Garoña, cerrada para siempre

El Gobierno español ha decidido cerrar la central nuclear de Garoña pero lo ha hecho a regañadientes, culpando a la mayoría política y social que estaba en contra de la prórroga y hasta a las propias empresas propietarias. Todo han sido excusas para justificarse, excusas para poder permitir a futuro la explotación de otras nucleares más rentables.

Primero fue el retraso por los problemas con los micrófonos en la sala de prensa del Ministerio que además del de «Energía» lleva también un apellido de «Sociedad de la Información y Agenda Digital». Luego, el largo preámbulo de justificaciones, que si es muy vieja, muy pequeña, que ya lleva tiempo cerrada y nadie la ha echado de menos, que si la oposición hace demagogia, que si las empresas tampoco se ponen de acuerdo... Y por fin el ministro Álvaro Nadal dio la noticia: «El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha denegado la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña».

Esto supone que la central, que llevaba desde diciembre de 2012 parada, no volverá a darle al botón de arranque. Aunque todavía se tardarán entre 13 y 16 años en desmantelarla, y durante buena parte de ese tiempo el peligro de accidente nuclear seguirá latente en la zona.

Entre quienes se han felicitado por esta decisión se encuentra –entre otros muchos pronucleares de antaño– Iberdrola, propietaria de la mitad de la central nuclear, que hace tiempo que se había percatado de que la planta es «económicamente inviable». La otra mitad de Nuclenor, Endesa, también lo sabía, pero había apostado por forzar la situación a ver si podía obtener nuevas compensaciones por el cierre.

En todo caso, el Gobierno de Mariano Rajoy dejó claro ayer que la decisión adoptada con Garoña no es extensible a otras centrales nucleares, como la de Almaraz, cinco veces más grande que Garoña, y sobre cuyo futuro habrá que tomar decisiones en los próximos años.

En todo caso, la parte sustancial de esas decisiones corresponderán a las empresas propietarias y a las previsiones de hacer negocio que tengan. Iberdrola no solo apostaba por el cierre de Garoña, sino que también está intentando desembarazarse de su participación en otras plantas y es preciso recordar que es socio mayoritario 53% de Almaraz.

Oposición política

La primera causa para denegar la renovación de Garoña, expuesta por Álvaro Nadal, fue «el contexto de clara oposición política» a su continuidad. Todos los partidos, salvo el propio PP, abogaban por el cierre de la vetusta central, y en el Congreso de los Diputados está en trámite una proposición de ley para ello que tenía todos los visos de ser aprobada.

Según el ministro, esto se traducía en que no hay la «suficiente certidumbre» de que la decisión que ahora adoptara el Gobierno pudiera tener continuidad en los próximos años.

Lejos de analizar por qué todos los partidos políticos, centrales sindicales y la práctica totalidad de las instituciones se han pronunciado por el cierre de Garoña, y la presión social que ha habido para ello, el ministro del PP se quejó de que no se ha podido dar un «debate sosegado» sobre el cierre, porque muchos ya habían tomado la planta como un «símbolo de discusión política», convirtiéndolo en una «batalla política» con posicionamientos que se adelantaron al análisis de las alegaciones presentadas.

El ministro Nadal aclaró que postura del Gobierno habría sido «diferente» si el PP hubiese tenido mayoría parlamentaria.

Críticas a las propietarias

El Ejecutivo de Rajoy también tiene críticas para Iberdrola y Endesa, propietarias de la central. Recordó que en 2012 decidieron cerrar la planta, un año antes de agotarse la autorización anterior, como reacción a la creación de una tasa nuclear, por lo que sufrieron una «fuerte sanción». Y también les echó en cara que luego corrigieran su decisión y en 2014 pidieran una nueva prórroga de la actividad que, sin embargo, ahora no se ve corroborada por los hechos, porque es evidente que Iberdrola no tiene ningún interés en la reapertura.

Así que, con desgana, y a la vista de que la central lleva años desconectada de la red sin que se hayan notado los efectos, y de que volver a ponerla en funcionamiento tardaría otros dos años, el Gobierno ha decidido no renovar los permisos.

Largo desmantelamiento

El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña tardará entre 13 y 16 años, y sus gastos correrán a cargo de la empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA).

En primer lugar, debe descargar el combustible gastado almacenado en la piscina, para lo que es necesario construir un Almacén Temporal Individualizado con capacidad suficiente para almacenar todo el combustible gastado.

