Plan frente a la crisis energética

Algo inédito de cara a la participación social en los temas que nos afectan radicalmente: los ministerios españoles de Transición Ecológica y el de Consumo han convocado a las organizaciones de personas consumidoras para mantener un diálogo abierto y permanente. Con este plan pretenden ir adaptándose a la realidad en cada momento, poniendo en valor la cercanía con las personas consumidoras de las organizaciones, rasgo que esperan que pueda reforzar la capacidad de comunicación y divulgación de las medidas en materia energética de manera directa y más efectiva que si el esfuerzo se hiciera exclusivamente desde las administraciones y empresas. 

En cuanto al contenido técnico del Plan de contingencia destaca la intención de incidir sobre la demanda para así reducir la dependencia del gas. Los objetivos climáticos ya nos habían colocado en un escenario de reducción de la demanda en el medio plazo, pero actualmente esta reducción se ha tornado un imperativo económico, urgente e imprescindible. Teniendo en cuenta este marco, las organizaciones consumeristas han presentado a los ministerios sus propuestas entre las que destacan las siguientes:

Una auditoría de precios de la electricidad, tanto en relación a la conformación de precios del mercado mayorista como a los costes del sistema para garantizar que se establecen con criterios transparentes, que permita identificar las causas que intervienen en las subidas de precios para, con este diagnóstico, llevar a cabo una intervención más certera en las medidas.  

Una revisión del mecanismo del bono social que sirva para adaptarlo a la realidad actual, en la que cada vez más personas están en situación de vulnerabilidad, en un contexto de inflación y crisis energética. Frente al enfoque asistencialista del bono social, se propone colaborar en la reforma del mercado regulado y su tarifa PVPC, como protección al consumidor frente a tarifas abusivas o poco claras y plantear una tarifa social que sustituya el estigma del bono social.