La movilización popular acusada de terrorismo

La empresa minera Southern Perú Copper anunció a fines de marzo la cancelación de su proyecto de explotación de cobre, Tía María, en la provincia Islay en la sureña región de Arequipa. El gerente de Relaciones Institucionales de la empresa denunció que la retirada del proyecto se debe al «terrorismo antiminero» y a la «falta de respaldo del Gobierno para garantizar la paz social». De inmediato la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, desmintió la noticia y luego autoridades de la empresa dieron marcha atrás.

Al parecer la jugada mediática de la empresa buscaba presionar al Gobierno para que se mostrara más duro con la protesta social que se resume en un mes de movilizaciones, cortes de rutas, toma de puentes y ocupación de plazas y calles. El 23 de marzo, los agricultores del Valle de Tambo, los principales damnificados si la mina de cobre se pusiera en marcha, iniciaron un paro indefinido contra el proyecto minero que ya lleva más de un mes. El principal reclamo es que el proyecto no cuenta con «licencia social», o sea que las comunidades locales no han dado su visto bueno al proyecto.

La empresa Southern Copper contempla la inversión de unos 1.400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estima en 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones, previsto para el próximo año. Southern pertenece al Grupo México, la tercera productora de cobre del mundo, que se benefició de la política de privatizaciones del presidente Carlos Salinas (1988-1994).

Los cables revelados por Wikileaks mostraron que incluso la embajada de los Estados Unidos en México considera que «varias dinastías de empresarios mexicanos que cada año figuran en la lista de multimillonarios de la revista Forbes deben sus fortunas a la privatización de empresas públicas emprendida por el ex presidente Carlos Salinas» (“La Jornada”, 14 de febrero de 2011). El cable de la embajada afirma, además, que «Salinas vendió más de mil empresas estatales, que iban de fundidoras a ferrocarriles. Desafortunadamente, en algunos casos, esas privatizaciones llevaron a la creación de monopolios privados, que beneficiaron a algunos empresarios y políticos».

El proyecto Tía María estuvo paralizado desde 2011 cuando las comunidades campesinas protagonizaran una protesta que dejó tres muertos y 44 heridos. Cuando se inició el paro indefinido, el Gobierno envió dos mil policías, mientras los campesinos cortaban las principales vías de la región como la Costanera Sur y la Panamericana Sur, bajo la consigna “Agro sí, mina no”. El Gobierno prorrogó la intervención de las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden interno hasta el 16 de mayo.

Llama la atención que ninguna autoridad del Gobierno haya mostrado indignación cuando un representante de la minera califica como terroristas a los campesinos y trabajadores que se oponen. La campaña mediática abunda en esa dirección y se ha llegado al extremo de que uno de los militantes antimineros, el exsacerdote Marco Arana, que dirige la ONG Grufides, fuera acusado de ser el continuador del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien purga cadena perpetua por terrorismo.

Calificar a los luchadores contra la minería como terroristas, sin que ninguna autoridad llame la atención a la empresa o decida encauzar al gerente por injurias es una pésima señal para las libertades de asociación, reunión y expresión en un país como Perú. Es un modo de dar carta blanca a los policías y militares que reprimen y de alentar a las propias empresas a que se «defiendan» del mentado «terrorismo».

Uno de los hechos que más indignó a la población del sur del Perú, donde la Southern Copper contamina desde hace más de 50 años, fue la difusión de un video que muestra cómo un policía «sembró» un arma a un campesino detenido para acusar a los manifestantes de violentos, algo que el Ministerio del Interior tuvo que reconocer (“La República”, 24 de abril de 2015).

La región latinoamericana es el primer destino de las inversiones de las multinacionales mineras. En Perú el 20% del territorio fue concesionado a empresas mineras, lo que multiplicó los conflictos socio-ambientales que provocaron la muerte de más de 200 manifestantes en la última década. En 2002 había apenas 7,5 millones de hectáreas concedidas a la minería, cifra que saltó a casi 26 millones en 2012. Algunas provincias andinas como Apurímac tienen el 57% de la superficie concedida a las mineras, afectando principalmente a las comunidades indígenas y campesinas.

La megaminería es una de las principales actividades en la región latinoamericana. Provoca conflictos sociales y ambientales porque avanza sobre las tierras agrícolas de los campesinos y contamina sus aguas. La minería es una de las principales formas de acumulación por despojo y ha generado más de 200 conflictos ambientales que afectan a más de 300 comunidades, siendo México, Perú y Chile los países más afectados.

Como señala Horacio Machado Aráoz, uno de los más destacados investigadores sobre la minería, en su libro “Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea”, «poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden». En tanto, los movimientos que se oponen «son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos» (“Buenos Aires”, Mardulce, 2014, p. 21).

Es importante destacar que lo sucedido en Perú con Southern Copper viene pasando en toda la región. La megaminería a cielo abierto provoca violencia y militarización, y lo hace porque estructuralmente es un modelo que necesita ocupar territorios, en los que establece relaciones verticales con las poblaciones, genera intervenciones políticas que consiguen adaptar las legislaciones y normas locales a sus intereses, lo que consigue por tratarse de grandes empresas con poderes asimétricos sobre naciones y pueblos.

El subcomandante insurgente Marcos ha definido el modelo actual como Guerra de Cuarta Generación, que está destruyendo a la humanidad porque «todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido». Como puede verse, el aserto del gerente de Southern Copper («terrorismo antiminero») no es un exabrupto ni una exageración casual, sino la mirada desde arriba del mundo de abajo.

En el sur del mundo comprobamos que el análisis de la acumulación por desposesión de David Harvey, es adecuado para comprender lo que sucede en el norte y para lo que viven las clases medias del sur. Sin embargo, para los más pobres del sur (y cada vez más en las zonas pauperizadas del norte) la acumulación por desposesión no puede implementarse sin establecer un estado de excepción permanente, o sea sin vulnerar el «estado de derecho». Un estudio publicado por la Universidad de Princeton concluye que «Estados Unidos ya no puede considerarse una democracia» (“Cubadebate”, 27 de abril de 2015). En paralelo, los constantes asesinatos de negros por la Policía pusieron en evidencia que los cuerpos policiales mataron a más de 2.500 personas desde 2011 (“Diagonal”, 28 de abril de 2015).

Los 120 mil muertos y 20 mil desaparecidos en ocho años en México, son el precio de la acumulación por despojo en un país del sur donde la legalidad y el concepto de ciudadanía son poco más que adornos. No es casualidad que México sea hoy uno de los paraísos del capital (como lo son también Perú y Colombia), que considera que tiene el mejor clima de negocios del mundo. Masacres, muertes y desapariciones no espantan al capital; por el contrario, parecen estar creando las condiciones para una rápida concentración de riqueza.