Los detenidos llegan a París avalados incluso por el presidente aquitano

Los cinco detenidos en Luhuso por hacer suyo el desarme de ETA han recibido apoyo casi unánime en Euskal Herria y a él se suma el presidente de Aquitania, Alain Rousset, que ha asumido y trasladado a París la petición de tres consejeros. Su futuro personal se decide hoy, cuando pasarán ante los tribunales especiales de la capital francesa.

La jornada de hoy es trascendental para Béatrice Molle-Haran, Michel Berhokoirigoin, «Txetx» Etcheverry, Michel Bergouignan y Stéphane Etchegaray «Etxe», y por extensión para quienes desde la sociedad civil tratan de impulsar el proceso de resolución. A las 20.30 concluye el plazo máximo de 96 horas de detención y antes serán llevados por tanto al Juzgado para declarar por participar en el desarme de ETA. La investigación preliminar de la Fiscalía define posibles delitos de «asociación de malhechores con fines terroristas» e infringir la legislación sobre tenencias de armas y explosivos. Los cinco fueron llevados ayer en avión a París, esposados.

No estarán solos, porque la movilización en Ipar Euskal Herria sigue siendo potente y muy plural. Decenas de agentes vascos se reunieron ayer tarde en Baiona, como ya hicieron el sábado a mediodía, para valorar la situación. También hubo una concentración en Luhuso en la que participaron unas 600 personas y otra en Donibane Garazi. Tomó la palabra aquí Juliette Bergouignan, mujer de Michel, para agradecer la solidaridad e invitar a los ciudadanos a contactar con sus electos para que tomen cartas en el asunto.

No obstante, el apoyo es importante también fuera de Euskal Herria, comenzando por la región de Aquitania. Su presidente, Alain Rousset, del PS, hizo suya una moción presentadas ayer por los consejeros Emilie Dutoya (PS), Alice Leiciaguecahar (EELV) y Michel Veunac en favor de los arrestados. A petición del grupo ecologista, comparecieron para denunciar que estas son «bien conocidas por todos» y resaltar su «incuestionable compromiso con la paz». Recordaron que el paso dado se debe a «la necesidad de superar la falta de implicación de los estados español y francés» y que son muchos los actores civiles dispuestos a tomar el testigo de esta iniciativa que también impulsa Michel Tubiana, presidente de honor de la prestigiosa Liga de Derechos Humanos del Estado francés.

Rousset asumió esta declaración y se comprometió a enviarla al primer ministro francés, así como al ministro de Justicia, ambos de su partido y compañeros de gabinete del titular de Interior, Bruno le Roux, coartífice de esta redada.

Volviendo a Euskal Herria, el Ayuntamiento de la localidad en que vive Etchegaray, Eiheralarre (Nafarroa Beherea), también aprobó una moción declarándose favorable al proceso de paz y pidiendo que el Estado tenga una «actitud positiva» en ese sentido. Lamenta que «las iniciativas de la sociedad civil sean destruidas» y manifiesta su «apoyo a las personas que se han comprometido en esta vía» antes de reclamar «la vuelta a sus hogares».

En el ámbito estatal, la formación anticapitalista NPA ha denunciado el «ensañamiento» y la «manipulación vergonzosa» de París, que «presume de haber incautado un importante stock de armas» y asestado «un duro golpe a ETA», cuando lo realmente ocurrido es otro «bloqueo al proceso de desarme» y la «criminalización de quienes trabajan para relanzarlo».

Kendall remarca la cerrazón

La actitud francesa ha sido denunciada también por el exdirigente de Interpol y miembro del Grupo Internacional de Contacto Raymond Kendall, que hace escasas semanas se mostraba expectante ante la opción de que París abriera su posición.

En una entrevista al portal Mediapart, Kendall explica que París está «inflexible» en la cuestión del desarme. Y sobre la versión oficial del ministro Le Roux, señala: «Hay una explicación muy simple que dice: ‘Son personas que han infringido la ley’. Pero, moralmente, la opinión pública no acepta este tipo de argumentos en las circunstancias en las que se han desarrollado: ‘Pero, escuche, ¿qué podían hacer estas personas? Esas armas querían remitirlas a las autoridades, pero usted no facilita las cosas’. El Gobierno ha tenido durante cinco años la posibilidad de regular esta cuestión de una vez por todas pero siempre ha rechazado todas las propuestas que se le han hecho», subraya.

Kendall ha afirmado que la actitud de los gobiernos «comienza a crear una situación difícil para el Estado francés».

