Rovira y Pascal, en libertad tras calificar de simbólica la DUI

El juez del Supremo Pablo Llarena fijó ayer una fianza de 60.000 euros para la líder de ERC y dejó en libertad sin medidas cautelares a la coordinadora del PDeCAT. Ambas restaron valor a la proclamación de la República y Rovira explicó que el 1-O propuso suspender el referéndum tras las primeras cargas. Hoy llega el turno de Mas y Lloveras.

La nueva ronda de declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, inaugurada la semana pasada por la exdiputada de la CUP Mireia Boya, tuvo ayer como protagonistas a las primeras espadas de ERC y PDeCAT, Marta Rovira y Marta Pascal, respectivamente. Ambas reiteraron ante el magistrado de la macrocausa contra el independentismo el mantra sobre el carácter «simbólico» de la proclamación de la República el pasado 27 de octubre en el Parlament, tras lo cual quedaron en libertad de forma inmediata: Rovira bajo fianza de 60.000 euros y Pascal sin medidas cautelares de ningún tipo.

Hoy será el turno del expresident Artur Mas –cuyo silencio sobre las negociaciones de investidura ha llamado la atención– y de la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, mientras que mañana está citada a declarar la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que de momento permanece en Suiza y cuya asistencia al Supremo sigue siendo una incógnita. La formación independentista ofrece hoy una rueda de prensa para aclarar la estrategia de defensa de Gabriel.

Se suponía que el desfile de cargos públicos catalanes finalizaría mañana miércoles, pero ayer la jueza de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela, en cuyas manos sigue estando la carpeta catalana relativa al papel de los Mossos –Llarena no la ha querido asumir hasta ahora–, citó a declarar este mismo viernes al exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero. El mando policial ya declaró ante Lamela el 16 de octubre pasado por el operativo desplegado en la operación judicial del 20 de setiembre –quedó en libertad con cargos y sin pasaporte–, pero ahora está citado por la actuación del propio 1-O, en la que Lamela ve un nuevo delito de sedición. En la nota informativa remitida por la AN se explica que Lamela considera que la actuación de Trapero facilitó el referéndum y «fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia».

Rovira apunta a Puigdemont

Ayer Rovira y Pascal siguieron la tónica de todos los cargos de ERC y PDeCAT que han pasado ya ante el juez Llarena a la hora de devaluar el valor de la proclamación de la República. El objetivo, primero y último, es eludir la prisión.

Rovira, con posibilidades reales de entrar en cárcel tras un informe de la Guardia Civil que la sitúa como pieza fundamental del 1-O, fue quizá un peldaño más allá y, según recogieron medios catalanes, explicó al magistrado que, vistas las cargas policiales de primera hora del 1 de octubre, propuso suspender la celebración del referéndum. Desde ERC se apresuraron a indicar que la secretaria general del partido ya había explicado este extremo recientemente en televisión –fue en un programa de TV3–, pero según las filtraciones, ayer añadió que la decisión de seguir adelante fue Carles Puigdemont.

Pascal, por su parte, tras sugerir el pasado viernes públicamente a Puigdemont que dé un paso a un lado para permitir la inmediata formación de un Govern catalán bajo legalidad española, ayer reiteró ante Llarena que ella siempre ha abogado por las vías legales.

Reunión de la Mesa

Junto al frente judicial, hoy podría reactivarse tímidamente el camino hacia una investidura que ponga en marcha la legislatura en Catalunya. Con Rovira en libertad bajo fianza, el president del Parlament, Roger Torrent, podría incluir en la reunión de la Mesa del Parlament la reforma de la Ley de Presidencia que Junts per Catalunya propuso para permitir una investidura telemática de Puigdemont. Una reforma que la formación del president exiliado reclama hacer por lectura única para poder aprobarse en un solo pleno.

La CUP aclara hoy la incógnita sobre la estrategia de defensa de Anna Gabriel

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel estaba citada a declarar, como su correligionaria Mireia Boya, la semana pasada, pero su abogado, Benet Salellas, pidió postergar la comparecencia por que en esa fecha tenía otro juicio. El juez pospuso la cita para el 21 de febrero, pero entretanto, el diario “ABC” publicó que la cupera estaba en Venezuela, algo que desde la formación se apresuraron a desmentir. Este pasado fin de semana, sin embargo, ha sido “El Periódico” el que aseguraba que Gabriel se encontraba fuera del Estado español. Pero no en Venezuela, sino en Suiza. Aunque el silencio de la propia Gabriel al respecto es absoluto, en esta ocasión la CUP ha confirmado la información.

«En el marco de la preparación de la campaña antirrepresiva, así como en la estrategia de defensa ante la causa general que se instruye desde el Tribunal Supremo, consideramos absolutamente central la dimensión internacional que podamos contribuir a darle», explicaron a través de una nota de prensa en la que añadieron que «el contacto con entidades, instituciones internacionales y abogados vinculados a la defensa de los derechos civiles y políticos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos será una de las líneas prioritarias».

En su información, “El Periódico” añadía que uno de los abogados que asesoran a Gabriel es Olivier Peter, con un perfil parecido al del abogado de Puigdemont en Bélgica, Paul Bekaert, es decir, con experiencia en litigios con el Estado español a cuenta del conflicto vasco. Peter fue, por ejemplo, uno de los abogados que logró que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) tumbase la «doctrina Parot». También está detrás de la condena del TDHE contra el Estado español por los malos tratos a Igor Portu y Martin Sarasola, sentencia histórica conocida la semana pasada.

Estos días, sin embargo, nadie en la CUP ha confirmado ni desmentido que Gabriel haya pedido asilo político ni nada por el estilo en Suiza, por lo que su asistencia a la cita con Llarena mañana sigue siendo una incógnita. En su nota de prensa del sábado, la formación se limitó a informar de que hoy «se informará de todo aquello relativo a la declaración prevista ante el Tribunal Supremo». Será a las 16.30 en un centro cívico de Barcelona.

Mientras tanto, la incógnita se mantiene. La también exdiputada y recién elegida miembro del secretariado nacional Mireia Vehí no quiso concretar ayer si Gabriel se quedará o no en el país helvético, pero reiteró: «Está claro que para nosotros la dimensión internacional es fundamental».B.Z.