan García.

«En ese momento, toda la izquierda visualiza la posibilidad de la lucha armada, no solo Sendero. Teníamos el ejemplo de Chile, con el golpe de Estado contra Salvador Allende, que nos demostraba que la vía pacífica no era posible. ¡Este era el debate!», afirma Magno. En consecuencia, toda la izquierda fue asimilada a la insurgencia y golpeada por el aparato represivo del Estado. El 5 de abril de 1992, el neoliberal Alberto Fujimori –elegido presidente de Perú dos años antes– realiza un denominado «auto-golpe» durante el cual disuelve el Parlamento e impone una fuerte censura a la prensa. Justificando la operación por la necesidad de combatir «el terrorismo» de los grupos guerrilleros, Fujimori aceleró las medidas económicas liberales y dejó las manos libres al Ejército para reprimir. La represión aumentó.

Magno Ortega Quispe no fue guerrillero. Sin embargo, su activismo dentro de la ciudad lo puso en la mira del Ejército. Después de varios años exiliado, volvió a Ayacucho y tomó la dirección del Frente de Defensa hasta 2019. En enero de 2020, fue candidato a las elecciones congresales por el Frente Amplio, sin llegar a obtener el curul. Un paso hacia la política institucional que no fue bien visto por todos sus compañeros de militancia. «Hubo sectores dentro del Frente que no apoyaron esta iniciativa, para evitar conflictos decidí salirme», explica. Los sectores a los que mi interlocutor se refiere son los miembros del Movadef. «Nosotros estamos en contra de que el Frente de Defensa sirva de trampolín para cualquier candidato porque esta organización tiene otro papel», afirma sin vacilar Roberto Quispe León, secretario regional del Movadef. «Estas elecciones solo tenían como objetivo legitimar el sistema en crisis, no hay nada nuevo». En 2018, el presidente Kyczynscki dimitía por casos de corrupción, sumándose a la lista de antiguos mandatarios peruanos con asuntos judiciales pendientes. En consecuencia, su vicepresidente Martín Vizcarra tomaba posesión del puesto hasta las elecciones de 2021. Consciente del repudio general frente a los sucesivos escándalos políticos y de robo, este último disolvía el Congreso en 2019 con la esperanza de regenerar la vida institucional y convocaba a elecciones anticipadas, en enero 2020.

Represión contra el Movadef. «Dado el contexto, el Movadef llamó a boicotear el sufragio (en Perú el voto es obligatorio), lo que llamamos ‘viciar el voto’», sigue aclarando Roberto. De estatura pequeña, antiguo preso, el hombre trabajó como mecánico textil en Lima, en la fábrica La Unión hasta ser detenido en 1993. Hoy, ejerce de carpintero. «Vendo en las ferias los muebles que fabrico en mi casa». Sentado al lado de él, le acompaña Walter Palacios Sierralta, secretario provincial de la organización, quien también estuvo encarcelado «durante 21 años», dice. Detenido cuando cursaba sus estudios de Antropología en la Universidad de Huamanga, Walter nunca pudo acabar su carrera y trabaja hoy en día como cerrajero. «A los que hemos salido de prisión, que queremos llevar una vida normal, no nos dejan trabajar pero nos quieren cobrar », explica. A estos obstáculos se suman las detenciones de militantes del Movadef de manera repetida por su participación en acciones de la organización. En los medios se les presenta como el «brazo político de Sendero Luminoso», cuando, oficialmente, dicha organización ya no existe. «Llamar a viciar el voto no es terrorismo, no es delito», argumenta el joven Alexis. Todos ellos perciben el hecho de participar plenamente en el Frente de Defensa como la demostración de que el Movadef, en Ayacucho, es plenamente aceptado por la población. «Sufrimos estigmatización a nivel nacional, pero aquí, en Huamanga, estamos plenamente involucrados en la lucha del pueblo, y la gente nos conoce. El discurso contra nosotros no cuaja», concluye Roberto: Sin embargo, el Movadef es un actor político poco influyente dentro del escenario nacional. La marginalización orquestada por el Estado y el aparato mediático han conseguido arrinconarlo en un pequeño espacio dentro de una izquierda peruana ya en sí muy dividida. Pero su existencia es también reveladora de un síntoma importante: la ausencia de una política de reconciliación que permita superar las heridas del conflicto interno. Una tarea pendiente.