Movilización social contra la discriminación fiscal

El Tribunal Constitucional español anuló ayer la amnistía fiscal del año 2012. Básicamente considera que el Estado abandonó la obligación de hacer cumplir el precepto de que todas las personas tienen que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y al no hacerlo se discriminaba a aquellas personas que sí habían cumplido con Hacienda. El tribunal rechazó, además, las excusas alegadas por el Estado al estimar que ni la grave situación económica ni la necesidad de cumplir el principio de estabilidad presupuestaria son razones suficientes para aprobar normas discriminatorias. A fin de cuentas el tribunal viene a decir que cualquiera que sea el fin perseguido se deben respetar los principios que hacen que el sistema tributario sea un sistema justo.

La sentencia no afecta a las regularizaciones que se realizaron, sin embargo, sí tiene un importante alcance político. La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy respondía a un intento de regularizar las ingentes cantidades de dinero negro acumuladas durante la fase expansiva de la burbuja inmobiliaria. Y la certeza de que esas enormes bolsas de fondos existían no venía solo de fuentes estadísticas, sino que, como se ha conocido posteriormente, el Partido Popular era una inmensa trama para la gestión de dinero no declarado, por lo que el conocimiento sobre el particular era directo. Así, la amnistía fiscal se configuró como un instrumento para devolver al circuito legal los frutos de años de corrupción, en un momento en el que Estado estaba muy necesitado de recursos. El palo esgrimido fue una nueva declaración de bienes en el extranjero que buscaba precisamente disuadir a los tenedores de dinero oculto de trasladarlo al exterior.

Los poderosos siempre encuentran el modo de liquidar las deudas con Hacienda sin pagar la factura completa. Para contrarrestar esta tendencia resulta fundamental el debate y la movilización, como la protagonizada ayer por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.