Entre la patraña de la «Operación Diálogo» y las dudas soberanistas

Dos carriles paralelos marcan la actualidad del proceso catalán. Por un lado, la cosmética «Operación Diálogo» emprendida por el Gobierno español y, por otro, el tortuoso camino hacia el referéndum anunciado para setiembre de 2017. Como música de fondo, la judicialización y los presupuestos.

No solo en Euskal Herria se oyen los cantos de sirena de un PP huérfano de la mayoría absoluta que lo sumió en el autismo durante la primera legislatura de Rajoy. Con Soraya Sáenz de Santamaría como enviada especial, varios grupos mediáticos de peso como guardaespaldas e Iñigo Urkullu en el papel de buen salvaje, el Gobierno español ha puesto en marcha la bautizada ya como «Operación Diálogo». Un cambio de tono que ha tenido como golpe de efecto el nombramiento de Enric Millo (exparlamentario de CiU) como nuevo delegado del Gobierno en son de paz, como se pudo ver el pasado 6 de diciembre, cuando decidieron ignorar la apertura de Ayuntamientos por parte del independentismo, a diferencia de lo ocurrido el 12 de octubre, cuando la antecesora de Millo, María de los Llanos de Luna, consiguió llevar a los juzgados, por ejemplo, a todo el equipo municipal de Badalona.

La música, por tanto, ha cambiado. Lo cual no quiere decir que la letra sea diferente. Es cierto que Sáenz de Santamaría se ha hecho instalar un despacho en Barcelona, pero los primeros en desfilar fueron Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Miquel Iceta (PSC). Aunque el tono cambia, la letanía sigue siendo la misma: Montoro, lejos de aflojar con los objetivos de déficit, aprueba nuevos impuestos como los de las bebidas azucaradas, con el objetivo no confeso de evitar que la tasa pueda ser recaudada por la Generalitat (que solo puede aprobar impuestos sobre conceptos que no estén gravados por el Estado).

Madrid se ha abierto a hablar sobre algunas de las 46 demandas trasladadas por la Generalitat. Por ejemplo, sobre las inversiones en la desastrosa red ferroviaria de cercanías, que el Estado mantiene en un militante estado de abandono. También en el impulso del corredor mediterráneo, una red mercantil que incluye a Andalucía y todo el arco mediterráneo, que conecta con Europa prácticamente a la mitad del PIB español y que el PP ha obstaculizado desde siempre porque el corredor osa no pasar por la capital del Reino.

Pero de lo que se trata, que es del referéndum, por supuesto, ni hablar. Tampoco de la versión light del pacto fiscal que la Convergència de Mas estaba dispuesta a aceptar en 2012, antes de que la negativa de Madrid lo empujase a la ola independentista, que venía ya crecida.

Puede que la estrategia del PP de negociar con problemas creados por su propia negligencia y soberbia funcione con el PNV, pero es difícil esperar que la estrategia sirva de algo en Catalunya, después de cinco años seguidos de movilizaciones masivas a favor de la independencia. Sin que sirva de precedente, cabe contradecir a Monterroso: cuando el PP despertó, Catalunya ya no estaba allí.

Más todavía teniendo en cuenta que los procesos judiciales contra el independentismo siguen su curso. Sin ir más lejos, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declarará el próximo 16 de diciembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), acusada de desobediencia y prevaricación por permitir debatir en el hemiciclo catalán acerca del proceso constituyente. Por su lado, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs serán juzgados a lo largo del año que viene por la consulta del 9N.

No parece que los juzgados sean la mejor forma de fomentar un diálogo cuya naturaleza, en el fondo, definió la semana pasada, con campechana espontaneidad, el nuevo ministro de Interior. Lo hizo sin querer, cuando declaró que lo que tienen que hacer es «imponer el diálogo». Todo un oxímoron que desnuda por si sola la pretendida «Operación Diálogo». Apenas llega a monólogo.

