Un «acta patriótica» francesa tras las jornadas del «shock»

François Hollande refuerza la agenda securócrata tras los atentados de París. La ampliación del «Estado de Emergencia» profundiza en una línea ya abierta después del ataque a «Charlie Hebdo». Habrá más controles, menos garantías y la excepción hecha norma.

Ante cualquier momento de «shock», la agenda de los securócratas suele imponerse. Los atentados del viernes en París, que han costado la vida a al menos 130 personas, es terreno abonado para que el Estado francés refuerce la doctrina de quienes obligan a escoger entre «seguridad» y «libertad», apostando por profundizar en la primera y relegar la segunda a la categoría de lujo que la población no se puede permitir. El ataque perpetrado contra «Charlie Hebdo» en enero ya abrió el camino para las restricciones. El grado de «alerta antiterrorista» movilizó a decenas de policías. La Asamblea aprobó nuevas leyes que permiten espiar las comunicaciones sin siquiera tener permiso judicial. Todo el vano. La masacre demuestra que siempre puede haber una grieta en un contexto en el que «más policía» no ataja causas complejas. Ajeno a este principio, Hollande respondió ayer haciendo suyo buena parte del discurso securócrata de la UMP y que, con otra retórica, se acerca también a las proclamas del Frente Nacional.

Sin planes estratégicos a largo plazo y con la primera vuelta de las elecciones regionales a tres semanas vista, el presidente francés se presentó ante la Asamblea Nacional y el Senado enarbolando su propia versión de la «Patriot Act» estadounidense aprobada por George W. Bush tras los atentados del 11 de setiembre de 2001. Le costó reconocer que fueron «franceses» los que mataron a ciudadanos franceses, pero planteó la respuesta en términos securitarios. Como primera medida: pedir que las cámaras amplíen el Estado de Emergencia durante tres meses. Hasta ahora solo se podía alargar doce días. Esto dará aún más poderes a policías y soldados, desplegados en puntos estratégicos del Estado. Al final, de lo que se trata es de normalizar la excepción a la espera de que los legisladores ajusten las leyes.

Hollande hizo mucho hincapié en «adaptarse» al contexto actual, especialmente en el ámbito tecnológico. No obstante, resulta difícil pensar que se pueda ir más allá de lo ya aprobado en mayo. Entonces, con el recuerdo de los muertos en «Charlie Hebdo» todavía caliente, la mayoría parlamentaria (PSF y UMP) dotaban de amplios poderes a los servicios secretos para rastrear comunicaciones, vigilar emails y escuchar conversaciones telefónicas sin el aval de un juez.

«Ante situaciones especiales, se necesitan leyes especiales, pero no de excepción», aseguraba el primer ministro, Manuel Valls, al fender aquella norma. Ayer, de forma solemne, Hollande daba un paso más. Para garantizar apoyos a su cambio constitucional, el presidente francés hizo un malabarismo dialéctico y ubicó la amenaza en el exterior. Así, anunció que se podrá retirar la nacionalidad francesa a aquellos «condenados por terrorismo», se podrá impedir el acceso incluso a quienes tienen doble nacionalidad si le consideran un peligro y se agilizarán los trámites para expulsar a foráneos. Medidas que ponen énfasis en el origen forastero de los atacantes a pesar de su pasaporte francés. No se puede olvidar que, durante estas jornadas, no se ha dejado de repetir el mantra de los «franceses de tercera generación». Como si haber nacido allí no fuera suficiente. En la misma línea, el inquilino del Elíseo anunció que se prohibirán las asociaciones que «inciten al odio». No parece que la propuesta tenga al Frente Nacional como objetivo, pese a que Marine Le Pen ha convertido el discurso xenófobo en su principal valor.

Levantada la estructura ideológica para las leyes «de guerra», Hollande también dotará de efectivos al ejército interior. Añadirá 5.000 puestos de policía, 2.800 en el área de Justicia y 1.000 más en aduanas. Todo ello sin tomar en consideración que el día en el que se perpetró el atentado París ya había suspendido el espacio Schengen durante un mes para «garantizar la seguridad» de los jefes de Gobierno que participarán en la cumbre del clima que se celebrará en dos semanas. Como señalaba una vasca residente en París tras los atentados, «es evidente que el Estado policial no funciona. Quizás es momento de probar otra alternativa».