Alberdi ratifica que De Miguel le pidió la «mordida» en la Diputación

La empresaria Ainhoa Alberdi, cuya acusación inició la investigación del caso, ratificó ayer en el juicio que el entonces diputado foral Alfredo de Miguel le exigió en su propio despacho oficial que debía «pasar por caja», para pagar una comisión por la adjudicación obtenida de forma irregular en el Parque Tecnológico de Miñano en Araba.

Le empresaria y abogada Ainhoa Alberdi ratificó ayer en el juicio del «caso De Miguel» las denuncias de exigencia de una «mordida» de 100.000 euros por parte de altos cargos institucionales y del PNV tras una adjudicación a su empresa en el Parque Tecnológico de Miñano. Declaró además que la «alegría y facilidad» con la que la que los responsables de esta presunta trama de corrupción le pedían que «pasara por caja» le hacen temer que ella no fue «la única» persona a la que se le reclamaba el pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

La empresa de Ainhoa Alberdi, Urbanorma, obtuvo un contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano antes de que ella se hiciera cargo de la firma, cuando era socio mayoritario Jon Iñaki Etxaburu, otro de los ahora imputados en el caso. La adjudicación fue irregular y «a dedo», y por ello después los responsables institucionales y del PNV exigieron el pago de una comisión, acordada al parecer con Etxaburu.

En el juicio, Ainhoa Alberdi está declarando con medidas para preservar su imagen. En la sesión de ayer reconoció la autenticidad de las grabaciones de audio y de los correos electrónicos que aportó junto a su denuncia. Estas pruebas acreditarían las presiones de los exdirigentes del PNV Alfredo de Miguel y Aitor Telleria, así como de otros supuestos miembros de la trama, para que pagara la comisión.

Alberdi describió reuniones en el propio despacho oficial del diputado foral y en instalaciones del Parque Tecnológico, y correos electrónicos enviados desde la cuenta institucional de Alfredo de Miguel con la exigencia de 100.000 euros.

Cuando las exigencias fueron más apremiantes, Ainhoa Alberdi decidió comprar una grabadora para dejar registro de las siguientes reuniones. Aseguró que no lo hizo con la intención de interponer después una denuncia, sino de protegerse a sí misma.

Facilidad, alegría e impunidad

«Había visto que esa petición de dinero se hacía con tanta facilidad y alegría que igual yo podría estar ahora ahí (entre los acusados) si alguien lo denunciaba. Lo hice para protegerme y para demostrar que ni tenía intención de pagar», declaró.

Alberdi remarcó la «tranquilidad» con la que se le reclamaba que tenía que pagar «un tercio» del valor del contrato, cuando «nunca antes habían hablado conmigo de esto», y la «contundencia» de las expresiones de otro de los acusados, Aitor Telleria, aludiendo a la «barra libre». «Temí que si esto era tan fácil de hacer, yo no sería la única a la que se le habían hecho», apuntó a preguntas del fiscal.

Durante la vista se escucharon algunas de las grabaciones hechas por Alberdi. Una de ellas recoge una conversación que mantuvo con De Miguel y Telleria, en la que se escucha a este último decir que tenían un acuerdo con su anterior socio en Urbanorma, Jon Iñaki Etxaburu, para un pago en tres partes: una de ellas sería para ella, otra podría ser para él y la tercera era lo que ellos «recaudaban».

La declaración de la empresaria Ainhoa Alberdi seguirá durante la mañana de hoy, esta vez ya respondiendo a las preguntas de los abogados defensores de los acusados.

Amenazas y vetos para nuevos contratos con las instituciones

En su declaración de ayer, Ainhoa Alberdi denunció las «amenazas» y represalias que padeció desde que presentó su denuncia en la Fiscalía. Explicó que a partir de ese momento sufrió un «veto» que le impidió acceder a nuevos contratos públicos, y que incluso tuvo la rescisión de algún contrato vigente sin recibir «explicación alguna». La empresaria expuso que, en un momento dado, una «persona política» le dijo que «durante muchos años mejor no hiciéramos el trabajo de presentarnos a concursos» públicos.

Aunque la Fiscalía y el presidente del tribunal le pidieron que identificara a dicha persona, Alberdi expuso que preferiría no tener que hacerlo, dado que ese político –al parecer del territorio de Bizkaia– le trasladó ese mensaje únicamente como «consejo», y que si revelara su identidad ella podría verse aún más «perjudicada».

El presidente del tribunal, el magistrado Jaime Tapia, accedió a la petición de la testigo como medida de «protección» para la propia Alberdi. En todo caso, la empresaria aseguró que dio «credibilidad» a ese consejo, dado que se trataba de una persona que hablaba «con autoridad» y que «sabía cómo funcionan este tipo de asuntos».

La denunciante aseguró haber sufrido problemas familiares y de salud. «Me metí en esto quizá por convencimiento y por justicia; y debería haber reflexionado más sobre las consecuencias que iba a tener para mí», reflexionó.GARA