La obsesión partidista por encima del bien común

Un juzgado de Donostia anuló ayer la rescisión del contrato de la primera incineradora a través de una sentencia que todavía no es firme. Al diputado de Medio Ambiente guipuzcoano, José Ignacio Asensio, le faltó tiempo para salir a valorar la sentencia y cargar contra Bildu, responsable del acuerdo por el cual la UTE cobró ocho millones de indemnización. Todo un derroche según un Asensio para quien no supone ningún problema una incineradora privatizada que costará más de 1.000 millones de euros durante 35 años (con más de 100 millones de beneficio neto para las empresas adjudicatarias).

Más allá de oportunistas demagogias, la sentencia refleja algunos hechos y plantea varias preguntas. Por ejemplo: ¿si la primera adjudicación vuelve a estar en vigor, en qué situación queda la actual? Ayer Asensio dijo que «ya estaba previsto», pero no aclaró en qué términos.

Entre los hechos constatables: el blindaje antidemocrático del proyecto de incineradora contra cualquier cambio que los ciudadanos decidiesen en las urnas. Resortes como las abusivas cláusulas swap en la financiación del primer proyecto o la norma foral de 2008 que eleva la incineradora a rango de ley, convirtieron en una constante y costosa carrera de obstáculos el esfuerzo por cumplir el mandato democrático con el que Bildu llegó a la Diputación en 2011.

El episodio también sirve para constatar la falta de vista de los que en su día recurrieron el acuerdo y ahora deberán hacer frente a los perjuicios que la sentencia conlleve para las instituciones que hoy gestionan. Porque no hay que llamarse a engaño: quien seguro que no pierde es la UTE ya indemnizada. Asensio y Denis Itxaso pueden disfrutar de su victoria partidista tanto como gusten, pero que no vayan ni un centímetro más allá, porque el interés público, el bien común, vuelve a ser el principal perjudicado, como siempre con la obsesión ciega por evitar el debate de fondo y construir la incineradora a cualquier precio.