Trump fulmina a la fiscal general por desafiar su veto

Donald Trump fulminó ayer a la fiscal general en funciones, Sally Yates, por haber ordenado a sus subordinados no defender en los tribunales el veto presidencial a refugiados y migrantes, a la que la Casa Blanca acusó de «débil».

Mientras la movilización contra el polémico decreto antiinmigración firmado el pasado viernes no cesa, con protestas y muestras de indignación en innumerables capitales y ciudades del mundo, el presidente de EEUU, Donald Trump, se enfrenta a una revuelta en el aparato del Estado, a la que ha respondido con más firmeza.

Trump relevó fulminantemente ayer del cargo a la hasta ahora fiscal general, Sally Yates, después de que se negase a defender en los tribunales el veto a refugiados y a migrantes de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán. También reemplazó al responsable interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Daniel Ragsdale.

«Yates traicionó al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos», apuntó la Casa Blanca. Yates es una fiscal de la era del expresidente Barack Obama y seguía en el cargo a la espera de que el Senado confirme al nominado por el presidente para sustituirla, el senador republicano por Alabama, Jeff Sessions. Sessions es partidario de aplicar «mano dura» contra los inmigrantes irregulares y su designación fue abordada ayer por la Comisión de Justicia del Senado, antes de ir al plenario de la cámara.

Trump nombró como nueva fiscal general en funciones a Dana Boente, hasta ahora fiscal para el distrito este de Virginia, que se declaró «honrada» de servir a Trump hasta que Sessions sea confirmado. «Defenderé y haré cumplir las leyes de nuestro país para asegurar que nuestra gente y nuestro país estén protegidos», dijo.

«Ha llegado el momento de ponernos serios para proteger a nuestro país. Imponer un escrutinio más duro a individuos que viajan desde siete países peligrosos no es extremo. Es algo razonable y necesario para proteger a nuestro país», agregó la Casa Blanca, que en su comunicado calificó a Yates de «débil» en lo que a seguridad fronteriza se refiere y «muy débil» frente a la inmigración irregular.

En una carta enviada a los abogados y fiscales del Departamento de Justicia, Yates manifestó no estar «convencida» de que la orden ejecutiva de Trump fuese «legal» por lo que les ordenaba no defenderla frente a las demandas interpuestas en su contra en Virginia, Nueva York, Massachusetts, el estado de Washington y California.

Hasta ahora, 16 fiscales generales de otros tantos estados han cuestionado la constitucionalidad del decreto

La Casa Blanca anunció además la designación de Thomas Homan al frente del ICE en lugar de Daniel Ragsdale, también heredado del Gobierno de Barack Obama, sin explicar los motivos del reemplazo.

Homan ayudará a «asegurar la aplicación de nuestras leyes de inmigración dentro de Estados Unidos, en consonancia con el interés nacional», dijo el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, en un comunicado.

Con cerca de 2.750.000 deportados, Obama ha sido el presidente que más inmigrantes ha expulsado del país en la historia de EEUU.

Recientemente, Trump anunció la contratación de 10.000 nuevos agentes para el ICE, agencia que cuenta con cercar de 20.000, 6.000 de ellos destinados a las deportaciones.

Las destituciones de ayer constituyen el último capítulo de la polémica de alcance mundial causada el decreto promulgado por Trump el viernes, que ha sacado a la calle a miles de personas en todo el mundo.

Además, varios diplomáticos estadounidenses protestaron contra este veto a través de un canal oficial llamado «disidencia». Pero la Casa Blanca elevó su tono y les advirtió: «O aceptan el decreto o que se vayan», señaló Sean Spicer, portavoz de Donald Trump.

Altos funcionarios de la seguridad nacional de las administraciones de Obama y George W. Bush, por su parte, estiman en una carta enviada a los principales miembros del Gabinete Trump que el decreto «envía un mensaje equivocado a la comunidad musulmana en el país y en todo el mundo: el Gobierno de Estados Unidos está en guerra contra ellos por su religión».

Los firmantes están convencidos de que esa decisión tendrá «un impacto negativo a largo plazo» en la seguridad nacional de EEUU.

La Casa Blanca volvió a negar que las «restricciones temporales» estén relacionadas con la religión y defendió que se trata de «terrorismo» y «seguridad». «Esto no es una prohibición de viaje a musulmanes. Es una pausa temporal que nos permite revisar el sistema de examen de refugiados y visados», remarcó Kelly.