En segundo lugar, –según explica el Ministerio– «Nuclenor debe haber acondicionado los residuos generados durante la explotación (los residuos radiactivos de baja y media actividad que se gestionan por Enresa en El Cabril)».

Excepción

A la hora de informar del cierre de Garoña, el ministro Álvaro Nadal quiso dejar claro que se trataba de una «excepción» por su pequeño tamaño y la falta de incidencia que ha tenido el periodo en el que no ha estado funcionando.

Pero el Gobierno de Mariano Rajoy insiste en que «las decisiones relativas a la continuidad de las centrales nucleares que actualmente cuentan con autorización de explotación se adoptarán teniendo en cuenta el contenido del futuro Plan Integral de Energía y Clima que se encuentra pendiente de elaboración».

La postura del Gobierno es «mantener el parque nuclear», lo que el ministro Nadal contrapuso con los partidos de la oposición que «no quieren» que haya en 2028 ninguna central en el Estado español.

Este puede ser uno de los puntos de debate durante la legislatura en el Estado español.

Queja de técnicos del CSN

La Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear (ASTECSN) criticó ayer que la decisión del Gobierno socava la credibilidad del Consejo de Seguridad Nuclear, después de «miles de horas» de trabajo.

El CSN había hecho un informe favorable a la continuidad de la central de Garoña cumpliendo una serie de condiciones, aunque también trascendieron quejas internas sobre su redacción.

Satisfacción generalizada con algún aviso para el futuro

Todos los partidos vascos, incluso aquellos que durante años defendieron la energía nuclear, se felicitaron ayer por el cierre de la central de Garoña. Llama la atención que cuando el Gobierno admite que si hubiera tenido mayoría suficiente en el Congreso no hubiera tomado esa resolución, el PP de la CAV «celebre la ‘decisión inteligente’ del Ejecutivo. El secretario general del PP de Araba, Iñaki Oyarzabal, declaró que «el trabajo que hemos venido realizando en los últimos años, en coordinación también con el Gobierno de España, se traduce en una buena noticia para todos los alaveses». El presidente del ABB, José Antonio Suso, replicó que «no es momento para ponerse medallas, como intentan ahora algunos dirigentes del PP, sin ningún tipo de vergüenza»... y a renglón seguido el PNV atribuyó el cierre a su trabajo negociador con el Gobierno español en Madrid.

El Ejecutivo navarro se «congratuló» del cierre, recordando el escrito de alegaciones planteado por la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont. Desde el Gobierno de Lakua se felicitaron tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como la consejera Arantxa Tapia y el consejero Iñaki Arriola. El diputado general de Araba, Ramiro González, habló de «sentido común»; y el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, de «día histórico»

El diputado de EH Bildu Oskar Matute reclamó el «desmantelamiento inmediato» de la planta y felicitó a «esa parte importante y mayoritaria de la sociedad vasca que ha mantenido durante décadas una movilización sostenida» en su contra.

Araba Sin Garoña sostiene que «la decisión del cierre definitivo de la central pone en valor la capacidad del movimiento popular para conseguir sus objetivos, cuando se trabaja desde la constancia, la unidad y la independencia».

Eguzki avisó de que será necesario mantener la «alerta» para evitar que la central de Santa María de Garoña se pueda convertir en el futuro en un almacén de residuos nucleares, un objetivo para el que –según recuerda– ya existe una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

La mayor parte de quienes se han congratulado por el cierre de la central han reclamado también que se adopten medidas para reactivar la economía de la zona y para evitar la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos.

En el coro de felicitaciones desentonaron partidos e instituciones de Castilla y León. El Gobierno de la comunidad dijo sentirse abandonado y, como el PP de la comunidad, aseguró que es un «grave error». Las cámaras de comercio tacharon el cierre de «injustificado» e «irresponsable». Nadie más, ni el Foro de la Industria Nuclear Española, puso pega al final de la central más antigua del Estado.

reacciones

«Felicitamos a la sociedad porque gracias a su conciencia y movilización ha hecho imposible cualquier otra decisión»

ARABA SIN GAROÑA

«Se trata de un hecho concreto y puntual que no condiciona la continuidad de la operación del resto del parque nuclear español»

FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR

«No sabemos qué planes tiene la empresa. Tras cinco años a la deriva llegamos ahora a una situación que se nos escapa de las manos»

COMITÉ DE EMPRESA

«Habrá que estar alerta, no vaya a ser que la central quede cerrada, pero, en contrapartida, se convierta en un cementerio nuclear»

EGUZKI