El eco inquietante de un pasado muy presente

Más allá de los esfuerzos que la gran mayoría de la sociedad y buena parte de los agentes sociales y políticos vascos mantienen desde hace tiempo para conducir a este país a un estadio de paz y democracia real, desterrando las expresiones más crudas del conflicto, 2024 ha puesto de manifiesto que los ecos del pasado todavía son capaces de alterar nuestras vidas y provocar incertidumbre, inquietud y dolor.

El año cuyo epílogo escribimos estos días deja, en concreto, tres noticias donde el desenlace puede ser interpretado en clave positiva pero cuyo cuerpo deja claro que queda maleza por desbrozar. Como un intento de embarrar el camino debe entenderse, por ejemplo, el juicio celebrado en el Tribunal Correccional de París contra Béatrice Molle-Haran y Txetx Etxeberri, que hace ocho años propiciaron en Luhuso, junto a otros artesanos por la paz, una acción que liberó las energías que posibilitaron el desarme de ETA.

La Fiscalía les reprochaba su participación en el acto que tuvo lugar el 16 de diciembre de 2016 en el caserío Errekarte de la citada localidad labortana, donde decenas de policías irrumpieron para encontrarse con un grupo de gente que, en torno a una larga mesa, se disponían a poner fuera de uso un lote de armamento. Aun frustrado por el operativo policial, aquel intento ejerció de catalizador de todo un movimiento civil que culminó con el desarme total de ETA en 2018.

Juzgar más de siete años después a los promotores de la iniciativa -otros han fallecido en este tiempo- solo se entiende desde una lógica de Estado revanchista, y la sentencia, en la que ambos fueron condenados pero sin recibir castigo, es magro consuelo.

SEA COMO FUERE, EL CASO LUHUSO YA ES HISTORIA.

También el de Bateragune. En este caso habían pasado más de catorce años desde la operación policial desarrollada en la sede de LAB en Igara, con firma de Baltasar Garzón y membrete de Alfredo Pérez Rubalcaba, hasta que en enero de este año el Tribunal Constitucional, aceptando el recurso de Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Rafa Díez Usabiaga, concluyera que no podían volver a ser juzgados, tal como pretendía el Supremo.

Aquella redada -en la misma operación fueron arrestados Rufi Etxeberria, Ainara Oiz, Amaia Esnal, Txelui Moreno y Mañel Serra, que quedarían en libertad tras pasar por la Audiencia Nacional- se produjo el 13 de octubre de 2009, apenas unas horas después de que la izquierda abertzale hiciese público un documento para impulsar un debate estratégico cuyo desenlace es de todos conocido y opuesto a lo que expusieron entonces los guionistas de la represión.

En este caso, sin embargo, el dato no mató el relato estatal, y los cinco militantes independentistas pasaron entre seis años y seis años y medio en prisión tras una condena declarada injusta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En esta tesitura, una postura diferente del Tribunal Constitucional habría sido el colmo del escándalo.

Escandalosa ha sido, asimismo, la doctrina aplicada por la Justicia española respecto al cómputo de las condenas cumplidas por los presos y presas vascas en otros estados, en concreto el francés.

Durante más de tres lustros los jueces españoles han desobedecido la decisión marco europea que unificaba el criterio de cumplimiento de condenas en el seno de la UE, estableciendo que las personas que hubieran pasado años de cárcel en un Estado deberían ver ese tiempo descontado si fueran encarceladas en otro. Desde 2008 a 2014, las autoridades españolas desoyeron el deber de trasladar ese precepto a sus legislaciones, y desde 2014 se valieron de una ley trampeada por la mayoría del PP en el Senado, donde se introdujeron dos coletillas que vaciaban de contenido el criterio europeo.

Esa trampa legal ha provocado que un gran número de presos hayan cumplido muchos más años de los que les correspondían. Algunos ya están libres, tarde, y otro medio centenar podría verse afectado por la reforma aprobada en octubre en el Congreso, que elimina ese doble cómputo de condena. Refrendada, no sin fuertes presiones en contra de la derecha política y mediática española.

En 2025 seguirá presionando, para condicionar esas excarcelaciones y retrasar todo lo que pueda el tránsito inexorable a un futuro mejor para Euskal Herria.