La AN cierra filas por la mínima para alargar condenas a los vascos

La situación de la «doctrina Parot» se repite. Decenas de presos vascos se verán abocados a recurrir a Estrasburgo para reclamar el descuento de condenas cumplidas en otro estado. Tras meses de disputas jurídicas y presiones oficiales, la Audiencia Nacional rechazó ayer consultar a Luxemburgo qué hacer, en una votación muy ajustada (11 a 9).

La Audiencia Nacional determinó ayer no preguntar al Tribunal de Luxemburgo si es válida la artimaña legal construida por el PP para anular el descuento de condenas cumplidas en otros estados al que obligaba una decisión-marco europea hace ya siete años. ¿Qué significa en la práctica este galimatías? Que a decenas de presos vascos no se les reducirán los años de cárcel pasados generalmente en el Estado francés, sino que su condena será estirada en contra del criterio de la UE.

La situación, por tanto, reproduce lo ocurrido con la llamada «doctrina Parot». Como entonces, los presos tendrán que recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para hacer valer su derecho al descuento de condenas, pero este pronunciamiento se demorará años. En el caso de que se hubiera presentado una cuestión prejudicial en Luxemburgo, instancia encargada de resolver estas dudas, la respuesta habría llegado en meses. Expertos juristas dan por seguro que la instancia europea que termine deliberando el tema aceptará que la política adoptada por Madrid contraviene la norma comunitaria. La gran diferencia estriba en cuándo ocurrirá eso.

La decisión de ayer estaba cantada después de que el presidente de la Sala de lo Penal de la AN, Fernando Grande-Marlaska, lograra paralizar la intención de algunas secciones de acudir por su cuenta a Luxemburgo. Marlaska llevó el asunto al Pleno, formado por una veintena de jueces, y allí ayer quedó de reflejo la misma división que se había advertido antes tanto en este tribunal como en el Supremo. Fueron once los jueces que rechazaron acudir a Luxemburgo y nueve los partidarios. Así, el objetivo del Gobierno español, defendido en todos estos casos por la vía de la Fiscalía, se ha consumado por la mínima.

La votación lleva aparejado un cierre de filas después de las discrepancias entre magistrados partidarios de acatar la decisión-marco europea y quienes daban por buena la reforma legal del PP del pasado año, que en la práctica vació de contenido el criterio comunitario. Y cierra un debate de más de medio año desde que se produjo la excarcelación de Santiago Arrozpide, luego devuelto a prisión mediante la construcción de otra causa. Pese a las graves consecuencias, la AN no se ha tomado prisa siquiera para celebrar este Pleno, aplazado varias veces.

Sare ve una «venganza» que lleva a «cumplir dos veces la pena»

La red ciudadana Sare remarca que la decisión de la Audiencia Nacional «no responde a la Justicia, sino a la venganza». Su consecuencia, remarca en una nota, es que los presos afectados se verán obligados a «cumplir dos veces una condena que ya está agotada».

«Esto no es humano, nos encontramos ante una clara vulneración de derechos y la ciudadanía no puede permanecer ciega, sorda y muda ante una decisión así», replica Sare. Añade a continuación, que «aunque pequeños» se van dando pasos «de gran importancia» hacia otro escenario en Euskal Herria, y tras esta decisión judicial ve un motivo añadido para «impulsar y fortalecer todas las iniciativas que nos acerquen a la resolución»

Sortu, por su parte, concluye que «estamos ante una decisión de un tribunal de excepción sobre una política penitenciaria de excepción. Excepcionalidad en este caso es sinónimo de arbitratariedad, abuso y venganza, todo ello desde el ámbito judicial, lo que imprime un alto grado de gravedad a este asunto». Como Sare, hace un llamamiento a fortealecer las iniciativas para traer a los presos vascos a casa.

No duda Sortu de que esta nueva doctrina de alargamiento de condenas «será corregida por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo», pero recuerda que «esto llevará su tiempo, y mientras tanto se obligará a decenas de personas a continuar en prisión».GARA