Tortura: crimen de estado

Se acaba de hacer público, en Madrid, el último informe sobre la tortura en el estado español, en un contexto, donde cada vez se oculta, legitima e incluso aplaude desde los circos mediáticos la práctica de los malos tratos, la tortura y las muertes bajo custodia del estado, ordenadas por tecnócratas y políticos y, ejecutadas por las policías o por funcionarios de prisiones.

El esfuerzo de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que está compuesta por decenas de entidades con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, resulta ímprobo y cada vez más dificultoso. Esto es debido a que los estados, lejos de hacer caso a las recomendaciones de los organismos europeos e internacionales que instan a aplicar, modificar y crear mecanismos de prevención y control que garanticen los derechos a la integridad física, a la salud, al trato digno y a la vida de las personas, lo que hacen es elaborar, experimentar y ejecutar dispositivos que posibilitan, no solo que estas prácticas institucionales continúen produciéndose, sino que puedan extenderse e institucionalizarse, siendo cada vez más difícil deslegitimarlas y denunciarlas.

Para ello, se valen de las empresas mediáticas que aplauden la tortura, de las modificaciones legislativas cada vez más restrictivas y menos garantistas y, de la potenciación de unas políticas criminales que, por un lado, se ceban con la población excluida y disidente y, por otro, exculpan y encubren las violaciones de derechos por parte del estado, convirtiéndolas, en una necesidad incuestionable de sus políticas de seguridad destinadas a garantizar, por encima de todo, la propia seguridad del estado y de las élites de poder que lo sustentan, y no la seguridad de todas las personas.

En el último informe anual recién presentado, al igual que en los anteriores, se recogen datos y reflexiones sobre la tortura que podemos conocer (web CPDT) y, que sin duda, resulta una información muy valiosa para poder defendernos mediante la acción política colectiva y la solidaridad con las víctimas de la sistemática violencia de estado.