Con respeto hacia el euskara y la población vascoparlante

En mi trayectoria profesional, fundamentalmente en la enseñanza pública directa, me ha tocado sufrir, sí, sufrir, diversos gobiernos de la derecha española y navarra, desde UCD al PP actual y su socio UPN, sin apenas política lingüística en su estrategia política para Navarra, salvo la de fomentar la enseñanza totalmente en castellano, poquísimo fomento de otras lenguas comunitarias, olvido del cercano francés y últimamente sí fomento ciego de la lengua del imperio, el inglés.

De desarrollo de la Ley del Vascuence de 1986 poquito. Antes de las transferencias educativas en 1990 una oferta de reciclaje en euskara para profesorado que personalmente nos implicamos en el desarrollo del mismo en nuestros centros de la zona vascófona y mixta, siempre dependiendo del Gobierno estatal de cada momento.

En el ámbito foral y bajo gobierno socialista, se dio una tímida estructuración de dos servicios implicados en la normalización del euskera: la dirección general de Política Lingüística y el servicio de Euskera (vascuence) en el departamento de Educación.

El segundo se ha dedicado fundamentalmente a funciones de inspección, supervisión y formación docente. El primero se limitó a crear una estructura con programas de personal técnico de euskara a nivel municipal, formación en euskara para el funcionariado, estudios sociolingüísticos y fomento del uso del euskara en el ámbito cultural y de comunicación, con presupuestos muy restringidos y año tras año menguantes.

Me tocó participar en la dirección general de Política Lingüística entre 1996 y mediados del 2000, bajo gobierno de UPN, Miguel Sanz presidente, en un grupo de personas que nos creímos que se podría trabajar allí en pro de la normalización lingüística (así se llamaba el servicio en el que trabajé), intentando desarrollar los aspectos y resquicios que nos permitía la Ley del Vascuence del 1986.

Intentamos desarrollar algunos planes de gobierno que parecían aparcados, como el estudio e implantación de circuitos administrativos bilingües en los servicios centrales de la administración foral. Se realizaron unas 120 propuestas de puestos de trabajo con requisito de euskara para atender fundamentalmente a la ciudadanía en su primer contacto con la administración foral, sobre un montante de más de 15.000 puestos de funcionariado en todos los departamentos, excluyendo Educación.

No conseguimos que se aprobara ni un solo puesto de trabajo con requisito de euskara.

Los presupuestos asignados a esta dirección fueron menguando año tras año, sin parar.

La radio Euskalerria Irratia seguía castigada, sin conseguir la licencia de emisión que en justa medida merecía. Se hicieron multitud de manifestaciones ciudadanas que reflejaban en la calle el clamor por una promoción, fomento y trato igualitario al euskara que la administración foral negaba siempre, reflejando el dicho «no hay mejor desprecio que no hacer aprecio».

La situación de nulo respeto hacia las personas vascoparlantes, cuyo número iba aumentando sin parar, a pesar de la indiferencia o falta de apoyo desde los gobiernos forales UPN, gracias al esfuerzo personal de tantas personas navarras de todas las zonas, se hizo insoportable para el equipo que trabajábamos en la dirección de Política Lingüística.

Toda la comunidad lingüística vascoparlante sufríamos el castigo del olvido y penalización política y social por intentar dignificar la situación minorizada a la que la comunidad castellanoparlante imperante (bajo la tutela de la derecha navarra, con la complicidad de los dirigentes del PSN y de algunos sindicatos de funcionariado).

En junio del año 2000 presentamos la dimisión irrevocable el director general, los dos directores de servicio y el jefe de la sección de normalización lingüística.

Aún conservo entre mis papeles la tira de Oroz en un periódico local con un Miguel Sanz tirando al aire las dimisiones con una sonrisa de oreja a oreja. Eso era respeto.

Mientras tanto la comunidad vascoparlante navarra ha ido creciendo, siempre gracias a los esfuerzos de la ciudadanía de toda Navarra. Y siempre con una reivindicación por bandera: el reconocimiento del derecho de todos los navarros a conocer, estudiar y utilizar nuestra lengua primitiva, el euskara, sin limitaciones de una zonificación lingüística obsoleta y por supuesto sin ninguna imposición a ninguna persona que no quiera hacerlo. Eso sí es respeto.

El actual Gobierno de Navarra, el cuatripartito, al fin está intentando dar pasos firmes pero respetuosos hacia la normalización lingüística que merecemos, con respeto, pero tampoco priorizando para nada el conocimiento del euskara en el acceso a la administración, sino exigiéndolo solamente en algunos puestos en servicios fundamentales, para atender a la ciudadanía en la lengua que esta decida. La administración está al servicio de la ciudadanía y no se puede aceptar que se plantee como un derecho el acceso a la misma a unos puestos que han de garantizar los servicios y los derechos ciudadanos.

Si una parte de la ciudadanía, con el apoyo de los partidos de la oposición, no están de acuerdo con estas políticas de normalización lingüísticas que se manifiesten, pero que no intenten engañarnos. Lo hacen en contra del desarrollo y promoción del euskara y por mantener su situación de supremacía lingüística.