Marinos no descartan una huelga si no se protegen sus cotizaciones

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en la que se resta validez a la libreta de navegación para acreditar las cotizaciones de un antiguo marino mercante, ha generado gran malestar entre estos profesionales. Se sienten desprotegidos por el Gobierno español y no descartan convocar una huelga.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dictado una sentencia en la que se desestima el recurso interpuesto por un antiguo jefe de máquinas contra una resolución de un juzgado de Santander que no considera «fehaciente» la vida laboral que se recoge en su libreta marítima en vez de los datos de la Seguridad Social, que son los días que verdaderamente cotizaron las navieras para las que trabajó. El afectado, Arturo Salas Villalba, descubrió que los días cotizados no coinciden con los que acredita la cartilla de navegación, lo que le perjudica en la tramitación de la pensión de jubilación.

Salas califica de «gran estafa» que el Instituto Social de la Marina (ISM) no haya velado de oficio para que las compañías abonasen las cotizaciones de sus trabajadores y ahora los perjudicados son ellos, a pesar de disponer de la libreta de navegación como documento oficial.

La Asociación Profesional de Ingenieros Marinos y Maquinistas Navales y la Asociación Vizcaina de Capitanes de la Marina Mercante anuncian que seguirán ejerciendo las acciones que estén a su alcance, en contactos con todas las fuerzas sociales y sindicales, para intentar resolver lo que califican de «grave vulneración de nuestros derechos». En caso de que el Ejecutivo español no modifique su postura, no descartan el proponer una huelga en agosto para paralizar todos los puertos.

Las asociaciones califican de «desacertada» la resolución judicial, al efectuar, en su opinión, una «incorrecta valoración» de la libreta de navegación. Los magistrados fallan que «se trata de prueba documental que carece de los requisitos de fehaciencia que se exigen jurisprudencialmente para acreditar» la vida laboral que presenta quien trabajó en la marina mercante.

Frente a esa tesis, las asociaciones insisten en que «la legislación internacional y la española disponen que la libreta marítima es el único documento probatorio del tiempo embarcado». Además, advierten de que la sentencia del TSJC tampoco reconoce las vacaciones de los marinos mercantes.

A partir de esta resolución judicial, ante la que se puede interponer recurso de casación en el Supremo, dicen que están «desprotegidos documentalmente» y que no podrán acreditar su vida laboral como profesionales del mar, «quedando a merced de los desajustes de los datos no fiables del Instituto Social de la Marina, como ellos mismos dicen en los informes para la aplicación de los coeficientes del cálculo de la reducción de la edad de jubilación».

No perder derechos

Las asociaciones profesionales recuerdan que enviaron un escrito a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, solicitándole que les reciba para «reconducir la situación hacia la legalidad», al entender que es la Administración quien no se está ajustando a la legalidad y ha creado «esta situación tan lamentable». Advierten de que tratan de defender los intereses de las 65.000 personas que conforman el sector, que no están dispuestas a perder derechos «amparados en las leyes».

La respuesta, explican, se la remitió el director general del ISM, Luis Casqueiro Barreiro, quien les aseguró que, a raíz de los cambios normativos aprobados en 2007, se puso en marcha un proceso que, en un primer momento, procedió a la «depuración de los datos que aparecían en el Fichero General de Afiliación cotejándolo con los datos reflejados en las Libretas de Navegación». Según las asociaciones, «el TSJ de Cantabria evidencia que esta afirmación no solo no es cierta, sino que ha creado un problema que el juzgado de Primera Instancia y el TSJ no han resuelto, incumpliendo la legalidad, a nuestro entender».

Consideran que es «inaceptable» que el ISM no consolide la información de la vida laboral de los marinos, «sabiendo que sus datos son incorrectos». Piensan lo mismo del poder judicial, al estimar que resuelve «contra la legalidad y contra los derechos de los trabajadores.