«Lawfare», o cómo destruir sin armas la izquierda latinoamericana

La corrupción es un fenómeno global, no una patología de América Latina. Se percibe como una plaga a la que, según denuncia la izquierda, se hace frente mediante un mismo «modus operandi» continental, el «lawfare», que buscaría derrocar gobiernos populares, denostar a sus líderes y desprestigiarlos.

Según un sondeo de AmericasBarometer, se estima que un 19% de la población latinoamericana paga sobornos. He ahí una posible explicación antropológica y cultural. Sea real o percibida, lo cierto es que el explosivo crecimiento de las redes sociales, la expansión de una clase media políticamente muy activa y la extendida percepción de que las instituciones y las estructuras económicas favorecen a una pequeña élite han disparado la visión de la corrupción como uno de los mayores problemas.

«Te ayudo a ganar elecciones y tú me das esa concesión millonaria». Este “modus operandi”, particularmente potenciado por la gigantesca constructora brasileña Odebrecht, se ha normalizado. Y los antiguos gobiernos de izquierda (particularmente el argentino y brasileño), salpicados por las declaraciones incentivadas por leyes que favorecen la delación, aún no han hecho autocrítica, seguramente por miedo a que podría usarse en su contra, obviando que la verdad tiene una fuerza propia.

No obstante, las expresidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, la primera encausada por corrupción y la segunda destituida tras un golpe de Estado institucional, han lanzado un mensaje en el que destaca el concepto “lawfare”.

En un vídeo colgado en YouTube, critican la utilización del aparato judicial como «arma para destruir a la política y a los líderes opositores». Para la expresidenta argentina Fernández de Kirnchner, «el ‘lawfare’ es una matriz latinoamericana».

Tras el procesamiento de esta en la causa del Memorándum con Irán, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa dejó este mensaje en Twitter: «La judicialización de la política. El mismo libreto en todos lados: Dilma, Lula, Jorge Glas, Cristina».

El neologismo “lawfare”, combinación de las palabras “law” (ley) y “warfare” (guerra), acuñado en el libro “Unrestricted Warfare” (1999) sobre estrategia militar y aplicado en diferentes ámbitos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tras un artículo publicado en 2001 por el general de la Fuerza Aérea, Charles Dunlap, describe «un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar». El catedrático de Harvard John Comaroff lo definió como «una forma de apelar a tácticas legales coercitivas para dominar a un pueblo colonizado».

Con la «lucha contra la corrupción» por bandera, el Departamento de Justicia de EEUU ha sido uno de los principales asesores de los aparatos jurídicos latinoamericanos. Una de sus acciones más importante fue el proyecto “Puentes”, que consistió en asesorar a integrantes del Poder Judicial de Brasil y otros países de la región. El alumno estrella fue el juez Sergio Moro, impulsor de la “causa Lava Jato”, quien condenó a Lula a nueve años de prisión.

El caso brasileño tiene derivadas claras de cara a las próximas elecciones presidenciales de octubre de 2018. La decisión del Tribunal de Alzada de Porto Alegre, que se espera para hoy, podría dejar a Lula fuera de la contienda electoral porque la Ley de Ficha Limpia impide ser candidato a los condenados con sentencia firme.

En ese contexto, miles de líderes políticos, intelectuales y académicos han hecho público el manifiesto “Elección sin Lula es fraude”, al tiempo que referentes brasileños e internacionales del derecho denunciaron en una “Carta de los Juristas al mundo” que «lo que sucede en Brasil se reflejará en la fragilización política e institucional de todas las democracias latinoamericanas». Sostienen que esta causa se ha transformado en un “lawfare”.

Con el objetivo de hacer perder apoyo popular para que no tengan capacidad de reacción, una combinación de acciones aparentemente legales con amplia cobertura de prensa hace que los acusados sean más vulnerables a acusaciones sin pruebas. Se prioriza el uso indebido de instrumentos legales para fines de persecución, destrucción de la imagen pública e inhabilitación de adversarios políticos.

