Aranbarri, exalcalde de Azkoitia, acusado de delito medioambiental

Asier Aranbarri, exalcalde de Azkoitia y actual asesor de Josu Erkoreka, ha sido citado como imputado el 10 de junio en el Juzgado de Primera Instancia de Azpeitia por un delito contra la ordenación del territorio y medio ambiente. En las diligencias se habla también de «estafa, malversación y falsedad documental»

El jelkide Asier Aranbarri, alcalde de Azkoitia entre 2003 y 2011 y que también fue portavoz en Juntas Generales de Gipuzkoa, ha sido citado en el Juzgado de Azpeitia el próximo 10 de junio como imputado por el asunto de Azkoitia Lantzen. La citación señala que puede ser responsable de un «delito contra la ordenación del territorio y medio ambiente», aunque la causa abierta refiere más concretamente la posibilidad de que haya incurrido en «estafa», «malversación de fondos» y «falsedad documental».

Aranbarri es en la actualidad asesor en materia de modernización administrativa del Departamento de Administración Pública del Gobierno de Lakua que dirige Josu Erkoreka. Mantiene además la actividad política en Azkoitia, donde recientemente se encargó de presentar la lista del PNV.

El caso se remonta a 2010 y se basa en la actividad de la sociedad municipal Azkoitia Lantzen. En su día, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas refirió que había encontrado «diversos incumplimientos y salvedades» en su actuación, como «enajenaciones del suelo (ventas) por importe de diez millones de euros de forma directa, sin la existencia de expediente administrativo, ni informe que justifique la operación, ni valoración que justifique el precio».

Señalaba en concreto a dos parcelas en el polígono Txalon Erreka, vendidas por 6,6 y 3,4 millones respectivamente.

En aquella ocasión, Asier Aranbarri declaró a “Efe” que si bien allí «no existió una valoración ad hoc para la venta», el Plan Parcial en conjunto sí hacía «una extensa valoración del sector». Además, argumentó que la operación fue «de una rentabilidad extraordinaria».

Diligencias previas 1116/2013

Del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas el asuntó derivó al Tribunal de Cuentas español, que decidió abrir diligencias y poner el caso en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 1 de Azpeitia.

Así se recoge en las diligencias previas 1116/2013, de ocho de noviembre de ese año, en el que consta que se abren a indicación del Tribunal de Cuentas y que los hechos denunciados son «contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente».

Sin embargo, la juez señala en su auto que, atendiendo al escrito de la Fiscalía, «se desprende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa, malversación y falsedad documental».

Año y medio después, y tras un cambio en la titularidad del juzgado, el 31 de marzo de 2015 la nueva juez ha procedido ya a citar como imputado a Asier Aranbarri.

Según señala en su providencia, lo hace después de que Azkoitia Lantzen SA haya aportado la documentación requerida por el juzgado, consistente en informes técnicos, copias de contratos privados y públicos, y actas del consejo de administración.

En declaraciones a otros medios, Aranbarri afirmó ayer que los hechos que le llevan a declarar al juzgado no tienen nada que ver con la investigación contable que realizaron los tribunales de cuentas. Sin embargo, la denuncia partió de allí. «La imputación –puntualizó– es contra la sociedad Azkoitia Lantzen, aunque tengo que acudir yo como representante legal».

A tenor de sus palabras, la investigación se refiere al tratamiento de lixiviados en el vertedero Oinedertxo.

Más trabajo para la comisión ética de Lakua

Asier Aranbarri fue nombrado asesor en materia de Modernización Administrativa del Departamento de Administración Pública y Justicia el 6 de mayo de 2013 y suscribió el Código Ético del Gobierno, imprescindible para asumir el cargo, el 10 de junio de ese mismo año. Aranbarri es abogado y señala que ejerció en su despacho personal desde noviembre de 2011, después de que perdiera las elecciones en Azkoitia, hasta que fue nombrado como asesor con categoría de director por el consejero Josu Erkoreka. Coincidiendo con su trabajo, está realizado el doctorado en la UPV-EHU sobre «Racionalización y modernización del sistema institucional vasco», según hace constar en una red social.

El Código del Gobierno determina que se deben elevar a la Comisión de Ética Pública todos los casos de «imputación de los cargos públicos y asimilados en cualquier proceso penal o administrativo sancionador, derivada de hechos vinculados al ejercicio de las funciones públicas de su cargo o por acciones de singular relevancia pública».

Queda ahora en manos de dicha comisión dictaminar si la situación procesal del asesor del Departamento de Administración Pública y Justicia es compatible con su continuidad en ese cargo de confianza política.GARA