21 FéV. 2018 Gabriel opta por el exilio suizo para internacionalizar el conflicto catalán La exdiputada de la CUP confirmó ayer que no acudirá hoy a declarar al Tribunal Supremo y que optará por quedarse en Ginebra, donde dará la batalla judicial si el juez Pablo Llarena decide pedir la extradición, algo que no está claro tras el precedente de Puigdemont en Bélgica. El magistrado tomó declaración ayer a Artur Mas y Neus Lloveras. Beñat ZALDUA DONOSTIA La exdiputada de la CUP Anna Gabriel no acudirá hoy a declarar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Se quedará en Suiza y dejará así una patata caliente en la mesa del magistrado y de la fiscalía, que deberán decidir si piden la extradición al país helvético o no, arriesgándose así a que la justicia suiza saque los colores a la española en caso de denegar la petición o rebajar los delitos por los que puede ser juzgada. Recordemos que Llarena ya retiró la euroorden de detención contra Carles Puigdemont antes de que llegase una negativa de los magistrados belgas. De hecho, los reveses internacionales no son desconocidos para el propio Sánchez Melgar, que ya ha visto como en los últimos años el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha tumbado dos de sus iniciativas más polémicas cuando era magistrado del Supremo: la llamada «doctrina Parot», de la cual se le considera el arquitecto, y la absolución de los Guardias Civiles condenados en la Audiencia de Gipuzkoa por torturar a Igor Portu y Martin Sarasola. En ambos casos se cruzó en el camino de Sánchez Melgar el abogado Olivier Peter, que es, precisamente, quien se hará cargo de la defensa de Gabriel si la justicia española decide demandar la extradición. Si lo hace, Gabriel pedirá asilo político a Suiza, país cuyos tribunales deberán decidir entonces si entregan a la exdiputada independentista. El código penal del país helvético contempla penas «de no menos de un año» de cárcel para quien «a través del uso de la violencia», trate de «cambiar la constitución (...) o de separar una parte del territorio». La justicia española debería acreditar, por tanto, el empleo de una violencia a todas luces inexistente por parte catalana. Además, la Oficina Federal de Justicia añadió en un documento de mayo de 2016 que «si el procedimiento en el extranjero tiende a perseguir o castigar a la persona por sus opiniones políticas», la extradición será denegada. La defensa de Gabriel ve, por lo tanto, opciones de ganar la batalla de la extradición, según indicó ayer Gabriel en declaración a la televisión suiza, en la que aseguró estar siendo procesada por su «actividad política». «No tendría un juicio justo en mi país», añadió. Internacionalizar el conflicto La noticia, que apenas sorprendió al ser conocida ya la presencia de Gabriel en Suiza, se confirmó de buena mañana con sendas entrevistas de la propia exdiputada a la televisión y al periódico “Le Temps”, a quienes avanzó una decisión que explicó que no es «ni fácil ni alegre». «Yo no he cometido el delito de rebelión. Creo que es necesario que esté aquí para denunciarlo», añadió Gabriel. «No hay ninguna base para sostener que haya cometido ningún delito. Hay toda una base para defender que hay una persecución política, hay muchas declaraciones de la policía y de los jueces que indican que no hay un tribunal imparcial, y que se trata de una persecución política. Y Suiza no acepta la extradición de personas que son perseguidas políticamente, como es mi caso», explicó Gabriel ante las cámaras de la televisión suiza en un impecable francés. Por la tarde fue la CUP la que mostró su total apoyo a su exdiputada en una rueda de prensa en la que dio algunos detalles más acerca de su decisión. El abogado y también exdiputado Benet Salellas aseguró que «no existen las mínimas garantías» en un proceso cuyo objetivo «es la venganza o la humillación de todo el pueblo de Catalunya». «Es la ideología de los encausados y los proyectos políticos lo que es objeto de la investigación», añadió un Salellas que explicó que el traslado a Suiza trata de «dificultar el procedimiento antidemocrático» seguido en el Supremo; un tribunal que, recordó, no es competente para juzgar el caso –debería seguirse en un juzgado de instrucción