En efecto, el Poder Judicial, en muchos países latinoamericanos, se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde se despliegan, casi sin límites, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio del equilibrio entre poderes. El hecho de ser el único que no deriva de la voluntad popular, sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen, le permite operar políticamente bajo un manto de institucionalidad. El argumento permanente es la corrupción. Esta debe ser extirpada del Estado apelando a las «buenas prácticas» del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la «lógica» de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de «los políticos», apostando frente a ello por los tecnócratas.

En esa estrategia, la actividad de los grandes medios monopolistas es conocida y evidente. Incluso, en un ataque de extraña sinceridad, un editorial de “Clarín” lo ha caracterizado como «periodismo de guerra». Por su parte, el veterano periodista brasileño Elio Gaspari escribió que en el esquema de pensamiento del juez estrella que ordenó detener a Lula y dirigió la megacausa “Lava Jato”, Sergio Moro, «hay algo de Savonarola», el fraile dominico que en el siglo XV, según Maquiavelo, quiso dividir Florencia en dos bandos: «Uno que milita con Dios, el suyo; y otro con el diablo, el de sus adversarios».

Según el “modus operandi” al que aluden Dilma Rousseff y Cristina Ferfández de Kirchner en el vídeo que promocionan, los políticos denuncian corrupción, los medios se «hacen eco», políticos y medios exigen celeridad y contundencia a la Justicia, y los magistrados condenan sin pruebas y encarcelan sin el debido proceso. Según su opinión, «esto es lo que vivimos a diario en América Latina».

Así se habría destituido a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, a la propia Dilma Rousseff en Brasil y se encarceló al vicepresidente de Ecuador Jorge Glas y a centenares de militantes de izquierda.

De esta manera, con la persecución y la cárcel, se pretendería acallar a aquellos representantes populares que puedan interceder en su plan de desandar lo logrado en los últimos años, hacer frente a su agenda neoliberal de restitución y reconquista.

Según el vídeo de Rousseff y Fernández de Kirchner, es una «guerra con un ataque minucioso en tres dimensiones. Geográfica: los atacantes eligen el campo más ventajoso, en este caso un tribunal que mejor atienda su objetivo de acabar con su opositor. Dos: entremado de una ley específica para esa guerra. Y tres: los medios de comunicación para crear una sensación de presunción de culpa».

Las estrategias del “lawfare” pasan por abusar de las leyes vigentes para deslegitimar y perjudicar la imagen del adversario. Usar el proceso legal para cercenar su libertad, intimidarlo, silenciarlo, influenciar negativamente a la opinión pública para anticipar la sentencia condenatoria y cercenar el derecho a una defensa imparcial.

Los objetivos que se persiguen son similares a los que otrora buscaban directamente las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Y lo hacen a través de «expertos», que manejan el lenguaje jurídico, en contraposición al lenguaje «contaminado» por la política.

El proceso de recorte del Estado y de lo público incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la «ineficiencia del Estado». La corrupción venía de la mano de una mala gestión de los políticos que creían e impulsaban lo público, y debía ser extirpada para devolver la supremacía de lo privado.

En ese sentido, no resulta sorprendente constatar que la persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. Y se ha cebado con los líderes latinoamericanos que impulsaron ese cambio.

Tampoco pueden pasarse por alto el «timing político», ya que el caso judicial (como arma) se hace público en momentos de alto coste político para la persona o grupos que son desprestigiados; la reorganización de los aparatos judiciales –las élites, con el control del aparato del Estado, colocan en espacios clave a «técnicos» (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno para atacar al adversario y prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de este–; o el doble rasero de la ley: pueden salir a la luz varios casos, pero se «elige» hacer seguimiento a unos para «producir consentimiento» sobre la corrupción como «enfermedad» del Estado y de lo público, y se invisibilizan o desestiman otros, como es el caso de las empresas offshore que Macri tenía en Panamá.