¿Significa esto que el independentismo lo tiene todo hecho? Ni mucho menos. Más allá del pensamiento mágico de algunos ámbitos independentistas –cada vez menos–, que invita a pensar que el Estado español acabará aceptando un referéndum o que, de lo contrario, la comunidad internacional abrirá sus brazos a la nueva República catalana, lo cierto es que el soberanismo catalán no tiene ante sí un camino de rosas. Nada es fácil en este proceso reconvertido a ratos en tortuosa procesión.

El viernes, las fuerzas soberanistas volverán a dar una fuerte imagen de cohesión acompañando a Forcadell hasta las puertas de la Audiencia de Barcelona. Pero la foto apenas conseguirá disimular los codazos y pisotones que semana tras semana se siguen dando los supuestos compañeros de viaje. La dinámica ya hace varios meses que dura y, si se permite, aburre: la CUP afea al Govern de JxSí el hecho de no cumplir con muchos de los plazos de la hoja de ruta de 18 meses (han abierto una web para ello). La antigua Convergència, rebautizada finalmente como Partit Demòcrata Europeu Català (PDCat) responde que no habrá ni hoja de ruta ni referéndum si antes no se aprueban los presupuestos presentados por el vicepresidente, Oriol Junqueras. Y la Esquerra Independentista, cansada del 2x1 con el que intentan colar el plebiscito a cambio de las cuentas, replica que eso no es sino un burdo chantaje. I així anar fent, que dicen en Catalunya.

¿Y mientras Esquerra? Si bien es el único puente posible entre la CUP y el PDCat, también es el único partido que tiene un plan alternativo, por inconfesable e innombrable que resulte. En caso de que la hoja de ruta independentista acabe desbarrando, ERC está en una posición inmejorable para ganar las elecciones y elegir comparsa al frente del Palau de la Generalitat: o una menguada derecha catalana –si los números diesen–, o un nuevo tripartito progresista con la CUP y el nuevo partido que la izquierda no independentista está a punto de presentar con el cabeza de lista de En Comú, Xavi Doménech, como fontanero mayor y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como principal fuente de inspiración. Aunque unas elecciones enterrarían la actual fase del proceso, la única opción de gobernabilidad en Catalunya seguirá pasando por ERC, en el centro del tablero político. Los republicanos lo saben.

Pero más allá de la política ficción, la primera cita importante para aclarar el futuro del proceso se dará la semana que viene, cuando el Parlament debatirá las enmiendas a la totalidad a los presupuestos del Govern. En la CUP han gustado, entre otras, las partidas destinadas a la convocatoria del referéndum, pero la política fiscal y el reparto de recursos en el departamento de Educació siguen generando sarpullidos en la Esquerra Independentista, donde no hay que descartar que se vuelvan a vivir en las próximas semanas las escenas fraticidas de hace un año. El Govern, de momento, espera, aunque la decisión de Puigdemont de vincular el referéndum a los presupuestos puede acabar siendo una losa para todo el independentismo. Sea como sea, en el debate de política general lo dejó claro: sin cuentas para 2017, la legislatura se acaba.

En el bienintencionado supuesto de que el independentismo consiga superar el escollo de los presupuestos, el año se cerrará con una cumbre sobre el referéndum que Puigdemont ha tardado en convocar. Será el 23 de diciembre y acudirán partidos y entidades soberanistas. También Catalunya Sí que Es Pot, en representación del espacio de los comunes, pieza clave para dar legitimidad social al referéndum más allá del independentismo. La ambivalencia de este sector con el plebiscito será una de las constantes de 2017.

Aunque la cosmética «Operación Diálogo» solo convence a aquellos que quieren ser convencidos, al independentismo se le acumula demasiado trabajo como para seguir el eterno juego del gato y el ratón. Entre los retos, que dan para otro análisis, destacan convertir en creíble y factible la convocatoria de un referéndum que no puede convertirse en una mala versión del 9N y, a continuación, ensanchar una mayoría independentista que, como se vio el 27S no es suficiente a día de hoy.