Se libran Arabia Saudí y otros países musulmanes aliados

Monarquías del Golfo, como Arabia Saudí, y países de mayoría musulmana –Emiratos, Egipto, Turquía, Indonesia...– se han librado del restrictivo decreto por ser aliados clave de EEUU y «muy colaboradores», sobre todo en materia de Inteligencia, o por albergar intereses financieros personales de Donald Trump que no quiere comprometer, según los expertos.

La orden se aplicará a los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Pero el decreto, que podría ampliarse, exime a varios estados cuyos nacionales han participado en ataques en Occidente. Así, 16 de los 19 autores de los ataques del 11S eran saudíes.

Los expertos ven difícil entender su lógica. De hecho, incluye a Irak, al que EEUU apoya activamente, e Irán, países de mayoría chií implicados en el combate al Estado Islámico. Y creen que Afganistán no está en esa lista por la fuerte presencia de EEUU en ese país y por la necesidad de apoyo que tienen sus soldados.

A su juicio, los siete países incluidos parecen haber sido seleccionados por su mala relación con EEUU o por su relación precaria. No es el caso de Arabia Saudí, donde nació el wahabismo, que es un aliado estratégico de EEUU desde hace más de siete décadas y cuya ausencia la explican también algunos contratos.GARA

Una propuesta para el desbloqueo de una institución clave de EEUU

Donald Trump tenía previsto anunciar ayer (madrugada en Euskal Herria) el nombre de su candidato para ocupar el noveno puesto de la Corte Suprema, en plena crisis política con repercusiones mundiales por la firma de la restrictiva orden ejecutiva en materia de inmigración firmada el viernes.

La máxima instancia judicial está abocada al bloqueo desde la muerte del juez conservador Antonin Scalia en febrero de 2016. Desde entonces funciona con ocho magistrados: cuatro conservadores y cuatro progresistas.

El nombramiento de un juez conservador, que se iba a retransmitir en directo desde la Casa Blanca, fue una de las promesas que más gustó a los electores de presidente, que el lunes aseguró que su aspirante es una persona «increíblemente respetada».

El anuncio llegó dos días antes de lo previsto, presumiblemente para desviar la atención de la crisis política desatada por el decreto para vetar la entrada de inmigrantes y refugiados de siete países musulmanes.

La Corte Suprema es la que en última instancia interpreta la Constitución y debe tomar decisiones sobre temas muy sensibles, como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posesión de armas.

Sus miembros, que ocupan el cargo de por vida, son nombrados por el presidente y tienen que ser confirmados por el Senado. Pueden jubilarse, si lo desean, a los 70 años, aunque eso raramente ocurre.

La institución virará a la derecha con la elección de Trump, para satisfacción de los ciudadanos más religiosos, los defensores de la posesión de armas, los partidarios de la pena de muerte y una parte del empresariado.

Tras la muerte de Scalia, pilar de la derecha conservadora, Barack Obama propuso en marzo al juez Merrick Garland para ocupar la plaza vacante, pero el Senado, dominado por el Partido Republicano, se negó a darle audiencia.

Esta forma de hacer política, que funciona obstruyendo, ha tenido consecuencias para los republicanos. Temiendo los efectos que puede provocar una Corte Suprema conservadora, el gobernador del estado de Nueva York propuso el lunes inscribir el derecho al aborto en la Constitución regional.

Los demócratas han prometido dar la batalla en Washington. Su líder en el Senado, Chuck Schumer, ha garantizado que se opondrán por todos los medios a la decisión de Trump.

El portavoz del mandatario denunció el lunes la supuesta táctica de la oposición de «sacar partido político» de esta confrontación. «El presidente tiene derecho a que las personas que nombra tengan una audiencia», afirmó Sean Spicer, quien pareció haber olvidado lo que precisamente le ocurrió a Obama con su candidato.

Los republicanos tienen 52 escaños en el Senado, pero necesitan al menos 60 votos para respaldar al magistrado propuesto por Trump.

Aunque no dio pistas sobre quién sería, el mandatario anticipó que el futuro juez de la Corte Suprema se opondrá al aborto y defenderá el derecho a tener armas. Durante la campaña electoral publicó una lista con 21 candidatos potenciales, en la que solo había cuatro mujeres y la mayoría eran blancos.

Según los expertos, la quiniela final estaba entre Neil Gorsuch, magistrado del Tribunal de Apelaciones federal de Denver; William Pryor, juez federal en Alabama, y Thomas Hardiman, juez del Tribunal de Apelaciones federal de Pittsburgh.GARA