Urkullu pide tres días después la libertad de los detenidos

Después de la operación policial del viernes por la noche, el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, esperó hasta ayer lunes para reclamar «que estas detenciones se aclaren cuanto antes y sean puestos en libertad porque, en mi opinión, puede ser una iniciativa basada en su propia voluntad». Cabe recordar que en la nota hecha pública por el Gobierno de Lakua el pasado sábado no se hacía ninguna mención a los cinco detenidos por la Policía francesa ni se valoraba siquiera la actuación de los estados español y francés.

Entrevistado en Euskadi Irratia, el lehendakari insistió –como se hizo en el comunicado gubernamental del sábado– en su propuesta de desarme de 2014 y en argumentar que la operación policial del viernes «refleja que ETA no quiere nada con el Gobierno Vasco» y que, en sus comunicados, «desprecia una y otra vez» la oferta del Ejecutivo autonómico.

«No niego el papel de la sociedad civil, pero las instituciones deben ser partícipes. Estamos viendo –insistió el lehendakari de la CAV durante la entrevista– que se desprecia una y otra vez el trabajo y la propuesta del Gobierno Vasco, y no es nada correcto funcionar así. Lo quieren hacer sin contar ni con el Gobierno ni con el Parlamento Vasco».

Sin embargo, en la correspondencia intercambiada entre las personas de la sociedad civil dispuestas a propiciar el desarme hay una carta inicial de ETA en la que dice expresamente a sus interlocutores que en este proceso «habría que buscar también la implicación y el apoyo de las instituciones vascas».

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Marian Beitialarrangoitia, afirmó ayer que quienes dicen querer la disolución de ETA «por encima de todo» tendrán que entender que la organización no puede disolverse sin desarmarse. «Por lo tanto –aclaró–, impedir el primer estadio es impedir aquello que tú dices que estás buscando».

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Beitialarrangoitia apuntó que «una organización que quiere dar pasos para que no haya dudas sobre que no va a actuar, más allá de lo que expresa, lo que necesita es poder desarmarse». Anunció que mañana preguntará en el Congreso al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre esta operación policial que «no es una operación contra ETA sino contra una sociedad civil que quiere la paz y está dispuesta a poner en riesgo su propia estabilidad para contribuir a ello».

La presidenta del grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, dijo por su parte que el desarme es «inaplazable y responsabilidad única» de ETA, que es «la que se hizo con las armas», pero apuntó que con la operación del fin de semana «se ha evidenciado que ni ETA renuncia a escenificar su desarme, algo que la sociedad vasca a día de hoy ya no acepta, ni el Gobierno de Rajoy entiende que tiene el deber moral y político de facilitar que esas armas no acaben donde no deben».

Para Pili Zabala, en este tema «no se puede jugar con fuego», sino que «hace falta altura de miras, responsabilidad y rigor». «Todo eso se ha echado en falta este fin de semana», concluyó.GARA

Desde Madrid esgrimen que ETA «no ha entregado ni un cartucho»

Las dificultades para explicar en el Estado español esta operación de Luhuso parecen ser tales que la práctica totalidad de medios y portavoces políticos han optado directamente por obviarla.

En un primer momento, el Ministerio del Interior reiteró la manida expresión del «duro golpe a ETA». Tras conocerse la identidad de los detenidos a primera hora de la madrugada del sábado, la versión generalizada pasó a ser que se había detenido a «miembros legales» de la organización. Y posteriormente, como quiera que ninguno de los cinco detenidos –además de Michel Tubiana– encaja en ese calificativo, se pasó ya directamente a minimizar la existencia de personas detenidas, centrarse en el material incautado y dar el menor eco posible a lo que inicialmente se llamó «duro golpe».

Tras dos días de apagón informativo casi total, «fuentes de Interior» citadas por la agencia Europa Press intentaron ayer buscar nuevas justificaciones para la inusitada operación policial. Para ello, se quejaron de que cinco años después de Aiete ETA «no ha hecho entrega de un solo cartucho de munición y todo el material que ha perdido ha sido por la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

En paralelo, Madrid y París han patentado un nuevo argumento para vender esta oposición al desarme: que el armamento de ETA no puede ser destruido porque contribuye a aclarar atentados. Lo dijo primero Bruno le Roux, el nuevo ministro de Interior francés, y le siguieron ayer estas fuentes de Madrid, al remarcar que «todo ese material de Luhuso será analizado por las FSE con el objetivo de intentar esclarecer atentados no resueltos».

Los pocos medios que están siguiendo la redada con cierto rigor y extensión, mucho más en París que en Madrid, inciden en que el armamento en poder de ETA es más del que creían las policías españolas y francesas. En Luhuso se han interceptado unos 40 subfusiles, fusiles, pistolas y revólveres y ello supone el 15% del arsenal total según la carta en que Tubiana, Etcheverry y Berhokoirigoin han dado cuenta de su iniciativa.GARA