o, en el caso de los cargos electos, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya–. Así, Salellas valoró que la decisión de exiliarse en Suiza puede «provocar la entrada de actores internacionales» en el caso, situando así un «foco de presión en la ciudad de Ginebra, que es sede de muchísimos organismos internacionales del ámbito de los derechos humanos». «Anna no ha huido, ha buscado refugio por una persecución política para abrir un nuevo frente político y judicial», concluyó. Mas y Lloveras, libres La confirmación del exilio suizo de Gabriel eclipsó completamente la que, de otro modo, hubiese sido la noticia del día en Catalunya: la declaración del expresident Artur Mas y de la expresidenta de la Assemblea de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ante el Tribunal Supremo. Siguiendo la tónica de las últimas declaraciones, ambos quedaron en libertad sin fianza. Sin sorpresa destacable, Mas relató al juez Llarena cómo trató de frenar la Declaración de Independencia del 27 de octubre, algo que, por otro lado era de sobra conocido. No hacía falta más que ver la cara que el propio Mas tenía el 26 de octubre al mediodía en el Palau de la Generalitat, en el momento exacto en que Puigdemont comparecía para rechazar definitivamente la convocatoria de elecciones y dejar en manos del Parlament la proclamación de la República. La Fiscalía pidió la libertad pero con una fianza de 60.000 euros para Mas, igual que hizo el lunes con la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Sin embargo, Llarena dejó en libertad a Mas sin fianza, con el único requerimiento de que esté disponible cuando así se le solicite. La próxima declaración judicial, esta vez en la Audiencia Nacional española, será la del exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, el viernes. Sànchez suena como primera opción tras Puigdemont El president del Parlament, Roger Torrent, está consiguiendo exasperar a propios y extraños. En la reunión de la Mesa celebrada ayer volvió a posponer el pleno de investidura y la reforma de la Ley de Presidencia propuesta por Junts per Catalunya para facilitar la investidura de Carles Puigdemont. A diferencia de la semana pasada, cuando el aplazamiento de Torrent sacó a relucir toda la tensión acumulada entre JxCat y ERC, ayer el president de la Cámara acordó previamente con sus socios independentistas su decisión, pero el frente se le abrió en la bancada contraria. El PSC anunció que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que sea el alto tribunal el que desbloquee el pleno de investidura, mientras que Ciudadanos anunció que se sumaría a la petición si Torrent no convoca urgentemente un pleno extraordinario. Pero para eso sería necesario antes desbloquear las negociaciones entre fuerzas independentistas, que siguen vigentes. Ayer trascendió públicamente, en la web de “La Vanguardia” una de las opciones que más ha sonado entre bambalinas, más como solución intermedia que final. Se trataría de investir Puigdemont mediante la reforma de la Ley de Presidencia y, acto seguido, ceder el testigo a su número dos, Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real. Esta estrategia de JxCat, todavía sin confirmación ni acuerdo, estaría encaminada a seguir tensionando al Estado, que debería hacer nuevos equilibrios para impedir a un preso asumir la presidencia de la Generalitat. B.Z. EXTRADICIÓNLa justicia española deberá decidir ahora si pide a Suiza la extradición de Anna Gabriel, algo que abriría una pugna judicial que la defensa de la exdiputada confía en poder ganar, ya que el país helvético niega extradiciones en caso de persecución política. PROCESO LARGOAunque mediáticamente se ha alimentado la expectativa de un macrojuicio exprés contra el 1-O que podría desembocar en una vista oral para el próximo otoño, la fiscalía pidió ayer al TS que declare la instrucción como «causa compleja», lo cual podría dilatar en al menos un año todo el proceso judicial.VIOLENCIA DEL 1-OPreguntado en el Senado por ERC, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, defendió ayer la violenta actuación de la Policía española y la Guardia Civil durante el referéndum del 1-O: «¿Qué esperaban que hiciese el Estado, que aplaudiese?».